La noticia llegó “por sorpresa” el pasado 12 de febrero en forma de BOJA: a la nueva Consejería de Salud y Familias “le corresponden las competencias relativas a las drogodependencias y otras adicciones, atribuidas actualmente a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales”. Las entidades andaluzas de adicciones, que representan a 180 entidades sin ánimo de lucro de toda Andalucía que intervienen en barrios y pueblos previniendo y atendiendo problemas de adicciones, no están contentas con la nueva ubicación en el organigrama de la Junta y denuncian que, actualmente, ese cambio está provocando el sector está en un “limbo administrativo” que tiene “paralizada” su actuación. “Estamos bastante preocupados”, señala una portavoz de la federación Enlace. El nuevo consejero, Jesús Aguirre, les ha mandado un mensaje tranquilizador en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno (“Van a estar perfectamente atendidos”) y ha defendido que su departamento gestione la cuestión porque él lo tenía “clarísimo”.
No solo Enlace sino también REDES (Drogodependencias, Sida y Patología Dual), FAJER (jugadores de azar rehabilitados), FAAR (alcohólicos rehablitados) o Al-Andalus son las diversas federaciones que han enviado este martes un comunicado conjunto para denunciar la situación. “Tres meses después de las elecciones andaluzas, la atención a las adicciones aún no se ha integrado de manera efectiva en el catálogo de servicios del Servicio Andaluz de Salud, en cuya gerencia se ha ubicado el Área de Drogas”, lamenta Antonio Escobar, de Enlace.
El movimiento asociativo involucra a miles de personas trabajadoras y voluntarias en la resolución de conflictos sociales, familiares y personales, y, a día de hoy, “existen muchos convenios a apunto de vencer y aún no se ha publicado, por ejemplo, la Orden de convocatoria de subvenciones para ejecutar los ingresos finalistas que le correspondan a Andalucía provenientes del Plan Nacional sobre Drogas”, han denunciado.
En este sentido, y según información aportada por Enlace, las partidas presupuestarias destinadas a adicciones en la convocatoria de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 2018 contenía subvenciones en materia de prevención comunitaria de las adicciones a corporaciones locales por valor de 1,3 millones, así como subvenciones a entidades privadas para programas de acción social por 1,4 millones. También existían subvenciones para el mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de las adicciones, dotadas con 535.000 euros, si bien dicha cantidad procedía de la propia Junta.
Todas las federaciones andaluzas de adicciones han pedido al Gobierno andaluz “que mantenga y mejore la red de atención a las drogodependencias y otras adicciones” porque “debe garantizarla de manera directa a través de los recursos públicos, y dando continuidad y estabilidad a convenios y ayudas con entidades colaboradoras del 'Tercer Sector' que desarrollamos programas de atención, apoyo al tratamiento, incorporación social, prevención, etc.”.
Según Antonio Escobar, “la realidad social es muy cambiante y constantemente surgen nuevos problemas de adicciones que exigen una intervención rápida y eficaz”, viendo “imprescindible marcar unas líneas estratégicas claras ante los nuevos problemas de adicciones a las nuevas tecnologías, en concreto a las apuestas on-line, que están afectando a miles de jóvenes en Andalucía”.
Las federaciones andaluzas han solicitado una reunión con el actual consejero de Salud y Familias para tratar todos estos temas y retomar la colaboración público-privada en el sector de las adicciones. Aguirre, preguntado por este tema en rueda de prensa en Sevilla, ha destacado que “lo normal” es que las competencias sobre adicciones estén integradas en su departamento.
El consejero ha argumentado que se trata de “patologías crónicas” y que es una cuestión de “salud pública”. El hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas dice que “lo tenía clarísimo” y dicha materia está “donde tiene que estar”, abogando por evitar un “doble circuito” para los afectados y por integrar la cuestión “sobre todo en atención primaria”. “Tranquilidad, van a estar perfectamente atendidos”, ha insistido, señalando también que “se seguirá trabajando en prevención y reinserción” y concluyendo que el traspaso de competencias debiera ser “una alegría para el sector” porque el asunto está “por fin en su sitio”.