Con lo puesto, una mochila y su pasaporte español. Así ha regresado Azman Mohamed a España tras siete meses de retención ilegal en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) a manos de su familia biológica. El ciudadano español de origen saharaui ha llegado a Sanlúcar la Mayor (Sevilla) esta tarde y ha sido recibido por su familia de acogida.
Carmen Moreno Morales, su hermana de acogida, le ha comunicado a eldiario.es Andalucía que Azman se encuentra demacrado pero “muy feliz y agradecido por todo lo que se ha hecho”. Carmen asegura que “no nos lo podemos creer, estamos en shock y en un momento de felicidad extrema. Estamos muy agradecidos a todos”.
La hermana de acogida, que denunció su secuestro hace un mes en la Subdelegación del Gobierno y ha sido la portavoz de la familia, asegura que seguirá apoyando a aquellas familias de hombres y mujeres retenidos contra su voluntad en los campamentos saharauis y que, según datos no oficiales ofrecidas por las familias de acogida españolas, es de al menos un centenar de personas, principalmente mujeres.
Azman se convertía hace un mes en el segundo español de origen saharaui privado de libertad en los campamentos saharauis de Tinduf, al igual que Maloma Morales de Matos, que lleva secuestrada por su familia biológica desde diciembre de 2015, como siguen denunciando sus padres adoptivos y el Gobierno de España ha reconocido por escrito.
En la denuncia se aportaba la transcripción de un audio en el que Azman asegura que no pudo llegar al aeropuerto para regresar a España, porque “mi padre, mi madre y mi tío me agarraron para sacarme del coche. Lo han conseguido y me han quitado la mochila con el pasaporte”.
En un audio de Whatsapp enviado por Azman a su familia el 29 de diciembre, al que tuvo acceso este diario, el joven de 25 años asegura que la situación “me tiene machacado, humillado, como si fuera un niño de seis años. Todo el día vigilado, que si me muevo o no me muevo. Es una situación que no se la deseo a nadie”.
“Que tu propia familia te haga estas cosas”
Por aquel entonces, Azman se lamentaba de llevar “cuatro meses aquí metido, pero no puedo hacer nada. Me están haciendo la vida imposible. Antes prefiero estar muerto. Todo el mundo te humilla. Hay que hacer algo, esto no puede ser... que tu propia familia te haga estas cosas”.
Al igual que en el caso de Maloma y otras mujeres secuestradas, las autoridades saharauis le exigieron silencio a la familia, mientras supuestamente resolvían la retención ilegal. La denuncia de la familia de acogida de Azman apuntaba a al delegado del Frente Polisario en Andalucía, Abidin Bucharaya, que conocía el caso desde el primer momento y habló de “un conflicto familiar”, según la denuncia, para definir un delito, que en España está penado con hasta siete años de cárcel, como “un conflicto familiar”.
El español de origen saharaui lleva 14 años viviendo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) con una familia de acogida y ha podido obtener la nacionalidad española tras haber acumulado varios permisos de residencia. Tenía 11 años cuando se quedó en España para estudiar. Así lo solicitó su familia biológica, que “firmó anualmente un documento de cesión de tutela del menor a favor de la familia de acogida”, tal y como ha verificado este diario. El sanluqueño visitaba con cierta regularidad a su familia, que vive en la wilaya de El Aaiun, una de las provincias en las que se dividen los campamentos de refugiados saharauis.
No son casos aislados
Maloma Morales, Nahjiba Mohamed y Koria Badbad permanecen retenidas contra su voluntad en el Sáhara, como confirma la ONU. Según datos no oficiales, hay medio centenar de mujeres que, a pesar de tener permiso de residencia en España, han sido retenidas ilegalmente en el Sáhara cuando visitaban a sus familias biológicas.
Tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch se han hecho eco de estos casos. Varias familias han presentado una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra contra el Frente Polisario y Argelia, país donde se ubican los campamentos de refugiados saharauis, ante la inacción ante estos delitos.