Cinco meses para publicar un acuerdo: el fin de curso se echa encima en Andalucía para ampliar las horas de las monitoras escolares

El retraso en realizar la ampliación de horarios de trabajo de las monitoras escolares a tiempo parcial se le ha venido encima a la Junta de Andalucía. A una semana escasa para acabar el curso, acaba de entrar en vigor la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía tras su publicación en el BOJA del pasado viernes. Educación alcanzó un acuerdo con tres sindicatos (CCOO, CSIF y CGT) el pasado 14 de enero para aumentar las horas semanales de trabajo de la jornada laboral en los colegios públicos para un total de 346 monitoras escolares. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha entrado en vigor, justo cinco meses después. Es más, la Orden que hace efectiva la ampliación la firmó Elías Bendodo el 10 de mayo, hace ya más de un mes. El proceso de escolarización, abierto desde el pasado 1 de junio, ha pasado sin que antes se haya hecho efectiva esta ampliación horaria para las personas que realizan tareas de apoyo en los centros docentes públicos.

Además, la consecución de aquella firma entre administración y sindicatos, que supone unos dos millones de euros, no es del todo satisfactoria de acuerdo a las reivindicaciones del colectivo, integrado en su mayoría por mujeres. Aparte del retraso en hacerse efectivo el acuerdo, los representantes de los trabajadores no creen que esta circunstancia colme las expectativas laborales que se vienen revindicando desde hace años. “Pretendemos la jornada completa para todo el colectivo”, insiste Fernando del Marco, de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, que apunta aún faltan 550 personas para alcanzar una contratación regular a jornada completa (35 horas semanales).

La plantilla de monitores la componen 1.633 trabajadores que prestan servicio en más de dos mil colegios públicos de educación infantil y primaria de la comunidad autónoma. De ellos, 1.002 tienen contratos a jornada completa (35 horas semanales), equiparada al resto de personal laboral y empleados públicos, y 631 jornada parcial (de estos, 305 han viso incrementar su jornada laboral semanal a 20 horas, y el resto, 41, lo harán a 35 horas). “Quedan casi 600 personas por pasar a la jornada completa y esa sigue siendo nuestra reivindicación”, insiste Del Marco, que estima que esa cuestión requería de más de siete millones de inversión por parte de la Junta de Andalucía.

“Ha sido un paso en el camino, pero en los centros hay carga de trabajo suficiente para este colectivo, que lo está sacando adelante con mucho sufrimiento y unas condiciones laborales que se tienen que terminar de mejorar. Es una figura necesaria y su situación se ha heredado desde 2006”, en que sus servicios se empezaron a subcontratar. La Consejería de Educación y Deporte presume de haber mejorado ya las condiciones laborales del 64,7% de este colectivo, pero los sindicatos dicen que “la lucha está en conseguir las 35 horas”, añade a este periódico el representante de CCOO, que representa al 70% del colectivo.

“Notoria” precariedad

Aunque 426 monitores escolares que eran despedidos en verano pasaron a ser fijos discontinuos en julio de 2019, el colectivo sigue reclamando mejoras ante su “precariedad laboral”. “Los monitores y monitoras soportan una tasa de temporalidad del 51%, la más alta entre el personal laboral en la Junta”, detalla Del Marco. Desde ahora se han establecido dos tramos para aumentar la jornada semanal, uno hasta 20 horas semanales y otro de jornada ordinaria de 35 horas semanales. Todos los profesionales de este colectivo tendrán una jornada ordinaria como mínimo de 20 horas, destaca la Junta.

Desde CSIF Andalucía, firmante también de aquel acuerdo de enero que ahora se hace efectivo, esperan “que en 2022 pueda alcanzarse que todas estas personas lleguen a tener 35 horas, tal y como expresó que era su voluntad el consejero en la firma del acuerdo, y que la Administración busque los mecanismos para sortear los escollos que existen para ello, como puede ser la viabilidad de la ubicación geográfica de los puestos de trabajo, ya que en algunos casos éstos tendrán que asignarse a varios centros docentes que no estén ubicados en una misma localidad”.

Para el presidente de sector de la Administración General de la Junta de Andalucía del CSIF, Enrique Álvarez de Toledo, “la precariedad que afecta a este colectivo es notoria y desde nuestra organización sindical esperamos que cuanto antes se le de solución en su integridad”, añade a este periódico.

Manuel Quesada, secretario general de la sección laboral de Educación de CGT-A, tiene pendiente un encuentro con el resto de sindicatos firmantes de aquel acuerdo de enero porque no le cuadran “ni por asomo” las cifras que ahora aporta la Junta de Andalucía. A expensas de definir si se ha incluido a los fijos discontinuos o algún “baile de cifras” en otro sentido, el representante laboral considera “positiva” la medida aprobada; prueba de ello es que su organización la suscribió, pero “continuamos exigiendo seguir aumentando la jornada laboral hasta alcanzar las 35 horas semanales”.