El profesor acusado de delitos continuados de abusos sexuales sobre seis alumnas menores, juicio que comenzó este miércoles a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Córdoba, es un cura que impartía Religión. Según ha podido saber este periódico, una vez que el centro tuvo constancia de las denuncias, fue relegado de sus funciones como profesor, ejerciendo hasta ese momento en un colegio de la capital cordobesa, informa Cordópolis.
Según el relato de la Fiscalía, que pide 30 años de prisión, las menores tenía entre siete y ocho años cuando se sucedieron, supuestamente, los primeros abusos, fechados en los cursos escolares 2011-2012 y 2012-2013. En aquellos años, cuando las menores cursaban tercero y cuarto de Primaria, el acusado les habría realizado tocamientos, una práctica que se habría extendido a lo largo de los cursos. El procesado, que entró a formar parte del claustro en 2007, fue ordenado diácono en 2011 y, un año más tarde, sacerdote.
Los abusos se habrían extendido hasta el curso 2014-2015 cuando, en un campamento, el acusado llevó a las alumnas -que estaban en sexto de Primaria- a su despacho y las sentó sobre sus rodillas para iniciar los tocamientos. Mientras que una logró bajarse, retuvo a la segunda, continuando con los abusos.
Este periódico ha podido contactar con el centro en el que el procesado ejercía como cura y profesor de Religión, aunque la dirección se ha reservado hacer alguna valoración dado que, según han apuntado, los hechos ocurrieron cuando otros responsables se encontraban en el equipo directivo. Cabe señalar que en los años a los que se remontan los hechos, la dirección estaba a cargo de un fraile de la Orden Franciscana, a la que también pertenece el procesado.
Una vez que los hechos fueron denunciados, el acusado dejó de impartir docencia, aunque las distintas fuentes consultadas no han precisado de qué año se trataría. Fue entonces cuando la Orden, en declaraciones a este periódico, tomó la decisión de apartarlo de centros escolares “como medida cautelar para evitar que tuviera contacto con menores”. Aunque estas fuentes no han precisado a dónde fue destinado, este medio ha podido conocer que el procesado ejerce actualmente como sacerdote en Vélez Málaga.
A la pregunta sobre si una sentencia condenatoria supondría la expulsión del acusado de la Orden, estas fuentes han señalado que “esa” no será la consecuencia. “Una cosa es el proceso civil y otro, el canónico. Tienen cierta relación pero de la sentencia no se deriva la expulsión”. Este periódico ha contactado con el fraile que por aquel entonces dirigía el centro, quien no ha querido hacer declaraciones y se ha remitido a la Orden.
Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita que le impongan la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular con menores de edad por un tiempo superior de tres años al de la duración de la pena privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia.