Condenados y testigos, el “peculiar” doble papel en el caso ERE de dos exconsejeros de la Junta de Andalucía

El juicio por las ayudas públicas a empresas vinculadas al sector del corcho en la Sierra Norte de Sevilla, el tercero que se celebra por el 'caso ERE', ha tenido este martes una circunstancia un tanto especial. Una situación “peculiar o singular” en palabras del propio presidente del tribunal. Los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, que ya fueron juzgados y condenados en noviembre de 2019 en la pieza del 'procedimiento específico' ( o 'pieza política') mediante el cual eran canalizadas las ayudas de la Junta de Andalucía, han acudido en calidad de testigos a la Audiencia Provincial. Ambos fueron sido investigados, y finalmente excluidos, en este caso concreto con base al principio non bis in idem, que dice que dos personas no pueden ser juzgadas dos veces por los mismos hechos. Fernández, en cambio, sí que fue condenado en la pieza de Acyco, cuya sentencia se conoció a primeros de este año, al entender el tribunal que los hechos enjuiciados en la pieza principal y en esa otra eran “diferentes”.

Ambos ex altos cargos de la Junta, que se encuentran pendientes de la celebración de la vista en el Tribunal Supremo por los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla relativa al 'procedimiento específico', a celebrar los próximos 4 y 5 de mayo, han defendido este martes que no tenían competencias para la concesión de las ayudas juzgadas, otorgadas en el marco del auxilio que el Gobierno andaluz llevó a cabo a comienzos de siglo a sectores estratégicos para revitalizar la industria y la economía andaluza pero, según las acusaciones, fuera de un marco legal que amparase su aprobación.

Panorama incierto

Como ya informó elDiario.es Andalucía, la inclusión durante la instrucción de la cantidad, presuntamente malversada entonces, en aquella 'pieza política', ahora ya sentenciada, así como la imposibilidad de juzgar más de una vez a los responsables públicos, como determinó la Audiencia en mayo de 2017, dejó la causa bajo un panorama incierto que ofrece circunstancias como la vivida este martes en los juzgados de Sevilla, con un exconsejero ya condenado doblemente declarando como testigo.

El abogado de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE, que declarará el próximo 12 de mayo, criticó en las cuestiones previas a este juicio que “los autores principales de los hechos no puedan ser enjuiciados”, sin mención expresa a los exconsejeros. El tribunal, por contra, aunque permitió a los acusados declarar después de las pruebas testificales y periciales, no admitió la cuestión y criticó que el letrado no llegó a concretar “en qué puede ser limitada su capacidad de defensa”, según informó Europa Press.

Acompañados de sus abogados

El presidente del tribunal, Emilio Lledó, ha advertido primero a Viera y luego a Fernández que debían decir verdad en su testifical pero que podían no responder a alguna pregunta si consideraban que pudiera derivar en determinadas responsabilidades en alguna de las otras decenas de piezas en las que aparecen como investigados (o pendientes de sus recursos de casación en el Supremo). Para ello contaban excepecionalmente con sus respectivos abogados a su lado para, si así lo entendían, alguna respuesta pudiera perjudicar sus intereses en ese sentido. Los dos han prometido declarar la verdad ante el tribunal.

Ambos han reconocido conocer “políticamente” a Ángel Rodríguez de la Borbolla y al actual alcalde de Cazalla de la Sierra (Sotero Manuel Martín). Viera, que ha declarado durante unos 25 minutos, ha dicho a preguntas de la fiscal que no existió “convoctoria específica” de las ayudas que se juzgan por el caso de los ERE sino que las empresas “con dificultades” las pedían “a demanda” antes de iniciar un proceso de “negociación y diálogo” con los agentes sociales en el marco de los acuerdos de concertación de aquella época, recordando la situción de “crisis” de empresas como Santana Motor o Astilleros, según ha recordado Viera.

El que fuera consejero entre 2000 y 2004 ha declarado que las empresas del corcho “formaban parte” de sectores considerados “estratégicos” por la Junta y que imagina que algunos de sus representantes acudieron a la Dirección General de Trabajo para solicitar las ayudas finalmente concedidas. “Algunas preguntas están vinculadas a la pieza del procedimiento específico y no voy a contestarlas”, ha dicho en un pasaje de sus declaraciones a instancias de su letrada y con el beneplácito del tribunal. “La gestión era competencia absoluta de la Dirección General de Trabajo”, ha comentado, desconociendo los expedientes de cada ayuda concreta.

Viera ha dicho a preguntas del abogado del PP, que ejerce la acusación popular, que esa “delegación de competencias”a la que se había referido venía contemplada en el decreto de estructura de la entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. El conjunto de las ayudas, ha respondido al abogado del exalcalde, con quien “no tenía una buena relación”, venían recogidas “en la Ley de Subvenciones” y eran “a fondo perdido”, recordando que las ayudas al sector del corcho ya venían contemplándose y aprobándose en los planes de sostenibilidad impulsados por la Junta, con resoluciones del Consejo de Gobierno entre los años 2001 y 2003.

