Interior esconde las vergüenzas del CIE de Algeciras

En 2004 abrió sus puertas el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, el único que existe actualmente en Andalucía tras la clausura en junio de 2012 del de Málaga. Antes, hasta 2000, fue una cárcel, cerrada desde entonces para uso penitenciario pero adaptada y válida, a tenor de sus diez años ya de vida, para privar de libertad a personas de origen extranjero que incurran en algún tipo de infracción administrativa. La calidad de sus instalaciones ha sido puesta en duda en multitud de ocasiones pero, de momento, pocos han sido los afortunados en comprobarlo de primera mano. El Gobierno central parece que tampoco presume de ellas, limitando el acceso a una jornada de Open Access planteada, precisamente, por el derecho a la fiscalización de los lugares de encierro.

Parece que poco ha variado el lugar respecto a su anterior uso. Mamparas de cristal en la sala de visitas entre internos y familiares, letrinas sin intimidad dentro de las habitaciones, control en el paso de unas dependencias a otras, falta de las más mínimas necesidades básicas o condiciones que atentan contra la dignidad de las personas. Son algunas de las apreciaciones de las personas que, este mismo lunes, han tenido la fortuna de poder acceder y conocer las dependencias algecireñas y las de su anexo de Tarifa. Diputados andaluces y hasta la europarlamentaria de IU Marina Albiol se refieren al lugar como “una cárcel”. Es de recordar que decenas de personas se encuentran allí retenidas por no haber respetado las reglas relativas a la entrada y la estancia en España. A la prensa se le vetó la entrada, planteada con semanas de antelación por los organizadores de la jornada.

Con el objetivo de visualizar el estado del CIE de Algeciras y Tarifa, la red europea Migreurop, compuesta por 42 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales de las personas migrantes privadas de libertad, había organizado una visita en el marco de su campaña Open Access now programada 'Por un derecho de fiscalización en los lugares de encierro'. Pues ni 'fiscalización' ni 'open access' para rodos, al menos para los encargados de informar, los medios de comunicación, cuya limitada presencia había sido solicitada por Migreurop con semanas de antelación pero que, a instancias del Ministerio del Interior, no fue finalmente autorizada. Tampoco ha podido entrar la prensa convocada a las puertas del lugar por los organizadores.

Interior, en un oficio remitido al grupo Migreurop (Observatoire des frontières) fechado el pasado miércoles, dio el visto bueno a la visita pero advirtiendo de que “no estarán autorizados, por así disponerlo la superioridad, los representantes de los medios de comunicación”. A los políticos y representantes de las asociaciones interesadas se les han retirado los dispositivos móviles y durante la visita se les ha restringido el acceso a determinadas estancias y sólo a elementos comunes, mientras apenas han podido hablar con internos, según denuncian.

“Dicen que es para salvaguardar la intimidad de los internos, pero creo que a nadie se le escapa la verdadera razón”, señalan fuentes de la organización de la visita. Organizaciones políticas, sociales, instituciones públicas nacionales e internacionales vienen solicitando el cierre de este tipo de centros (son ocho los CIE que existen en España, cinco en la península y tres en las islas Canarias) al considerar la injusticia que supone privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito, las deficiencias de las instalaciones y las precarias condiciones en las que se les encuentran las personas internas. No sólo ellos. El fiscal de Extranjería de Algeciras calificó las instalaciones de “horripilantes”, que se unió hace tiempo a las voces que piden su clausura, como el Sindicato Unificado de la Policía. Incluso ONG como Algeciras Acoge no puede ejercer como tal vigilando en aportar al lugar algunas necesidades básicas de ropa interior para los internos.

El argumento oficial: “preservar la intimidad”

Los encargados de autorizar la visita propuesta por Migreurop no aclaran demasiado los motivos del veto a los periodistas. El Ministerio del Interior deriva la respuesta a la Dirección General de la Policía. “Salvo casos muy puntuales, es el modo de proceder en todos los CIE”, apuntan fuentes desde este departamento. “Normalmente no se deja, para preservar la privacidad y la intimidad de las personas que allí se encuentran”, se limitan a decir.

La Comisión Europea ha recordado, según la última campaña Open Access, que “el rechazo repetido, sin justificación objetiva, de autorizar las visitas de los centros de retención atentaría al derecho de las ONG consagrado por el artículo 16, parágrafo 4, (de la 'directiva de retorno') y podría ser considerado como una violación”. “Si el acceso a estos lugares de encierro se niega casi siempre a los periodistas, el de las asociaciones está sometido a numerosas restricciones e incluso las visitas de electos se limitan en ocasiones”, se recuerda la campaña.

“Es una cárcel”, sentencia el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, una de las escasas personas que ha podido visitar este lunes el CIE de Algeciras, acompañado de las diputadas Alba Doblas e Inmaculada Nieto, o la europarlamentaria Marina Albiol, desplazada desde Bruselas para la ocasión. El dirigente de la federación de izquierdas se ha mostrado “impactado” por la situación encontrada, lamentando que se tratara además de “una visita contra la opacidad pero condicionada”. Instalaciones “con humedades, envejecidas, deterioradas”, resume, y considera “insostenible y rechazable” que el CIE continúe abierto, tachando de “actitud vergonzante” que Interior haya ejecutado un “veto” a la prensa.

Marina Albiol, por su parte, denuncia la “falta de recursos para poder cubrir las necesidades más básicas de los internos”. “No reciben zapatos, ropa...que depende de la voluntad de las ONG”. En Tarifa, habitaciones de hasta 30 personas organizadas en literas, una 'sala de reflexión', a modo del rincón de pensar para los niños, hace las veces de sala de aislamiento cuando algún interno da problemas, comenta indignada Albiol. “Se supone que es un centro que no es una prisión, para personas privadas de circulación, pero no de libertad”, añade, comentando que del patio interior del centro de Algeciras cuelga una red de seguridad para sujetar los posibles cascotes de piedra que se desprenden de la pared y el techo, según ha observado.

Mikel Araguás, secretario general de Andalucía, señala que “desde el punto de vista humano el centro no cumple las más mínimas garantías para estar abierto”, además de abogar por replantear toda la política migratoria y unificar la gestión de los CIE, que funcionan “cada uno por su cuenta” y con diferente forma de organización de habitaciones, etc. “Son gente que, en la mayoría de los casos, no van a poder expulsar, ¿por qué los retienen entonces?”, lamenta.

Izquierda Plural registró recientemente una enmienda a los PGE para “abordar a la mayor brevedad el cierre progresivo de los CIE de todo el territorio español, entiendiendo que la simple comisión de una infracción administrativa no debería conllevar jamás na privación de libertad”. “Los CIE han acabado por ser cárceles encubiertas que atentan contra los derechos humanos”, reza la enmienda“.

La campaña por un 'Derecho de fiscalización en los lugares de encierro' de Migreurop se lanzó en 2008 a fin de dar a conocer la realidad y las condiciones de encierro de las personas extranjeras en estos centros y testimoniar sobre las consecuencias de este encierro y sobre las situaciones que llevan a violaciones de los derechos de las personas migrantes. Se realizaron dos campañas de visitas organizadas en 2009, en 2011 y ahora, en 2014. Asociaciones como APDHA, con un completo informe fechado a finales de 2012, o Andalucía Acoge, llevan año denunciando las condiciones de este centro.