En mitad de una guerra política sin precedentes en torno a la violencia de género, el director del Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de Datos, Manuel Medina, visitó este martes a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y aprovechó para alertar de que si la Cámara admite la solicitud de Vox y le proporciona los nombres y apellidos de los funcionarios que evalúan a las mujeres maltratadas, “pueden poner en riesgo la seguridad personal de estos trabajadores”. “Si yo hiciera un informe pericial acreditando lesiones graves contra una mujer y saliera a la luz mi nombre como autor de ese informe, tratándose de un asunto de violencia, yo no estaría tranquilo”, explica a eldiario.es/andalucia.
Medina se ha reunido con Bosquet horas antes de que el órgano de dirección del Parlamento califique la petición del grupo ultraderechista, cuya finalidad es “depurar los informes ideológicos” que, según ellos, elaboran algunos empleados de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a la Oficina Judicial de la Junta. “La finalidad de esta petición no es otra que saber quiénes de estos trabajadores están realmente cualificados para atender a las mujeres víctimas de malos tratos y quiénes son meros agentes políticos de la izquierda dedicados a potenciar y promocionar la industria del género”, ha explicado Vox, sobre la solicitud presentada en registro la semana pasada por el presidente de su grupo, el juez en excedencia Francisco Serrano.
Todos los grupos políticos están representados en la Mesa de la Cámara y todos, excepto Vox, defienden que la petición de Serrano vulnera la Ley de Protección de Datos. El PSOE y la coalición Adelante Andalucía, además, denuncian que “hay un conflicto de intereses notorio, porque Serrano pide identificar a funcionarios que hacen informes sobre víctimas de violencia de género, y luego su despacho de abogados litiga contra esos informes y contra esas mujeres”. Medina no se ha metido en el fondo del asunto, pero sí advierte de que el Parlamento andaluz “debe sopesar el interés público de la información que reclama este diputado con los intereses particulares de los afectados”, esto es los empleados de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a la Oficina Judicial de la Junta. “Una de las cosas que la Mesa debe ponderar es si hay riesgo para estos trabajadores, que valoran aspectos relacionados con la violencia, en este caso con la violencia de género”.
Medina explica a este periódico que “dar a conocer los nombres de los profesionales que evalúan los casos de mujeres maltratadas puede desentrañar un riesgo para su seguridad personal”. “Cuando se remite a un juzgado un informe pericial que acredita lesiones graves contra una mujer, si sale a la luz el nombre del autor de ese informe, esta persona puede lógicamente no sentirse tranquila”, advierte el director del Consejo. La reunión de la presidenta del Parlamento con Medina estaba programada antes de que saltara la polémica en torno a la solicitud de Vox, y Bosquet no le ha preguntado a su interlocutor por este asunto.
La decisión la adoptará este miércoles la Mesa, una vez hayan escuchado al letrado mayor de la Cámara. La presidenta del Parlamento avanzó la semana pasada de que una posible solución sería eliminar los nombres y apellidos de la solicitud de Vox, de manera que sólo se le proporcione el cargo de los empleados de las unidades de violencia de género y la cualificación que se requiere para ocuparlo. Medina avala esta solución. “El modo habitual de protección de datos consiste en eliminar los nombres y apellidos, pero indicar el puesto y la cualificación profesional que se requiere. En ese caso, no habría problemas con la Ley de Protección de Datos”, explica.
El Consejo andaluz de Transparencia es una autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en Andalucía, creado al amparo de la Ley de Transparencia Pública, de 2014. Es un órgano que posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz. Manuel Medina, letrado del Tribunal Constitucional entre 1994 y 1998, es el primer y único director que ha tenido este órgano, elegido por el Parlamento andaluz con el consenso de PSOE, PP y Ciudadanos, y los votos en contra de Podemos e IU.