“Yo nunca ha estado en la gestión de las ayudas”

Antonio Fernández, por su parte, ha dicho que existía normativa e información “suficiente” para quien quisiera acceder a la posibilidad de recibir ayudas por circunstancias de crisis económica, rememorando empresas del sector minero o del automóvil cuyo peso industrial había caído en Andalucía en aquellos años. “Yo nunca ha estado en la gestión de las ayudas”, ha defendido con vehemencia, asegurando que esa misión le correspondía a la Dirección General de Trabajo, en manos del ya fallecido Javier Guerrero tanto en su caso como en el de Viera.

Preguntado por el abogado del Partido Popular, ha recordado que en 2001 se especificó formalmente esa delegación de competencias porque “era la mejor manera” pero “sin contradicción a cómo se había gestionado anteriormente”, puesto que se optó entonces por esa “adecuación a los criterios” ya que, según ha tratado de explicar, “la administración se acomoda a los tiempos” en cada etapa. También ha defendido que las ayudas no tuvieran una fiscalización previa, como ha insistido el representante del PP, ya que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), del que Fernández era presidente, estaba sometido a un “control permanente” en ese sentido.

Aunque sin poder especificar la fecha exacta, el exconsejero ha mencionado un encuentro con Rodríguez de la Borbolla y un empresario portugués en el que solicitaban las ayudas de la Junta a través de una “iniciativa empresarial” igualmente con base a un “plan de sostenibilidad para el sector del corcho”, desvinculándose de haber visado los expedientes. El citado empresario portugués, acusado en este caso, se presentó como “un posible coinversor” en una iniciativa “de I+D para mejorar la calidad del corcho para la fabricación de tapones”, ha respondido a preguntas de su letrado, defendiendo la atención que se vertía a sectores estratégicos en cuanto a “transformación de la materia prima”. “Era voluntad del Gobierno andaluz industrializar materia prima para su transformación”, ha comentado, incidiendo en que la competencia para la gestión de las ayudas era de la Dirección General de Trabajo.

Alaya, Bolaños y la “continencia de la causa”

El caso que ahora se juzga abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8'4 millones de euros a este grupo de empresas “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”, según el juez instructor del caso, quien determinó la imposibilidad de “depurar responsabilidad penal ni continuar el procedimiento” contra los citados exconsejeros al figurar entonces como encausados en la pieza principal. Según rememoraba el juez en aquel auto, Viera y Fernández “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos (hechos) en la causa del denominado procedimiento específico”, siguiendo así “el criterio a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial “que confirma la exclusión de la presente causa de los anteriormente citados”, en alusión al mencionado principio non bis in ídem.

Cabe recordar que la jueza María Núñez Bolaños, anterior instructora, mantuvo un criterio firme respecto a ese concepto de que dos personas no pueden ser juzgadas dos veces por los mismos hechos, en contra del criterio de Mercedes Alaya, que insistió una y otra vez en que el caso no se podía dividir, que había que mantener la “continencia” de la causa. “¿Cómo se va a enjuciar la consecuencia sin haberlo hecho de su causa?”, llegó a advertir. Su pretensión era que se juzgara en un mismo acto de juicio el 'procedimiento específico' y, conjuntamente y a continuación, cada una de las ayudas que se habían concedido con base a él. La división del caso, y el desarrollo paralelo de las piezas, fue finalmente acordada por Núñez Bolaños en julio de 2015, avalado posteriormente por la Audiencia. Su planning consistía en una primera pieza relativa al procedimiento específico (de concesión de las ayudas investigadas), una segunda relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque para el que había que abrir un número no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas, algunas de las cuales ya se han cerrado y están camino de juicio.

Álvaro Martín decidió en el auto que cerraba la fase de instrucción, a finales de mayo de 2016, que la cantidad total supuestamente malversada en ayudas sociolaborales y a empresas ascendía a 855 millones, si bien la posterior sentencia rebajó la cifra a 680 millones y reconoció que parte de ese dinero se pagó a trabajadores que tenían derecho a cobrarlo. Es decir, no limitó el fraude al procedimiento por el que se concedían sino que lo extendió al total de las ayudas que fueron concedidas. La sentencia decía que las ayudas individuales no habían sido objeto de aquel juicio, ni su concesión, ni su pago, y señalaba que la Consejería de Empleo “permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”.

Cinco acusados por ayudas al corcho

Las tres personas que se sientan en el banquillo, además de Ángel Rodríguez de la Borbolla y del actual alcalde de Cazalla, son un coadministrador de las empresas (Rogelio B.M.), el mencionado empresario portugués Fernando Pedro M.O. y un responsable bancario (Gerardo C.E.). Todos se han declarado ya inocentes. La Fiscalía, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla juzga las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

La histórica sentencia del caso de los ERE, cabe recordarlo, condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 17 exaltos cargos de la Junta, tras haberse enjuiciado durante el año 2018 la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Junta entre los años 2001 y 2010. La Fiscalía ha pedido que se confirmen todas las penas.