De caso de los ERE a caos de los ERE: consecuencias de un solo juicio para exaltos cargos de la Junta de Andalucía

El auto de la Audiencia de Sevilla que trascendió el pasado 11 de mayo ha cambiado totalmente el escenario del caso de los ERE, dividida en piezas desde que así lo acordara la jueza María Núñez Bolaños cuando Alaya dejó el juzgado. La novedosa decisión viene a decir que los 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza del denominado 'procedimiento específico', a través del cual se concedieron las ayudas investigadas, no podrán ser procesados en ninguna otra de las piezas. Lo ha dicho la Audiencia respecto a uno de los acusados (el exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete) pero es de prever que se siga el mismo criterio en los recursos pendientes. Las defensas están lógicamente satisfechas pero, ¿cómo queda ahora el caso?, ¿qué pasará si la sentencia de la 'pieza política' es absolutoria?, ¿se podrá condenar a otros culpables si el procedimiento de concesión es declarado legal?, ¿qué pasará en el resto de las piezas?, ¿cómo se recuperará el dinero?

Alaya insistió una y otra vez en que el caso no se podía dividir, que había que mantener la “continencia” de la causa. “¿Cómo se va a enjuciar la consecuencia sin haberlo hecho de su causa?”, llegó a advertir. Su pretensión era que se juzgara en un mismo acto de juicio el 'procedimiento específico' y, conjuntamente y a continuación, cada una de las ayudas que se habían concedido con base a él. La división del caso, y el desarrollo paralelo de las piezas, fue finalmente acordada por Núñez Bolaños en julio de 2015, avalado posteriormente por la Audiencia. Su planning consistía en una primera pieza relativa al procedimiento específico (de concesión de las ayudas investigadas), una segunda relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque para el que había que abrir un número no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas, algunas de las cuales ya se han cerrado y están camino de juicio.

Álvaro Martín decidió en el auto que cerraba la fase de instrucción, a finales de mayo de 2016, que la cantidad total supuestamente malversada en ayudas sociolaborales y a empresas ascendía a 855 millones. Es decir, no limitó el fraude al procedimiento por el que se concedían sino que lo extendió al total de las ayudas que fueron concedidas. La Fiscalía y el PP-A, las principales acusaciones, incluyeron en sus escritos de calificación de los hechos un delito de malversación para los exaltos cargos en base a esa cifra y pidieron que cada investigado pagara una cantidad concreta por responsabilidad civil. Mientras, la Junta no acusó en el procedimiento específico y se guardó la posibilidad de acusar o no en el resto de piezas. “Ese fue el error”, señala una fuente del caso, “cuando Martín incluyó la cantidad total y la Fiscalía y el PP advirtieron de una posible malversación en la acusación, heredado del planteamiento que tenía Alaya. Ahora tienen que apechugar con el error. Han podido dejar el caso en nada”.

Los abogados de varios exaltos cargos consideraron entonces que, si sus clientes eran acusados en la pieza política por malversar alguno de esos 855 millones, no podían ser investigados en el resto de ayudas y pedirle igualmente una parte del total del dinero defraudado. La Audiencia ahora les ha dado la razón y ha advertido el “afán globalizador” presente en la pieza del procedimiento específico, indicando que, lógicamente, no se puede juzgar a una persona dos veces por lo mismo. “Las acusaciones han repetido como un mantra que se trataba de 'hechos distintos', pero nunca han dado una explicación convincente al respecto”, ha señalado al respecto uno de los letrados.

¿Qué pasa? Que uno de los principales acusados, Javier Guerrero, por ejemplo, sería juzgado solamente en la pieza política donde, por otra parte, no habría a priori elementos suficientes para concretar qué parte de esos 855 millones son supuestamente ilegales al no detallarse las ayudas que fueron concedidas, dispersas en decenas y decenas de piezas, con toda la información que arrastra cada una de ellas sin presencia en la pieza política. Además, otros investigados, presuntamente participantes en el fraude, no están acusados en la pieza política pero sí en ayudas concretas. “Se juzga todo pero no están todos”, resume otra fuente.

¿Y si el procedimiento no fue ilegal?

¿Y si absuelven a los 22 exaltos cargos de la pieza política? ¿Podrían ser condenados después en el resto de piezas los mediadores, sindicalistas, abogados y demás investigados si el procedimiento en el que se basó todo finalmente no era ilegal? No sería muy lógico, ¿no? ¿Y cómo se recuperaría el dinero si no hay condena? Hay piezas ya cerradas con exaltos cargos de la Junta camino de juicio, a los que habría que sacar siguiendo el criterio último de la Audiencia. “Esto tiene muy mala solución para las acusaciones”, dice otra fuente conocedora del caso, mientras que algunos de los acusados están “muy contentos, como Javier Guerrero”.

El exconsejero Antonio Fernández “no puede ser investigado ni puede ser enjuiciado más que una sola vez por hechos que presentan una obvia identidad de objeto y fundamento”, ha dicho a Europa Press su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, el primero en plantear esta disyuntiva en junio de 2016, una vez cerrada la instrucción de la pieza del procedimiento específico, y que está pendiente de su recurso en la Audiencia.

Se dio cuenta entonces el abogado de que aquella decisión de Martín tenía “efectos expansivos” y una “profunda significación en el sentido de que, por tratarse de hechos íntimamente relacionados, a las personas incluidas en aquel auto sólo se les podría enjuiciar una sola vez por la concesión y pago de las ayudas sociolaborales o a empresas”. “Una sola vez, en ese primer juicio, y no decenas de veces en cada una de las piezas separadas por cada ayuda”, subraya el abogado. “Nadie puede ser investigado, acusado y enjuiciado más que una sola vez por unos mismos hechos”.

“Esa ingente cantidad de juicios --uno por cada ayuda-- que las acusaciones han entendido que se debían celebrar contra diversos cargos públicos y funcionarios responsables de la concesión y pago de ayudas sólo podría tener lugar y celebrarse de una manera consecutiva, y no simultánea, debido a la obvia coincidencia de fiscales, abogados y acusados”, explica el abogado.

Por su parte, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, indicó a Europa Press “la dificultad de calcular las consecuencias” del auto de la Audiencia, “porque es de esperar la oposición a posibles sobreseimientos que entablen la Fiscalía y acusaciones particulares”, toda vez que “andamos en unas investigaciones tremendamente politizadas, donde los intereses empujan a asimilarlas a otras donde se discute dinero desaparecido y no la discusión entre un procedimiento administrativo u otro”.