La vulneración de derechos básicos ya no es exclusiva de colectivos marginales. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), al tiempo que crece el número de andaluces que ven “quebrantados” su acceso a trabajo, alimentación, sanidad, educación o vivienda, la propia coyuntura económica y los “recortes sociales”, hacen cada vez más sencillo que una “familia en situación normal” pase “a estar en la calle”.
Pero no sólo se debilita la “función protectora del estado de bienestar”, concluye el informe anual de la APDHA, presentado el Día de los Derechos Humanos. La tasa de pobreza relativa, a las puertas de la exclusión social, es del 21% en Andalucía. Y la de pobreza severa “casi se ha duplicado”, llegando al 3,7%. Son hogares sin ningún tipo de ingreso: 630.000 en España, 312.000 personas en Andalucía.
Los datos hablan de “dos millones y medio de niños en situación de pobreza” y un 25% de menores “malnutridos”. En Andalucía, un 6% está “en situación de pobreza extrema”. Como inductor aparece un desempleo del 36,37% mezclado con “políticas que no incentivan la creación de puestos de trabajo”.
Para la coordinadora general de la APDHA, Maribel Mora, las familias llegan “a esa situación extrema principalmente por pérdida de empleo, mientras se utiliza la situación económica para aplicar recortes sociales que afectan a los colectivos más necesitados”.
La APDHA habla de casos de “emergencia habitacional”, que no pueden “hacer frente al pago o alquiler de la vivienda o a los suministros básicos”, ante lo que es una “obligación de las administraciones velar por el cumplimiento de este derecho”.
¿Cómo se entra en la exclusión social?
¿Cómo se entra en la exclusión social?Entrar en la exclusión social, según el coordinador del Área de Marginación, Pablo Fernández, “es muy sencillo: sólo hace falta perder el trabajo, el paro o la ayuda de 400 euros y esa falta de ingresos, en uno o dos años, lleva a tener problemas para mantener la vivienda, los recursos básicos y la manutención”.
Para contrarrestar este deterioro, reivindica “una ley de inclusión y renta básica, la paralización de desahucios de primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos”. En su opinión, “es una pena” que esa protección legislativa “no se haya aprobado”.
En educación, Rafael Montes denuncia el “serio deterioro” ocasionado por “recortes” que suponen “un prejuicio grave en la calidad” de la enseñanza pública. Califica además de “retroceso” la aplicación de la ley Wert y expone masificación, reducción de plantillas, incremento de matrículas o disminución de becas como principales preocupaciones.
Piden el fin de las concertinas
Otro aspecto grave es la pérdida de derechos humanos que sufren los inmigrantes. Carlos Arce, desde el Área de Inmigración, explica que el año pasado murieron “en nuestras costas 225 personas por intentar llegar a nuestra frontera”. Solicita, en este sentido, eliminar la vulneración provocada “en forma de cuchillas, vallas o expulsión ilegal de personas”.
Debe existir, expone, una “línea roja que marque el límite” y traiga el “fin de las concertinas” y de la “violación diaria que hace el España de la Ley de Extranjería con las devoluciones exprés”. Cree que “no se puede abrir una puerta de una valla y entregar una persona sin ningún tipo de procedimiento legal o asistencia jurídica”.
Piden además el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como el de Tarifa-Algeciras, por sus “lamentables condiciones”, y acabar con las “redadas por perfil étnico”. Y el problema laboral generado en el campo, donde se dan casos “cercanos a la esclavitud y una especie de guerra de los pobres”.
Durante 2013 se han producido en Andalucía “42 situaciones de torturas con 97 personas afectadas” en una represión centrada, según el coordinador del Área de Cárceles, Valentín Aguilar, en agredidos “en el transcurso de movilizaciones sociales y en el ámbito del derecho de reunión pacífica a través de multas a los participantes”. En este punto, la futura Ley de Seguridad Ciudadana introduce “recortes en libertad de expresión y criminaliza todo tipo de manifestación ciudadana”.
La APDHA destaca también la desigualdad en atención sanitaria que sufre el colectivo de presos, sobre todo en casos “graves como VIH-SIDA, hepatitis C, tuberculosis o enfermedad mental”. Reclaman también para personas trabajadoras del sexo una solución a la “dificultad de acceso” a los recursos públicos sanitarios, agravada con la “anunciada derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.