El Partido Popular eligió hace poco menos de un año a Ángel Nozal como candidato, por cuarta vez, a ser alcalde de Mijas. Se trata de un político imputado en múltiples causas. Acumula al menos seis investigaciones por delitos de prevaricación administrativa, cohecho, contra la ordenación del territorio y malversación, pero ni Nozal ni el PP entienden que sea aplicable el punto 2 del pacto Ciudadanos-PP para la Junta de Andalucía, que prevé la separación “inmediata” de cargos públicos y candidaturas de los “imputados formalmente por corrupción”. Para el Partido Popular, estas investigaciones obedecen a “cuestiones administrativas” y para Nozal, nada tienen que ver con la corrupción. Después de dos días, este medio no ha podido recabar la posición oficial de Ciudadanos.
El pacto entre Ciudadanos y PP establece que se comprometen a “la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”. El mismo punto del acuerdo de Gobierno recoge también la obligación de apartar a los investigados por corrupción de las candidaturas electorales y no nombrarles para nuevos cargos públicos.
Nozal, que fue alcalde de Mijas de 2011 a 2015, es concejal en el municipio, vicepresidente de la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental y candidato a alcalde. En el caso Molino de Viento, está investigado por prevaricación administrativa. En Parque Andalucía, por prevaricación administrativa y ordenación del territorio. En el caso Subastas, por su participación en una presunta trama de adjudicación irregular de viviendas embargadas por el Ayuntamiento, lo que constituiría una prevaricación continuada, entre otros presuntos delitos.
En el caso Sobresueldos, por la malversación presuntamente cometida al continuar con un sistema de pagos irregulares a funcionarios del Ayuntamiento. En Mijas Comunicación, por haber autorizado la construcción de una nave sin licitación, contratos ni permisos (prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio). En el caso Mijas, por el cohecho presuntamente cometido por un concejal del Partido Popular, que en marzo de 2017 ofreció a un concejal de Costa del Sol Sí Puede un trabajo a cambio de su voto favorable en una moción de censura para que Nozal recuperase la alcaldía.
La defensa de Nozal
En conversación con eldiario.es/andalucía, Nozal añade otras dos investigaciones por la instalación presuntamente irregular de dos buzoneras, y argumenta que se trata de adjudicaciones irregulares por errores en el procedimiento, que se solucionan habitualmente mediante un reconocimiento extrajudicial de créditos.
Nozal se defiende del caso Sobresueldos alegando que el sistema de pagos irregulares a cinco funcionarios estaba vigente desde 1985, mucho antes de su llegada, y que él le puso fin. De la misma forma, asegura que en el caso Subastas se le investiga sólo por su condición de alcalde. Por último, niega que él ofreciera nada a Francisco Martínez, concejal de CSSP.
En un Pleno celebrado la semana pasada, Nozal reclamó para sí la presunción de inocencia y citó a Hamlet, apuntando al actual alcalde, al que acusa de estar detrás de una estrategia para judicializar la vida política y prorrogar artificialmente las investigaciones. “Como te ves, me vi. Como me ves, te verás”, espetó Nozal al actual regidor, al que apoyó en la primera parte de la legislatura, y con el que ahora no reeditaría el pacto “jamás”. Varias de las imputaciones llegaron tras la denuncia del actual equipo de Gobierno, que encargó informes jurídicos a abogados externos antes de interponerlas.
El criterio del CGPJ sobre los delitos de corrupción
Nozal argumenta también que ninguno de los presuntos delitos que se investigan son por corrupción. “Son todos administrativos”, asegura. Coincide con la explicación oficial de su partido, que se limita a señalar que se trata de “cuestiones administrativas”. “Nosotros entendemos corrupción el haber habido movimientos que hayan beneficiado ilícita o injustamente a amigos, compañeros…”, se defiende el exalcalde.
No existe una categoría que agrupe los delitos de corrupción en el Código Penal. Sin embargo, gran parte de la doctrina considera que entre ellos están los delitos por los que Nozal está investigado. Además, hay un criterio que sigue el Consejo General del Poder Judicial, que en su repositorio de datos sobre la corrupción incluye delitos contra la ordenación del territorio, el cohecho, la malversación y la prevaricación de funcionarios, por todos los cuales se investiga actualmente al exalcalde de Mijas.
Bajo el criterio del CGPJ, Nozal está investigado por corrupción y debería ser apartado en aplicación del pacto Ciudadanos-PP, pero él asegura que no ha recibido ninguna indicación de su partido. “Sé que mi partido le ha dicho [a Ciudadanos]: ¿nos sentamos a hablar caso por caso y decidimos? Porque prejuicios no, la Santa Inquisición no, nadie va a la cárcel porque alguien acuse”, dice el político del Partido Popular.
Al contrario: habría recibido una llamada de la dirección provincial instándole a presentar en público su candidatura. “Les dije que me voy a esperar un poquito más. Yo prefiero hacerlo con más boato y por Semana Santa. Pero mis temas los llevan abogados del partido. Saben perfectamente adonde he llegado, qué ha pasado y qué no ha pasado”, cuenta.
Sin embargo, este fin de semana se produjo una circunstancia curiosa. El PP presentó a su candidato a la alcaldía de Benalmádena. Según explicó el PP, contó “con el aval de los alcaldes populares de la Costa del Sol y de toda la representación municipal” en la comarca. Nozal no estuvo. Su ausencia en la foto es llamativa, porque sólo faltó él. Alega que tenía un “tema privado” en Setenil de las Bodegas, un municipio gaditano. “Lo tenía previsto de antes”.
Ciudadanos, cuyo líder Juan Marín ha asumido las competencias de Regeneración, ha evitado responder a este medio si prevé exigir al PP que aparte a Nozal.