Comisiones Obreras ha solicitado a los tribunales que paralicen las contrataciones exprés con las que la Junta de Andalucía pretende cubrir casi 300 puestos de funcionario interino. Estos procesos, que excluyen a determinados colectivos “por razones sanitarias” y obvian el mérito y la capacidad, se amparan en el “marco de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19”. Sin embargo, las plazas ofertadas no guardan relación directa con tareas de emergencia. a juicio del sindicato. Se incluyen puestos para archiveros, conservadores de patrimonio, técnicos de pesca o ingenieros de minas.
El sindicato ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque cree que las convocatorias son discriminatorias. Todos estos procesos exigen al candidato que firme una declaración expresa de no estar incluido en alguno de estos “colectivos de riesgo”: “Diabetes; enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión); enfermedad hepática crónica; enfermedad pulmonar crónica; enfermedad renal crónica; enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas; inmunodeficiencia (incluyendo VIH); cáncer; a estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres que estén embarazadas o en período de lactancia y los mayores de 60 años”.
Según Comisiones Obreras, esta exclusión vulnera los artículos 14, 23 y 103.3 de la Constitución Española. “En el caso de las mujeres embarazadas contraviene, además, otras normativas como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”, advierte el sindicato.
Es una conclusión similar a la que ya expresaron algunos expertos a este diario. Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, aseguró que la disposición es discriminatoria por razón de edad, género y discapacidad: “Me deja sin palabras. No puedes preguntar por la salud cuando no tiene conexión ninguna con el trabajo”.
La administración se ampara en una resolución dictada en pleno pico de la pandemia por la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad de sus propios trabajadores. Esa resolución establece los grupos de riesgo ante la Covid-19, con el fin de favorecer el trabajo no presencial del personal público. Ahora, las convocatorias recurren a ese listado de grupos de riesgo para excluir el acceso al empleo público a quienes estén en ellos.
“Un claro abuso”
Además, el sindicato argumenta que la convocatoria exprés carece de cobertura normativa desde que se levantó el estado de alarma, “sin que pueda ampararse en que sigue existiendo una situación de emergencia”. Todas estas convocatorias, (quince en la segunda semana de julio), se publicaron sin previo aviso en el portal del empleado de la Junta de Andalucía, para desaparecer 24 horas después. La solicitud debía presentarse en un día y el único criterio de selección era el orden de llegada.
Para la administración, la pandemia justifica cubrir puestos con esta urgencia y este procedimiento. Asegura que contó con el consenso de los sindicatos. Elías Bendodo, consejero de Presidencia y Administración Pública, defendió que el sistema es “legal” y “necesario” este jueves en el Parlamento, en respuesta a Ismael Sánchez, parlamentario de Adelante. “Como la alerta sanitaria continua, las necesidades de la administración de prestar servicios exprés también”, espetó Bendodo.
Sin embargo, los sindicatos y la oposición creen que se está utilizando una habilitación especial, pensada para el estado de alarma, para vulnerar los principios de mérito y capacidad en puestos que, a su juicio, nada tienen que ver con esa supuesta urgencia. Por ejemplo, de este modo se han cubierto plazas de 122 administradores generales, diez conservadores de patrimonio o 159 técnicos de grado superior y medio, entre los que se encuentran arquitectos, informáticos, ingenieros de minas o veterinarios. “Hay un claro abuso por parte de la Junta de Andalucía de la figura normativa que se creó expresamente para cubrir puestos esenciales durante el estado de alarma”, señala Comisiones en su recurso.
Comisiones Obreras pide la paralización cautelar de todos los procesos que la Junta de Andalucía tenga pensado convocar con esta fórmula y de las convocatorias ya realizadas. “Una vez que entra una persona ya se produce el daño, porque empieza a puntuar para concursos de méritos, accesos, estabilización...”, advierte Pablo López del Amo, coordinador del sector de administración autonómica de CCOO Andalucía.
Fuentes de CSIF aseguran que también se disponen a presentar su propio recurso, después de que sus servicios jurídicos hayan concluido la ilegalidad de estas convocatorias.
Sin respuestas en las mesas sectoriales
El recurso judicial de CCOO llega después de que los sindicatos no hayan conseguido paralizar este tipo de contrataciones en las mesas sectoriales. “No lo han aceptado en el orden del día de la comisión de convenio. No lo quieren tratar, dicen que es Consejo de Gobierno y está decidido”, explica López del Amo. Fue el propio Bendodo quien anunció que se realizarían mil contrataciones públicas para “agilizar” la carga administrativa.
Los sindicatos tampoco han conseguido información oficial sobre las personas seleccionadas y el orden de llegada de las solicitudes en la contratación de los 3.000 vigilantes de playa, la primera que utilizó este tipo de procedimiento exprés. Conocer el orden de registro de esas solicitudes (único criterio de solución) es la única forma de verificar la limpieza del proceso, sobre el que candidatos y sindicatos tienen sospechas. “La directora general aludió a problemas de protección de datos para enviar esa información. Se ofreció a enseñárnoslo en la mesa sectorial, pero no vamos a aceptar eso. Así no puedes comprobar la veracidad ni nada”, señala López del Amo.