Cada vez se hacen más pruebas diagnósticas concertadas con la sanidad privada en Andalucía. Esa es la conclusión que se puede extraer de los datos que ofrece el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a los que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. En concreto, en la última década ha crecido casi un 170% el número de este tipo de consultas, mientras que con los recursos públicos la subida se ha limitado a un 35,36%, cinco veces menos. El crecimiento se ha producido tanto durante la etapa del PSOE al frente de la Junta de Andalucía como con los gobiernos del PP de Juan Manuel Moreno.
Las pruebas diagnósticas son aquellas en las que un ciudadano se somete a una radiografía, una analítica o un análisis de sangre. Es decir, aquellas consultas médicas complementarias que se hacen para determinar con datos concretos que el paciente sufre o no la dolencia para la que ha acudido al médico.
Si una persona acude a realizarse estos diagnósticos al SAS puede que se los hagan tanto en un centro público como en uno concertado, según la disponibilidad tanto de personal sanitario como de instalaciones y medios técnicos. De acuerdo con los datos oficiales obtenidos por elDiario.es/Andalucía, en Andalucía cada vez se hacen más y el ascenso se produce sobre todo con los recursos de la sanidad privada.
El SAS, antes de que este medio desvelase que se han troceado miles de contratos a dedo por valor de 458 millones con entidades privadas, ya utilizó durante dos años un marco legal caducado para derivar pacientes precisamente a la sanidad concertada utilizando la emergencia de la pandemia de la Covid-19 para firmar contratos a dedo sin publicidad. Un marco legal que le permitió al Gobierno regional pagar por realizar también pruebas diagnósticas en la privada alegando las necesidades derivadas de la pandemia por el colapso sanitario entre enero de 2021 y junio de 2023 por valor de 243 millones de euros. El problema, además, es que la normativa estatal que lo amparaba caducó el 9 de mayo de 2021 y se siguió su fórmula dos años y un mes después de estar derogado.
Precisamente, según los datos obtenidos de las pruebas diagnósticas, en 2021, 2022 y 2023 se produjeron la mayoría de las pruebas diagnósticas en la sanidad concertada de la última década: 694.038 en 2021, 741.075 en 2022 y 682.723 en 2023. Un incremento notable, si se compara con el año 2014, el primero de la serie analizada. Entonces, se realizaron 253.028 diagnósticos en centros concertados, lo que supone un aumento del 169,82% desde entonces hasta ahora.
Comparando las pruebas realizas en los hospitales públicos, se observa que en 2014 se realizaron 2,2 millones y en 2023 subió hasta los 3,3, lo que implica un 35,36% de incremento, casi cinco veces menos que en la concertada.
Además, si se analiza el gasto asociado en los últimos diez años, también se puede observar que se alcanzó el récord de la serie analizada en 2023 con casi 30 millones de euros en inversión por parte del SAS en la sanidad privada para realizar estas pruebas. El anterior récord fue en 2022 con más de 24 millones de euros y en 2021 se superaron también los 23 millones, una inversión similar a la de 2019, el primer año en que gobernó la derecha en Andalucía en democracia con el bipartito entre PP y Ciudadanos.
Hay que tener en cuenta que los precios que se paga por realizar una prueba diagnóstica son los mismos desde 2005, fecha en la que estableció la orden que los regula, hasta que se han modificado este año. Por eso, las cantidades que ha invertido la Junta de Andalucía en concertar estas consultas para radiografías, analíticas o biopsias permiten contrastar los datos de forma directa, teniendo en cuenta que cada prueba de este tipo tiene un precio distinto y que, por ejemplo, mientras que una biopsia de mama cuesta 45,85 euros, la de hígado sube hasta los 73,36 euros.
La Consejería de Salud justifica el aumento de los conciertos para las pruebas diagnósticas en que la población, que supera los 8,4 millones de personas en Andalucía, es cada vez mayor, que la burocracia para contratar con la privada es menor que para aumentar recursos en la pública y que la pandemia de la Covid-19 supuso un colapso asistencial que ha tenido que ir resolviéndose utilizando “todos los recursos disponibles”.
Además, aunque pueda dar la sensación de que las consultas para realizar estas pruebas están vacías, desde Salud explican que esta sensación se produce porque estas actividades médicas se realizan “muy rápido” y por eso no se acumulan los pacientes. Las mismas fuentes sanitarias recuerdan que hay hospitales como el Virgen Macarena de Sevilla que hacen pruebas diagnósticas incluso de madrugada.
El análisis de los datos también desvela que, en la actualidad, dos de cada diez pruebas diagnósticas que se realizan en el SAS lo hacen en la privada y que en 2014 apenas era una de cada diez. No obstante, desde 2015, con los gobiernos de Susana Díaz primero y de Juan Manuel Moreno después –desde 2019–, la tendencia no ha dejado de crecer en beneficio de la concertada. Con un ligero descenso en 2023, justo cuando decayó finalmente la norma por la que la Junta seguía derivando pacientes a la privada para pruebas diagnósticas aprovechando el decreto estatal que se había derogado en mayo de 2021.
Por otro lado, en lo que se refiere a las pruebas que se realizan directamente en los hospitales públicos, como ya se ha mencionado, si en 2014 se hicieron 2,2 millones, en 2023 se alcanzó el récord con 3,3 millones. Algo que se explica según el argumento del colapso asistencial y del envejecimiento poblacional que defienden desde la Consejería de Salud. En esta última década, se han realizado 5,6 millones de pruebas diagnósticas en la privada y casi 24 millones en la pública.
En cuanto al gasto total asociado a estas consultas, los datos del SAS recogen que entre 2014 y 2023 se han destinado 2.141 millones de euros a los diagnósticos con los recursos públicos y 227 millones con los concertados en la sanidad privada. Destacando en este último caso que la inversión privada ha sido más elevada durante los gobiernos de Moreno que en los del PSOE de Susana Díaz, incluso durante el confinamiento de 2020.
Con todo ello, los sindicatos de la mesa sectorial asumen que existe un problema asistencial de colapso, que también afecta a las pruebas diagnósticas, pero que la solución no puede pasar por “invertir los recursos en la sanidad privada”, sino aumentarlos en la pública. Los medios con los que cuenta la población de Andalucía para acceder a estos diagnósticos deben ser prioritariamente los del SAS y no los que se conciertan.
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