“Podemos llegar a buenos puertos o a muchos dramas”. Quien tan ambiguamente se pronuncia es Driss El Yazami (Fez, 1952), presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos. Pero son los derechos humanos los que están en juego. El Yazami ha participado estos días en Sevilla en el Foro Tanmía sobre “la diversidad cultural y los puentes para el diálogo”, organizado por la Fundación Tres Culturas. Tras su intervención, donde apostó por “reforzar el pluralismo” y “acabar con las trabas culturales y los prejuicios”, entre otras cuestiones, atendió a eldiario.es Andalucía sobre otras cuestiones más peliagudas como la gestión de los límites fronterizos y los flujos migratorios.
¿Cuál es la actual situación en la frontera entre España y Marruecos?
Es un tema muy sensible y muy debatido pero si comparamos esta situación con la del resto del planeta en ese mismo sentido es una situación bastante normal. Las vías legales de la inmigración están paradas en casi en todo el mundo entero y los movimientos de inmigración ilegal se desarrollan con intentos de franqueo de las fronteras sean cuales sean, en este caso la frontera hispano-marroquí.
¿Cómo ha evolucionado el flujo migratorio entre ambos países?
Europa ha ayudado a España y ha gastado mucho dinero para asegurar su frontera, con todo el programa Frontex, por ejemplo. También ha hecho un esfuerzo enorme el Gobierno de Marruecos. Y por todo eso, si lo miramos a largo plazo, vemos que los intentos de inmigración han disminuido. Hoy día, marroquíes o subsaharianos que tienen dinero o que quieren entrar en Europa disponen de la línea Casablanca-Estambul. Hay dos vuelos diarios. A los marroquíes no les hace falta el visado para Turquía y entran por ahí. Las pateras, por ejemplo, casi han desaparecido por eso. El tráfico de seres humanos se ha desarrollado mucho a nivel internacional y genera más dinero incluso que el tráfico ilegal de armas. Las redes que ayudan a franquear son cada vez más violentas, utilizan medios más sofisticados. A España y a Marruecos les interesa mucho amplificar nuestra cooperación.
¿En qué políticas migratorias trabaja Marruecos actualmente?
Marruecos inició una política de integración de inmigrantes en septiembre de 2013, con una gran operación de regularización. El 92% de las personas que han presentado una demanda en ese sentido han conseguido los documentos. Por tanto, se quedan en Marruecos y, si quedan integrados, no van a intentar pasar al otro lado. Pienso que es una operación conforme a los derechos humanos pero es difícil también porque pasa por el alojamiento, la formación profesional, una buena escolarización de los niños,...si queremos evitar después otros problemas.
¿Qué tipo de problemas?
Hemos de tener en cuenta que tenemos que desarollar esta política de integración en un país que ya tiene sus problemas económicos y sociales y que tiene que integrar también a su propia juventud. Hay 200.000 jóvenes marroquíes que llegan anualmente al mercado laboral cuando se crean aproximadamente 100.000 puestos de trabajo. Es decir, siempre la mitad se queda fuera del mercado laboral. Estratégicamente, España y Europa tienen mucho interés en que esta operación de integración funcione en Marruecos, y hay medios de poder desarrollarla con programas de cooperación en ese ámbito, con una buena política de integración aprovechando desde Marruecos las buenas prácticas española, francesa, belga o irlandesa para no cometer errores.
¿Qué le parece que el Gobierno español haya regulado las llamadas 'devoluciones en caliente'?
Desde el punto de vista internacional es una práctica ilegal. Además, por desgracia, todos los gobiernos europeos, incluido el español, no han firmado ni ratificado los principales textos internacionales de protección de inmigrantes de Naciones Unidas. El convenio habilitado para ello solo lo han suscrito los países del sur. Zapatero lo intentó cuando tuvo la presidencia europea pero hubo un rechazo absoluto. Es una situación paradójica: los países del norte que están dando lecciones sobre los derechos humanos no han firmado el texto internacional de protección de inmigrantes que sí han firmado los países del sur. Al firmar ese documento, se ha de presentar de manera periódica un informe al comite de expertos independiente de Naciones Unidas, que evalúa las políticas de los países en esa materia. Como España no lo ha firmado, no está sometida al juicio de los expertos. Pero nosotros en septiembre de 2013 presentamos nuestro informe y tuvimos que dar cuenta de ello.
