Con la polémica por los contratos exprés, tumbados en cascada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la política de contratación de personal de la Junta de Andalucía continúa sin llegar a esa transparencia y garantía de igualdad, mérito y capacidad que prometían el Gobierno del PP y Ciudadanos, entre otras cosas por la imposibilidad de poner en marcha la bolsa única común. Prácticamente dos años después de cerrar el plazo para presentar las solicitudes para este sistema, pactado con los sindicatos en el último tramo de Gobierno del PSOE, la mitad de las categorías tiene listados provisionales de aspirantes y la otra mitad, de un total de 41, ni siquiera llega a esto.
Ni la Consejería de Presidencia (responsable de este proceso) esperaba tal volumen de solicitudes para aspirar a un empleo público como personal laboral ni tampoco es capaz de responder con sus promesas de simplificar, agilizar y racionalizar la administración. Se presentaron 564.291 de un total de 178.801 personas (porque algunas se apuntaron a varias categorías), y de las que 5.495 fueron de otras comunidades autónomas, sobre todo, Extremadura, Alicante, Comunidad de Madrid y Murcia. Desde la Junta de Andalucía insisten en que están verificando las solicitudes.
Pero a este ritmo, este colapso tienes sus consecuencias. Desde el sindicato CSIF, José Manuel Dorado, presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía en el sindicato, afirma: “Nosotros vemos que va más lento de lo previsible. Hemos puesto sobre la mesa la necesidad de personal en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para este y para otros procedimientos porque se evidencia que hace falta”. En su opinión, “se ha generado una expectativa muy grande, pero como no se avanza, se están externalizando las contrataciones de categorías como personal técnico de integración social, los antiguos monitores de educación especial”. Sin embargo, apunta que en la bolsa única común hay pendientes de baremar 3.474 personas para los conocidos como PTIS (personal técnico de integración social) y otras 741 de intérpretes de lengua de signos.
“Hay necesidad de ese personal, pero han sacado un decreto para que la Agencia Pública Andaluza de Educación haga una contratación externa, como si fuera un servicio complementario. Y eso lo podemos entender en comedor o transporte escolar, pero no en educación especial”, agrega. Cita el decreto 231/2021, de 5 de octubre, por el que se establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social y de interpretación de lengua de signos y se regulan las condiciones para su prestación, autorización y gestión.
José Manuel Dorado recuerda que el informe de Deloitte, encargado en el paquete de auditorías privadas sobre el sector instrumental, evidencia que “Andalucía es la única comunidad autónoma que dispone de una agencia para estos objetivos” porque en el resto son “desarrollados por las consejerías y direcciones generales correspondientes”. Por eso concluye que deberían ser asumidos por la Consejería de Educación y de Deporte o convertir la agencia pública empresarial actual en agencia administrativa. “Debe ser personal de RPT (relación de puestos de trabajo) y debe tirarse de la bolsa única común, en lugar de externalizar un servicio que no es complementario”, insiste.
Cabe recordar que mediante acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2017, se pactó esta bolsa única común, bajo los citados principios constitucionales, y también los de eficacia y agilidad en el proceso de selección. Se establecieron cinco grupos profesionales. Cuanto menos especialización y formación se exige en las categorías, peor va el proceso, porque hay más aspirantes. Es el caso del grupo quinto, donde las listas provisionales están todas pendientes de publicación desde el pasado mes de abril: conductor, personal de limpieza y alojamiento, personal de oficios, personal asistente de restauración, personal de servicios generales y auxiliar sanitario.
En el lado opuesto, el primero, con cuatro categorías (técnico en ciencias de la información, médico, psicólogo y pedagogo) y con todas las listas provisionales publicadas, pero esto tampoco dice mucho porque llevan más de seis meses esperando las definitivas.
En el grupo profesional segundo, con siete categorías, hay listas provisionales de aspirantes para diplomado en enfermería, diplomado en trabajo social, fisioterapeuta y monitor ocupacional. Pero ni se conocen para para educador, educador en centros sociales y educador infantil.
En el tercero, el más numeroso por categorías, están pendientes las listas provisionales de analista de laboratorio, encargado, encargado de almacén, personal técnico en integración sociocultural, técnico superior en educación infantil, oficial de primera y corrector. Sí se han publicado los listados provisionales de aspirantes a personal de interpretación e información, dirección de cocina, personal técnico de integración social, monitor escolar, personal técnico de servicios en centros, personal operador de protección civil y telecomunicaciones, conductor mecánico de primera, jefe de servicios técnicos y mantenimiento y personal técnico de interpretación en lengua de signos.
En el cuarto, con ocho categorías, de la mitad no se sabe nada (auxiliar de enfermería, oficial de segunda, auxiliar de instituciones culturales y auxiliar de autopsia) y son provisionales las listas de las demás: auxiliar de laboratorio, auxiliar de cocina (noviembre), auxiliar de servicios de centros y monitor de deportes.
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