En mitad de la negociación entre PP, Ciudadanos y Vox para cerrar el segundo acuerdo de Presupuestos de Andalucía, la oposición de izquierdas ha puesto el foco sobre un ajuste de gasto en las cuentas en vigor. La Consejería de Fomento y Vivienda, que gestiona el PP, ha rechazado una partida de un millón de euros destinada a ampliar el parque de pisos tutelados para mujeres víctimas de la violencia de género. Esos fondos estaban consignados en el Presupuesto de 2019, pero finalmente no se gastarán para lo que estaba previsto, de modo que la Junta ha decidido no volver a incluirlos en las cuentas de 2020, que se someterán este miércoles al debate de totalidad en el Parlamento.
El asesinato de tres mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en los últimos tres días -en La Zubia (Granada), Vic (Barcelona) y Dénia (Alicante) ha elevado a 49 el número de víctimas de la violencia de género en España en lo que va de año, más que en todo 2018.
La Consejería de Igualdad, en manos de Ciudadanos, ha reasignado ese millón de euros rechazado por la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a Fomento, a otros proyectos vinculados a la lucha contra la violencia de género. Se trata de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -Andalucía recibió 15 millón de euros- que la Junta debía justificar y presentar como gasto comprometido antes del 31 de diciembre de este año. De lo contrario, tendría que devolvérselo al Ministerio de Igualdad.
Fuentes del departamento que dirige Rocío Ruiz explican que “AVRA no encontró la fórmula de usar ese dinero para adquirir nuevos pisos o acondicionar otras viviendas vacías a los requisitos necesarios” para mujeres amenazadas por sus parejas, y “como el tiempo para justificar el gasto apremiaba”, se optó por redistribuir el millón de euros para otras políticas contra la violencia machista.
En la actualidad, AVRA gestiona cerca de 76.000 viviendas (de las cuales aproximadamente 50.000 son en régimen de alquiler y 26.000 de acceso diferido a la propiedad) y alberga a unas 306.000 personas. La consejería de Fomento, que pilota Marifrán Carazo, ha explicado bien entrada la noche que “se han puesto a disposición de Igualdad cinco veces más pisos de los que ha elegido el IAM”, sin embargo, estas viviendas “no cumplíann los requisitos” porque “muchos están en barrios conflictivos o en pequeños municipios o en ciudades sin demanda” y esos a Igualdad “no les vale”. Fomento asegura que tiene sus propias políticas de vivienda con ayudas al colectivo de mujeres maltratadas, que ya ha cedido al IAM 18 viviendas.
Con todo, y pese a las denuncias que ha vertido Adelante Andalucía (Podemos-IU), la Consejería de Igualdad mantiene el presupuesto actual para pisos tutelados: 6,2 millones de euros. No se ha minorado el gasto para estas políticas, pero “sí se ha perdido una oportunidad de que Fomento amplíe el parque de viviendas para víctimas de agresiones machistas”, explica la diputada socialista y ex directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez.
El Servicio Integral de Atención y Acogida a Víctimas de Violencia de Género cuenta con 34 centros, de los que nueve son centros de emergencia, ocho casas de acogida compuestas por 52 pisos y 17 pisos tutelados. Esta red y su ubicación permiten que ninguna mujer y las personas dependientes a su cargo que se encuentren en una situación de riesgo en Andalucía estén a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. Este servicio atendió hasta septiembre a 1.999 personas, 70 más que en 2018 lo que supone un incremento del 3,62%. Fuentes del IAM explican que los pisos tutelados es un recurso que usan las mujeres una vez han pasado por el resto de servicios, y que esta medida sería “la menos utilizada de todas las que proporciona” esta institución (de hecho en la actualidad no están ocupados todos). El millón de euros que se destinó a AVRA buscaba “abrir una nueva línea de actuación para mujeres maltratadas con otro perfil, que no pudieran convivir con otras víctimas en casas de acogida, y tuvieran que acceder directamente a estos pisos”.
El trasvase de viviendas del área de Fomento al departamento de Igualdad para dar una solución habitacional a mujeres amenazadas por sus parejas ya se hacía durante el mandato socialista, aunque los ex responsables del IAM aseguran que “no era necesario una modificación presupuestaria”. Se hacía a través de un acuerdo entre las dos consejerías, que suscribía el departamento de Hacienda, como titular último de dichas viviendas. En teoría no es necesario el desvío presupuestario de Igualdad a Fomento, aunque el PSOE insiste en que es “una oportunidad perdida” para que AVRA “acondicione casas de acogida y pisos tutelados”. Desde la consejería de Ruiz aseguran que en 2020 intentarán recuperar esa partida millonaria para adquirir más pisos de la agencia AVRA para mujeres maltratadas. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, ha explicado que “ese dinero no se pudo gastar porque no se localizaron los pisos que se buscaban”, aunque enseguida ha remitido al portavoz de la Junta, Elías Bendodo, para que “dé las oportunas explicaciones”.
El IAM gestiona casas de acogida y pisos tuteados para víctimas del machismo. Las casas de acogida son centros residenciales que garantizan una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia padecida. Mientras que los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar ubicadas en edificios y zonas normalizadas. En ambos centros las especialistas del IAM establecen un plan individual de actuación en el que se recojan los objetivos personalizados a conseguir por la mujer durante su estancia en el servicio integral de Igualdad. También se programan y realizan actividades lúdico-culturales dirigidas a todas las personas usuarias de las casas de acogida y los pisos tutelados.
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, estudia varias quejas ciudadanas contra la Agencia pública de la Vivienda de la Junta por mantener pisos vacíos de su propiedad y no ponerlos al servicio de asuntos sociales. En su último informe, el Defensor destaca la especial “vulnerabilidad” de las mujeres víctimas de violencia machista en políticas de vivienda pública. “La falta de inversión y crecimiento del parque público residencial en los últimos años, la escasa rotación de las familias adjudicatarias (aunque algunas de ellas puedan haber mejorado económicamente), junto con las dificultades en la gestión de un patrimonio tan vasto y diseminado (por ejemplo, a la hora de detectar viviendas vacías, ocupadas o cedidas ilegalmente), entre otras causas, da lugar a que en la práctica la Administración autonómica no esté respondiendo a la necesidad de vivienda de una parte importante de la población”.