Cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados en la sentencia de la denominada 'pieza política' del caso de los ERE dictada el pasado mes de noviembre se han sentado de nuevo esta miércoles en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Sevilla, en esta ocasión por la concesión de ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas ACYCO, que recibió 3,2 millones en ayudas autonómicas. Como era de esperar, sus abogados han solicitado al tribunal la exclusión de sus patrocinados de este procedimiento con base al principio non bis in idem, por el cual no puede imponerse más de una condena por una misma conducta a la misma persona y que se ha tenido en cuenta, según han recordado insistentemente, en otras piezas separadas de la macrocausa de los ERE. Asimismo, los abogados de las otras siete personas acusadas en esta causa, la segunda que llega a juicio tras la 'pieza política', también han planteado como cuestión previa la suspensión del juicio por “seguridad jurídica”, en tanto en cuanto no se declare firme aquella sentencia, que aún está pendiente de los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
Ataviados con mascarillas y tratando de guardar la distancia de seguridad, muchas cosas han cambiado desde la celebración del juicio de los ERE durante el año 2018. La sala de vistas de la Sección Tercera, en la cuarta planta del edificio de la Audiencia, acogerá en los próximos días, a no ser que le tribunal acceda a la suspensión, la celebración del juicio que acusa a una docena de personas, la mitad de ellos exaltos cargos de la Junta de Andalucía: los entonces exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Antonio Fernández (posteriormente consejero), los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el ex director deneral de IFA Miguel Ángel Serrano. Solo Rivera no fue juzgado en la 'pieza política'. Los otros encausados son Encarnación Poto, presidenta del Consejo de Administración de Acyco; Gabriel Barrero, director de Recursos Humanos y abogado de Acyco; José Miguel Caballero Real, abogado; Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia; Jesús Bordallo, encargado regional de Vitalia; y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de la infancia de Francisco Javier Guerrero.
El caso de los ERE, una macrocausa con decenas de imputados a la que le costó dos instructoras dividirse en piezas (la jueza Núñez la desgajó en julio de 2015 en contra del criterio de la jueza Alaya), está envuelto en un embrollo jurídico del que aún no ha salido, que tuvo su punto clave cuando el juez Martín (el tercer instructor) incluyó toda la cuantía presuntamente malversada en la 'pieza política', como ha recordado en la sesión de este miércoles el abogado del exconsejero Antonio Fernández.
El abogado de Francisco Javier Guerrero ha solicitado en su turno para plantear cuestiones previas la suspensión del juicio por el principio non bis in idem, recordando que la Sección Séptima, desde 2018, entiende que se había producido “una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”. “Mi cliente ya ha sido enjuiciado y condenado por otorgar ayudas, y ahora se pretende por parte de las acusaciones que se le condene por una ayuda en concreta”, ha lamentado. Asimismo, ha recordado que a Guerrero se le ha condenado ya “por un delito continuado”, en el que “ya se ha valorado” la ayuda concreta objeto de este nuevo juicio.
Los precedentes de la Sección Séptima
“¿Por qué está de nuevo aquí sentado después de haber sido condenado?”, se ha preguntado el letrado, que ha aludido en ese punto a los autos de 2015 de la jueza María Bolaños que desgajó en piezas la macrocausa. El abogado ha apuntado también que su cliente ha sido excluido ya de más de un centenar de piezas separadas y que ha pedido ser apartado en otra treintena de piezas. Cabe recordar que la Fiscalía pidió al inicio del juicio de la 'pieza política' que se dejaran sin efecto las sucesivas decisiones de excluir de las piezas separadas incoadas respecto a la concesión y pago de las ayudas sociolaborales después de ver cómo la Sección Primera de la Audiencia (la que juzgó el 'procedimiento específico') rechazara su petición de que se estableciera, bajo el asombro de las defensas, un “previo y expreso pronunciamiento que confirme la delimitación objetiva de la causa realizada en el auto de incoación de procedimiento abreviado”, mencionado antes, dictado por el juez Martín.
Por su parte, el abogado de Antonio Fernández considera “trascendental” al auto citado por su compañero letrado de Guerrero, a los efectos que estas partes pretenden, esto es, la exclusión del procedimiento para sus clientes por haber sido ya juzgados y condenados por los mismos hechos. “Fue una cuestión legalmente decidida”, ha insistido el abogado. “Esto es así. No admite ninguna duda”, ha enfatizado. El abogado ha recordado la inclusión en 2016 de la malversación por parte del instructor Álvaro Martín en el auto de continuación del procedimiento de la ‘pieza política’, que hace que las ayudas hayan sido ya dictadas en la sentencia de dicha pieza.
Las peticiones expuestas este miércoles por los abogados tienen mucho que ver con las decisiones tomadas por la Audiencia en otras piezas de los ERE en las que quedaron archivados los cargos contra exaltos cargos de la Junta. Así ocurrió por ejemplo con el exconsejero Fernández, que dio pie a una primera decisión de la Sección Séptima en mayo de 2018, que tuvo su continuación en otras piezas incluso más destacadas como la de la Sierra Norte. Esta Sección también estimó el recurso presentado por el abogado del exdirector general de la agencia IDEA, Jacinto Caete, tras ser incluido en la pieza separada por la ayuda de 880.000 euros concedida en los años 2008 y 2009 a la empresa 'Bética Industrial' después de ser procesado en la pieza 'política' de los ERE. “Es claramente apreciable una identidad de hechos entre ambos procesos, actuando el relativo al denominado 'procedimiento específico' como aglutinador de la totalidad de las ayudas concedidas”, dijo la Audiencia en aquel auto sin entonces precedentes. que ya aludía a una “duplicidad de procesos”.
“Una solución jurídica particular”
Por su parte, el abogado del letrado acusado José Miguel Caballero ha desarrollado largamente una cuestión previa que afectaría al resto de acusados que no han sido juzgados en la pieza política, consistente en solicitar la suspensión de este juicio hasta que no se declare firme la sentencia ya dictada. “Mientras no se declare la firmeza de aquella sentencia no puede haber juicio”, ha insistido, solicitando al tribunal una “respuesta integradora” de las “distintas resoluciones” emitidas al respecto.
En esa línea, ha abogado por una “suspensión temporal” del juicio para dar tiempo a “incorporar al procedimiento” la sentencia de la pieza política “cuando sea firme”, pidiendo al tribunal “una solución jurídica particular” pero “que no sean juzgados en este procedimiento”.
La Fiscalía Anticorrupción, según su escrito de conclusiones provisionales, solicita para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de prisión, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial. De su lado, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía pidió seis años y medio de cárcel para el exconsejero de Empleo, mientras que el PP-A eleva su solicitud a 14 años y medio de prisión para Antonio Fernández.
Para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, la Fiscalía interesa 12 años y medio de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.400 euros de multa; o los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, para los que solicita, respectivamente, ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel. De igual modo, la Fiscalía pide ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano; 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, y penas de entre ocho y seis años de cárcel para dos extrabajadores de Vitalia y un 'intruso'.