Se ha denunciado en varias ocasiones la represión policial contra subsaharianos en los campamentos de alrededor de Ceuta y Melilla por parte de las fuerzas auxiliares marroquíes, incluso hace poco dos inmigrantes cameruneses murieron asfixiados en una cueva ¿Qué hay de todo esto?murieron asfixiados en una cueva
En el informe que nosotros publicamos en 2013 dijimos claramente que el Gobierno marroquí, como cualquier otro, tiene derecho reconocido a vigilar la frontera y a impedir todo cruce ilegal. También dijimos al mismo tiempo que había un uso excesivo de la fuerza. Esa fuerza también es legítima por parte de la policía pero su uso debe ser proporcional al hecho que se quiere impedir. También hemos visto que algunos cruces de la frontera se hace de forma violenta por parte de los inmigrantes, aunque eso no puede disculpar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía marroquí desde nuestro punto de vista como Consejo de Derechos Humanos que somos.
¿Por qué cree que ningún subsahariano llega a las oficinas de asilo fronterizas de Ceuta y Melilla?
Honestamente, no tengo información sobre eso, pero me gustaría conocerla.
Pues Acnur ha dicho recientemente que ninguna persona de origen subsahariano ha logrado acceder a esas salas para tramitar en ellas una solicitud de asilo porque la policía marroquí impide su aproximación al entramado fronterizo.ninguna persona de origen subsahariano
Nosotros mantenemos relaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, instalado precisamente en Marruecos. Una de las consecuencias de nuestro informe fue la reapertura de la oficina de asilo de Marruecos, que estaba cerrada. Antes de este informe de 2013, era al Alto Comisionado el que recibía las demandas de asilo. De todas formas creo que una nueva ley sobre el asilo debe ser debatida por el parlamento marroquí. Desde el punto de vista de los derechos humanos, todo solicitante de asilo que está en Marruecos debe garantizársele el acceso al sistema de asilo marroquí. No mandarlo a pedir asilo a España o a Francia, sino que es Marruecos el que está obligado a ello y el que debe asumir su responsabilidad en términos de asilo.
¿Qué sabe del caso de Esteban Velázquez, un sacerdote español al que Marruecos ha expulsado recientemente?Esteban Velázquez
No lo sé... Ah, sí, lo leí en la prensa pero no le conozco personalmente.
Le impidieron la entrada a su territorio y le quitaron la tarjeta de residencia marroquí después de años de trabajo con los subsaharianos y críticas también a la gestión de la frontera España-Marruecos .
Hay organizaciones de religiosos españoles que están haciendo cosas con los inmigrantes. Trabajamos y colaboramos con muchos de ellos, en Tanger, en Nador y en Alhucemas. Creo que en general hacen muy buen trabajo pero no conozco ese caso concreto.
¿Qué le parece, desde el punto de vista de los derechos humanos, que Bélgica haya cerrado su frontera con Francia para impedir el paso de miles de refugiados provenientes del campo de refugiados de Calais?
No estamos ante un nuevo flujo de migraciones sino ante una crisis internacional del derecho de asilo. Es el mayor movimiento de población pidiendo asilo desde la II Guerra Mundial. De forma mayoritaria, las poblaciones que buscan asilo tras una guerra civil en África o en Oriente Medio, van primeramente a los países del sur, del Mediterráneo. Hoy en día, los sirios están en Líbano, Jordania o Turquía, no van hacia España o hacia Europa. En África central ocurre lo mismo y las personas que huyen de los conflictos están en las fronteras de esos países. En la guerra de Afganistán, la mayoría de los afganos estaban en Pakistán y en Irán. La comunidad internacional, aunque algunos países tienen más responsabilidades que otros porque tienen más medios, tiene obligación de acogerlos, lo dice la convención de Ginebra. Hay que actuar, desde el punto de vista político, en el origen del conflicto, en este caso a Siria.