Éstas son las cifras que el ministro Montoro no quiere discutir con la Junta de Andalucía, y que han llevado al Gobierno Andaluz a emprender acciones legales contra el Gobierno de Mariano Rajoy por incumplir las inversiones estatales previstas en el Estatuto andaluz.
Según los datos que maneja la Consejería de Economía de la Junta andaluza, en los presupuestos de 2012 y 2013, las inversiones programadas por el Estado en las distintas comunidades autónomas (CCAA) se han reducido un 42,4%, mientras que en el caso de Andalucía la reducción alcanza el 51,4%, o nueve puntos más que la media nacional.
En cambio, asegura la Junta, en otras regiones la caída de la inversión es mucho menor, sobre todo en el caso de Galicia, un 16,2% menos, y en el de Castilla y León, en la que fue del 24,2%.
Pero la queja de la Junta va más allá. Se refiere al incumplimiento de la Disposición Adicional 3ª del Estatuto de Autonomía, que establece que la inversión estatal en Andalucía deberá ser equivalente al peso de su población sobre el total nacional, en torno a un 17%. El incumplimiento de dicha obligación por parte del Estado queda claramente reflejado en la tabla, que recoge la inversión dividida por número de habitantes en cada una de las 17 comunidades autónomas.
Así, per cápita, Andalucía recibió en los dos últimos presupuestos un 51,7% menos inversiones que en los dos presupuestos anteriores, y prácticamente un 17% menos que la media de CCAA. Es más, “los datos reflejan un aumento de las disparidades en la asignación de la inversión”, aseguran en la Consejería de Economía, ya que en los presupuestos de 2012 y 2013 “la región que más inversión recibe per cápita, Castilla y León, recibe siete veces más que la que menos, Navarra. La distancia entre la asignación máxima y la mínima se ha incrementado en un 55,6%”, aseguran fuentes del Gobierno andaluz.
“Reírse de los andaluces”
Tras el escrito de la Secretaría de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras, en respuesta al requerimiento que le hizo la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el pasado mes de mayo sobre las inversiones estatales en la comunidad autónoma los años 2010, 2011 y 2012, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes iniciar la reclamación por vía judicial. El consejero Antonio Ávila ha explicado que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad, sino que “se acudirá a la vía contencioso-administrativa por no haber atendido el Ministerio de Hacienda ni a la petición de información ni a la de una reunión específica entre las dos administraciones para abordar el asunto”, como contempla el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En la misma línea, ha acusado al Ministerio de Hacienda de “ignorar el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y de “hacer un ejercicio de reírse de los andaluces” y se ha referido así a las formas de la carta, donde incluso se alude a un fundamento jurídico del Tribunal Constitucional en caso del Estatut de Cataluña que no existe. “Habla del fundamento 181, algo que no ha lugar porque esa sentencia solo tiene 147”, por lo que ha ironizado con que tal vez sea un “error” y quiera referirse al 118, si bien “esto prueba las formas empleadas para responder a los andaluces”.