El Gobierno de Andalucía dará explicaciones de la gestión de los realojos de la conocida como Corrala Utopía, un conflicto que ha enfrentado a los dos socios: PSOE-A e IU. Las explicaciones las ofrecerá “a petición propia” la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento de Andalucía. Lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, tras la finalización de un Consejo de Gobierno en el que, según ha insistido, “no se ha abordado este tema de la semana pasada”, pese a que era la primera vez que los socios se veían la cara tras un pulso que ha punto ha estado de costarles el pacto y la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta, Susana Díaz. Era, de hecho, la primera vez en que ésta se veía con Susana Díaz, después de que la presidenta le retirara por unas horas las competencias en materia de adjudicación de VPO a su consejería. “El Gobierno de Andalucía hablará por una sola voz”, ha dicho el portavoz.
La Junta de Andalucía todavía está a la espera de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla “baremen” a las ocho personas que finalmente fueron realojadas de manera temporal -por tener menores y discapacitados a su cargo- tras expulsarlas el 6 de abril la Policía Nacional del edificio que ocupaban desde mayo de 2012 en la avenida Juventudes Musicales de la capital hispalense, cumpliendo una orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. “Esos informes deberán determinar si están realmente en riesgo de exclusión social”, que es lo que sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda, según ha recalcado el portavoz. “Le hemos pedido que lo haga con urgencia”, ha apostillado.
Si no cumplieran este requisito, ¿serían desalojadas? “Cuando contemos con esa baremación, hablaremos”. ¿Y si están en dicho riesgo de exclusión social pero hay en el listado del Ayuntamiento de Sevilla personas que están todavía peor y van por delante? “No es una situación comparable”. Lo ha dicho el portavoz y también la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha especificado que en este caso “hay un auto”, del mismo juzgado, que “mandata” a las administraciones a proveer a estas familias de los recursos necesarios. No obstante, ha enfatizado la “necesidad de garantizar la equidad”.
Sobre el informe de los servicios jurídicos que se refería a estos realojos y que provocó el decreto de la presidenta para retirarle las competencias a IU “hasta que se restituya la normalidad legal”, el portavoz ha respondido que iba a hacer gestiones para ver si era posible facilitarlo a los medios de comunicación. No obstante, ha evitado hablar de ilegalidad en la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda, pese a esa necesidad, expresada por la propia Susana Díaz, de volver “a la normalidad legal”.
La otra duda que pesa sobre este conflicto, y es si las otras nueve familias que vivían en la corrala también van a ser evaluadas por si tuvieran el mismo derecho, no ha sido del todo preciso, pese a que desde IU se insiste en que se hará. “Me remito a lo que está en el acuerdo del viernes”, ha replicado, en referencia a la nota de prensa que puso fin al enfrentamiento entre las dos formaciones. En este sentido, ha evitado entrar en discusión con varias afirmaciones hechas por responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda de que todos los casos serían estudiados: los que ya tienen llaves y lo que no. Por cierto, ¿cuántas llaves se entregaron a llegar a estas familias la tarde del 9 de abril cuando comenzó el realojo, pese a las órdenes contrarias de la presidenta? El portavoz no contaba con esa información a la hora de la rueda de prensa.
Como tampoco ha podido aclarar si el expediente de los realojos que entregó la consejería de Elena Cortés durante las negociaciones con el PSOE-A para frenar la crisis se les había ocultado antes. En definitiva, muchas dudas todavía en torno a una polémica que ha instalado la desconfianza entre los dos socios.