Los tres partidos de derechas que sustentan al Gobierno de Andalucía -PP, Ciudadanos y Vox- llevaban semanas negociando una reforma integral de los impuestos cedidos que finalmente se concretó en una proposición de ley. Se trata de una rebaja fiscal de todos los tributos autonómicos: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones [ya bonificado al 99%], IRPF, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y la tasa al juego. Se esperaba que ese documento entrase este martes en el registro del Parlamento andaluz, firmado por los tres grupos, pero en el último momento la dirección nacional de Ciudadanos ordenó a la agrupación andaluza retirarse para no aparecer junto al partido ultraderechista en plena campaña de las elecciones madrileñas.
El impacto de esta reforma en las cuentas públicas supondrá una caída de 329 millones de euros en los ingresos, de los que más de dos tercios -254 millones- se detraen de una modificación inminente del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que grava la compraventa de un inmueble, un contrato de alquiler de vivienda, etc...), y que pasa a un tipo único del 7% cuando hasta ahora era del 8, 9 y 10%. Esta modificación se ha aprobado este mismo martes en el Consejo de Gobierno, vía decreto ley que no necesita pasar por el Parlamento para su convalidación, y que entrará en vigor antes de un mes.
Se trata de la mayor reforma tributaria de la legislatura, que abarca desde una bajada de todos los tramos autonómicos del IRPF -alcanzará a cuatro millones de contribuyentes- hasta incentivos fiscales para los jóvenes que compren una vivienda, para las familias que matriculen a sus hijos en academias privadas de idiomas o de informática o para quienes compren una vivienda en municipios e riesgo de despoblación (unos 400 pueblos de menos de 3.000 habitantes).
La formación naranja, dirigida por el vicepresidente de la Junta y miembro de la ejecutiva nacional, Juan Marín, ha participado desde el principio en la negociación de esta reforma fiscal con PP, Vox y la Consejería de Hacienda. Hasta ayer noche estaba previsto que hoy se escenificase el acuerdo conjunto, pero una parte del grupo parlamentario naranja, crítico con Marín, sostiene que toda esta negociación se hizo “de espaldas a Madrid”, sin calibrar el impacto que podía tener en las aspiraciones de su candidato, Edmundo Bal, que ha planteado su campaña como un plebiscito para el PP: o gobiernan con Vox o con Ciudadanos. El cabreo en el grupo parlamentario naranja, roto en dos familias, es mayúsculo.
Al portavoz popular en la Cámara, José Antonio Nieto, le ha costado explicar que se trata de la misma reforma fiscal, el mismo texto, el mismo articulado, pero registrado en dos documentos diferentes, uno firmado por PP y Vox y otro firmado por PP y Cs. El Parlamento, no obstante, tramitará los dos como la misma proposición de ley. Pero la diáspora en la foto final trata de evitar, muy aparatosamente, la coincidencia en el mismo marco político de Ciudadanos y la formación de extrema derecha, los que compiten a cara de perro por un espacio en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y los que previsiblemente competirán por estar en el próximo Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, si el bloque conservador sigue sumando tras las próximas elecciones.
El acuerdo a dos bandas de PP, Cs y Vox sigue el mismo esquema con el que se inició la legislatura -la formación naranja rehuye de la imagen compartida con la ultraderecha- pero allana la aprobación de los Presupuestos de 2022, los últimos del mandato. La proposición de ley de tributos cedidos inicia su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, con idea de que la Cámara la apruebe en diciembre, casi en paralelo a las cuentas del año próximo. Vox abandona así su estrategia de ruptura con el PP de Moreno Bonilla -hace apenas 20 días presionaba para que adelantase las elecciones- y sella un acuerdo (indirecto y camuflado) con Ciudadanos, al que hace una semana tildaba de “socio poco fiable”. “La estabilidad del Gobierno andaluz está garantizada. La garantiza Vox”, ha sentenciado el diputado del partido de extrema derecha, Manuel Gavira. “Es un cambio de cultura fiscal total”, ha remachado su portavoz, Alejandro Hernández.