Boicot al CIE de Algeciras. “No nos rendimos”. Llevan años pidiendo el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de la localidad gaditana, el único existente en Andalucía tras la clausura en junio de 2012 del de Málaga. Este martes se han celebrado en Málaga unas jornadas dirigidas tanto a abogados colegiados como a profesionales vinculados a asociaciones de apoyo a personas inmigrantes al objeto de que reciban formación y conozcan las herramientas legales con las que cuentan para “hacerles ver a los jueces” que “no pueden estar en peores condiciones los que no han cometido delitos que los delincuentes”.
Según el coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, uno de los ponentes de 'La naturaleza jurídica del internamiento y sus consecuencias prácticas y la sistemática interna de la Directiva y su transposición al Derecho español, el encuentro ha servido para “darle insteumentos del Derecho a los letrados del turno de extranjería para que, cuando se les presente una privación de libertad de un extranjero ante un juez, pueda darle argumentos a su señoría”. “¿Cómo se les puede mandar a un centro que no cumple las condiciones?”, se pregunta.
El letrado explica que se ha analizado cuál ha sido la evolución de la situación de privación de libertad de los extranjeros en los CIE, con una conclusión “bastante pesimista, justo en el sentido contrario al que debería ser, ya que la privación de libertad ha de ser algo excepcional y cada vez más son más los supuestos donde se acuerda la privación de libertad del extranjero”. Además, “las condiciones en las que se producen son realmente pésimas”.
Rodríguez Candela se refiere al caso concreto que afecta en Andalucía, el CIE de Algeciras, “una antigua cárcel que cerró como tal porque, según el BOE, no cumplía las condiciones para albergar a personas privadas de libertad que habían cometido delitos”. El abogado alude a una Orden del Ministerio del Interior de agosto de 2000. “Qué casualidad: algo que no sirve para prisión, termina sirviendo para CIE, privando de libertad además a personas que no han cometido delitos. Eso es lo que no puede ser. La ley de extranjería dice que los CIE no pueden tener carácter penitenciario. No pueden ser peores que los centros penitenciarios”, lamenta.
“No sirve ni como cárcel”
Es una vieja reivindicación que sigue de actualidad 13 años después del cierre de la prisión y su reconversión en CIE, que cuenta con un anexo en Tarifa. “No tiene sentido que un lugar que no sirve ni para cárcel siga siendo un CIE de extranjeros”, lamenta, “pero no nos rendimos”. A su juicio, este hecho supone una “grave incumplimiento a la normativa de extranjeria y a la normativa de retorno”. Se está pidiendo su cierre inmediato igual que se pidió con el de Málaga en su momento. “El propio CGPJ lo ha pedido y el juez de control de Algeciras también. No tiene sentido que una cárcel de comienzos del siglo XX, que se está desconchando y con muros de dos metros de ancho, sea un CIE porque supuestamente cumple los requisitos”, indica el abogado.
Durante el encuentro también se ha evaluado la transposición de la Directiva 2008/115 de Retorno de personas extranjeras y las consecuencias en distintos países. Según señala, dicha normativa “ha tardado en transponerse y hay apartados que aún no se han transpuesto, algunos de ellos beneficiosos, como todo lo relativo a la excepcionalidad del internamiento como última ratio”. Tampoco se han transpuesto, según explica, “otros perjudiciales como que una persona pueda estar hasta 18 meses privada de libertad, una espada de Damocles que siempre está ahí ya que algún gobierno pueda transponerla en ese sentido”.
Según conluye, “no pueden estar en peor situación las personas que no han cometido delitos que aquellos que han cometido delitos”. “Todos aquellos que no cumplan con el carácter no penitenciario deberán ser inmediatamente cerrados y uno de ellos, el primero de ellos, es el de Algeciras”.
El encuentro 'La Directiva 2008/115 de Retorno de personas extranjeras en situación irregular y su transposición al Derecho español' ha hecho también especial referencia al internamiento y la detección de víctimas de trata. Bajo la dirección de Manuel Lancha, abogado de Andalucía Acoge, y rganizado dentro Proyecto EACEA 528 481 ('Seminarios regionales, paneles de discusión: La europeización de los derechos nacionales de inmigración y asilo en Malta, Italia, España: Detenciones, centros de detención para extranjeros en comparación con la Directiva de Retorno'), está enmarcado en la iniciativa Europe for Citiziens, promovido por la Education, Audiovisual and Cultural Agency de la Unión Europea, con el objetivo acercar la política europea a la ciudadanía.