La Piñera no servía para ser una cárcel porque se caía a pedazos, y lo que no podía ser prisión se convirtió en un Centro de Internamiento de Extranjeros. Eso fue en 2004. Nueve años después, varias asociaciones insisten en pedir el cierre del CIE de Algeciras, porque entienden que las instalaciones no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad y habitabilidad.
La última denuncia fue formulada por escrito desde el interior del centro el 16 de diciembre de 2013. En ella, un interno asegura que el centro incumple las medidas de seguridad contra incendios, que los allí recluidos no pueden asearse y llevar a cabo sus necesidades fisiológicas con normalidad, y que es frecuente que la luz de las habitaciones permanezca encendida durante toda la noche.
La queja fue redactada por Joaquín Ramón Peña Pacheco, un venezolano de 32 años que ingresó en el centro el 28 de noviembre del año pasado. Está firmada, además de por Peña, por otros 21 internos. En ella se detalla lo que, según Peña, ocurrió durante la noche del 15 al 16 de diciembre y se ha repetido en otras ocasiones.
“La guardia procede a encerrarnos directamente [después de cada comida] en nuestras respectivas celdas”, comienza la narración. Peña aclara por teléfono por qué es importante disponer de un intervalo de tiempo entre cada comida y el momento en que son encerrados: esas “celdas” tienen capacidad para acoger a ocho internos y en cada una de ellas hay un retrete que, según comenta, no está separado físicamente de la zona de las camas. “El agua de las letrinas tarda horas en evacuarse –explica–. Y tampoco es posible echar cubos de agua, porque los lavamanos de varias habitaciones no tienen agua”.
Un interno que ha pasado 60 días en el centro confirma esta denuncia. Algeciras Acoge y APDHA reconocen haber realizado una “visita guiada” del CIE de Algeciras hace dos años, pero explican que la habitación que les fue mostrada disponía de un tabique que separaba camas y retrete. En el texto también se asegura que aquella noche no se apagaron las luces de las habitaciones y que esa situación se ha reproducido en otras ocasiones.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía formuló una denuncia similar en un informe de 2012. Tanto Peña como otro interno añaden que algunos policías encargados de la guardia golpearon sus porras con la finalidad de hacer ruido e impedir su descanso, aunque esta queja no consta en la reclamación. El denunciante sí expresa por escrito que en los pasillos faltan muchas señales de evacuación y que las mangueras de extinción de incendios no tienen una presión que garantice su buen funcionamiento.
Joaquín Peña fue trasladado al CIE de Aluche, en Madrid, al día siguiente de formular su reclamación. Desde allí, aclara y amplía los motivos de su queja: “Todo está montado para que haya un silencio administrativo respecto a la situación de los internos. No hay intérprete, muchas veces desconocen que tienen derecho a un abogado y las resoluciones del juzgado se comunican tarde”.
Algeciras Acoge, sin embargo, matiza esta afirmación: no hay un intérprete asignado al CIE, pero la policía cuenta con un intérprete de inglés que acude varias horas al día en el centro. “Es cierto que si va un abogado no está garantizado que haya un intérprete, así que creemos que debería haber alguien a tiempo completo”, explica Jesús Mancilla, presidente de Algeciras Acoge. A veces son algunos de los propios internos quienes ayudan a sus compañeros a entender o a hacerse entender. La Ley de Extranjería reconoce el derecho del extranjero internado a ser asistido por un intérprete.
Eldiario.es/andalucia ha intentado recabar la respuesta de la dirección del CIE a estas acusaciones. El director declinó hacer declaraciones y remitió al Gabinete de Prensa de la Policía, que aún no ha dado una respuesta.
Historial conflictivo
Historial conflictivo conflictivo El CIE de Algeciras tiene capacidad para albergar a 190 internos, y es el único que permanece abierto en Andalucía, después del cierre del centro de Málaga, en 2012. De él depende también el centro de Tarifa, con capacidad para 160 internos.
El informe de la Fiscalía General del Estado de 2013 (conocido en septiembre) denunció que en él ocurren graves “alteraciones” de manera “casi diaria” que “ponen en serio peligro la seguridad del mismo y de sus ocupantes”. Según ese mismo informe, los servicios sociales que deberían prestarse son suplidos por el “voluntarismo policial”. En junio de este año fue cerrado parcialmente por el desprendimiento del techo.
Tanto Algeciras Acoge como APDHA observan que los problemas del CIE de Algeciras se agravaron con los recortes presupuestarios, que explican en parte sus penurias. Hay ocasiones en las que falta personal, de modo que las visitas pueden ser canceladas sobre la marcha por la falta de policías suficientes para garantizar la seguridad.
“Nosotros decimos que la policía es una víctima más”, aclara Mancilla. A la estrechez de medios se suma el hecho de que en el centro convivan, desde la reforma del Código Penal de 2010, extranjeros delincuentes pendientes de ser expulsados a su país con internos sin ningún perfil criminal, lo que abona la idea de que algunas restricciones de derechos están justificadas por razones de seguridad. Por ejemplo, los teléfonos móviles son requisados.
Y al cóctel anterior, se añade que la opacidad de lo que allí sucede es casi absoluta. Sólo es posible comunicar con el exterior utilizando una cabina que únicamente admite tarjetas prepago. La Ley de Extranjería estipula desde el año 2009 que las ONG para la defensa de los inmigrantes podrán visitar los centros de internamiento, pero condiciona el ejercicio de este derecho al desarrollo reglamentario. Y ese reglamento no existe. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró en una entrevista con Europa Press publicada el 24 de diciembre que el texto será aprobado “con carácter inmediato”.
“No sabemos qué más tiene que pasar para que se cierre”, lamenta Jesús Mancilla, que lleva años clamando por la clausura del CIE de Algeciras; la última, hace apenas diez días, a las puertas del centro, junto a otras organizaciones sociales. “No hay asistencia social, no hay tutela judicial o está muy limitada y se decomisan todos los objetos personales”, resume el presidente de Algeciras Acoge, que recuerda que el internamiento debe ser una medida excepcional frente a otras alternativas, como la personación ante el juzgado.
La Ley establece que los centros de internamiento no tienen carácter penitenciario y que el ingreso en ellos debe salvaguardar los derechos y libertades del interno “sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria”. Pero Mancilla no lo ve así: “En la práctica, no se reconocen los derechos. Y la realidad es que es peor que cualquier prisión”.