La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado este lunes en Sevilla el Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’ con el que denuncia los Centros de Internamiento de Extranjeros e insta al Ministerio de Interior a establecer que la expulsión no sea el objetivo principal de las políticas migratorias.
El estudio no se limita a abordar la problemática de los CIE, donde “se vulneran derechos humanos” recogidos en la propia Constitución mediante la privación de la libertad, sino que abarca la situación que viven las personas migrantes en otros centros de retención como los CATE o los CETI, y también reconoce el trato vejatorio a otros colectivos vulnerables como mujeres y niños.
Tal y como justifica el coordinador general de la asociación, Diego Boza, este 2024 se cumplen 20 años de la apertura del primer CIE en Andalucía, en Algeciras, y será el año en que se finalice y se ponga en funcionamiento el nuevo CIE de Algeciras, uno de los más grandes de Europa. En la elaboración del informe han colaborado militantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Algeciras Acoge, Coordinadora CIEs NO Cádiz, Convivir Sin Racismo, Mundo en Movimiento, Iridia, Tanquem Els CIEs, Coordinadora CIEs NO Valencia, Solidary Wheels y Asociación Elín, así como otros activistas que participan en el Informe de a título personal.
Ana Rosado, coordinadora del informe, ha señalado que aunque está prohibido internar a menores de edad en los CIE, “el propio Ministerio del Interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento al menos a 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos”.
Rosado ha subrayado también que “en 2006 un grupo de mujeres internadas en el CIE de Málaga, hoy ya cerrado, denunció como habían sido obligadas a participar en fiestas sexuales por parte de los agentes de policía que las custodiaban y habían de velar por sus derechos”. Rosado también ha relatado el caso de Olga, una mujer de nacionalidad rusa que fue violada a punta de pistola y a quien, tras la negativa de la Guardia Civil a registrar su denuncia por considerar que mentía, se la internó en un CIE. No obstante, para Rosado el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos son las numerosas “muertes evitables” que se han producido en dichos centros, siendo los casos de Samba Martine e Idrissa Diallo los “más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública”.
Tal y como ha afirmado Diego Boza, “los CIE son a día de hoy una medida ineficaz” porque “no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular”. “Más del 50% de las 83.133 personas que han sido detenidas forzosamente en los CIE desde 2011 no fueron deportadas” y “en 2016 y en 2017 solo se expulsó, respectivamente, a un 29% y a un 34% de las personas detenidas”, ha señalado Boza. Por tanto, explica el coordinador que “los CIE están cumpliendo en la actualidad un doble objetivo simbólico: son, por una parte, un elemento de intimidación para la población migrante y, por otro, trasladan un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública”
Por esa razón Rosado, responsable del área de migraciones y coordinadora del informe, ha coincidido con Boza en que el Gobierno “debería de plantear nuevas alternativas más efectivas” que incluyan vías legales y seguras para que los migrantes vengan adecuadamente “sin poner en peligro sus vidas”. Paralelamente, plantean medidas para que en el caso de efectuarse dicha deportación se haga sin internamiento y “en condiciones digas” como pueden ser “las pulseras de localización o exigir que la persona se presente ante las autoridades correspondientes cada 15 días”. De esta forma, Rosado ha criticado las políticas españolas y europeas de migración “por no establecer un sistema de acogida” al considerar el criterio del sistema de deportación “arbitrario” por no establecer bases claras.
Esta vigesimosegunda edición del informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur’, que se lleva publicando desde el año 2003, consta de dos apartados centrales: un análisis migratorio del año 2024 y un análisis multidisciplinar interactivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Boza ha dedicado un reconocimiento a las “2.789 personas que perdieron la vida en el año 2023 intentando llegar a España a través de Frontera Sur”, de las cuales solo “se han encontrado el cadáver de 473”. En este sentido, tal y como muestran los datos, la firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas. Dicha ruta, por la cantidad de kilómetros que implica en pleno océano, ha supuesto un importante aumento de la peligrosidad y mortalidad, de tal forma que en los últimos 5 años se acumula un 59% del total de 16.898 víctimas mortales registradas en la frontera sur desde 1988.
Análogamente, Boza ha especificado que se han concedido más de 60000 protecciones subsidiarias a personas de origen venezolano que llegan por avión, ante lo que ha planteado la cuestión de “por qué unas vidas se salvan y otras no”.
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