La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha decidido emprender, de oficio, una actuación “en garantía de los derechos” del alumnado con necesidades especiales debido a sus patologías crónicas o de cuidados paliativos. Como ya informó elDiario.es Andalucía, hace justamente un año se aprobó un protocolo de colaboración entre las consejerías de Salud y Educación que establecía condiciones seguras para la escolarización de estos menores. El curso acabó sin que se implantara y las familias, a unas horas de la apertura de las aulas, siguen pendientes de qué pasará con sus hijos o hijas al no tener novedad alguna de si los centros educativos donde se encuentran escolarizados dispondrán de un profesional de la enfermería.
Por eso la Defensoría ha interesado al departamento de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la emisión de informes y de documentación que estime oportuna “para el esclarecimiento del asunto en cuestión”, preguntando directamente por “el diseño de apoyos que dispone estos alumnos respecto a las atenciones sanitarias que están dispuestas en los centros educativos y su coordinación con las respuestas educativas que tiene dictaminadas los menores”.
La falta de condiciones seguras para que un total de 64 niños y niñas vayan al colegio sin poner en peligro sus vidas es, a día de hoy, “una promesa incumplida”, denunciaron recientemente padres y madres. Sabiendo que las actuaciones enmarcadas en las políticas de educación para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales ocupan un lugar de singular atención para la Defensoría, la iniciativa recuerda que existe “un claro y reciente precedente a través de quejas de oficio”.
La Defensoría, a ese respecto, apunta que fue informada por parte de la Junta de los trabajos de elaboración y redacción final de aquel protocolo y que “fue repetidamente solicitado desde esta institución sin poder acceder a su contenido”, denuncia Maeztu, que detalla que “solo por otras vías, pudimos acceder a su contenido textual ya en el primer trimestre de 2024”.
Fuentes de las consejerías de Salud y Desarrollo Educativo han sido consultadas respecto a la actuación de oficio de la Defensoría y a la última hora de esta situación. Fuentes del departamento dirigido por Carmen Castillo tan solo apuntan que “se aprobó un protocolo para dotar del recurso sanitario necesario que estimen los técnicos de Salud a este tipo de alumnado”.
Tras las reivindicaciones, como suele suceder, hay nombres. Dylan, por ejemplo, es un niño de seis años con una mutación en el gen R1 que no ha podido asistir al colegio y ha tenido que aprender a leer mediante un juego en la tablet. “Dylan es un niño muy inquieto y con muchas ganas de aprender”, relató su madre, Nazaret Córdoba. Natural de La Línea de la Concepción, escucha cómo su hijo pregunta todos los días cuándo podrá ir al colegio. Y le resulta difícil explicarle que eso no depende de ella, sino de la administración.
Dylan, a diferencia de otros niños, tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una visita al Parlamento organizada el pasado 27 de julio de 2023. Esa visita culminó, cierto, en la aprobación del mencionado protocolo. Pero Dylan y otros niños no han visto cómo se hace efectivo dicho acuerdo. Dylan continúa aprendiendo por su cuenta en casa.
“Pero entonces, ¿qué pasa con nuestros niños?”. Esta pregunta resuena entre los padres y madres que se han organizado para reclamar esta atención. Están “desolados” y “desesperados” porque ven cómo, mes a mes, sus hijos “se quedan atrás”. La frustración crece mientras el sistema educativo parece avanzar sin ellos. “¿Estamos realmente garantizando el derecho a la educación para todos, o estamos dejando a algunos niños fuera?”, se cuestionó Anabel Ballesteros, madre de Máximo, un niño con atrofia muscular espinal tipo 1.
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