En el último momento, con los enseres recogidos, los muebles en la calle y lágrimas en los ojos, llegó la solución: desahucio paralizado 'in extremis'. Una familia de siete miembros (dos de ellos menores) vivía sus últimos momentos en la que era su vivienda en Coria del Río (Sevilla). Al final, con la intermediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el apoyo del ayuntamiento local (del PA), el desalojo forzoso ha quedado paralizado... hasta septiembre.
María del Carmen Lozano (45 años) recibía la noticia con extrema emoción. La deuda acumulada le había hecho perder un piso ya subastado y vendido por el banco. Compraron el inmueble en 2006 y llevan dos años sin pagar la hipoteca. Con todos los miembros de la familia en paro, la tensión crecía los últimos meses ante la amenaza latente del alzamiento. Momentos críticos que estallaban poco después de la hora fijada para el desahucio, las 10 de la mañana, cuando desde el ayuntamiento comunicaban la noticia: “aquí no se va a presentar nadie del juzgado”. “¿Se ha parado?”, preguntaba María del Carmen, que rompía a llorar al oír la respuesta afirmativa mientras decenas de personas congregadas en torno al domicilio coreaban el 'grito de guerra' de la marea verde: “Sí se puede”.
Ahora intentarán convertirse en la primera familia en acogerse a la nueva normativa andaluza antidesahucios. La Junta de Andalucía pretende comprar a la banca los pisos de desahuciados para destinarlas a viviendas sociales. Un instrumento legal que se limitará a casos concretos en los que se cumplan unos requisitos socioeconómicos aún no fijados. Es la forma en que el Ejecutivo regional pretende paliar los efectos del drama social de los desalojos después de que el Tribunal Constitucional negara la posibilidad de expropiar inmuebles a los bancos.
“No tenemos nada”
Mientras, María del Carmen y su familia enfrentarán con ánimo diferente unos trámites burocráticos que, a través de los Servicios Sociales municipales de una localidad declarada 'libre de desahucios', depararán en una nueva negociación judicial. Y también en un nuevo domicilio bajo precio de alquiler social.
“No tenemos nómina ni nada, así cómo vamos a pagar ni cómo íbamos a conseguir aval para alquilar nada”, dice María del Carmen Lozano. En su casa se quejan de la actuación “del abogado de oficio” asignado. Creen que pudiera haber sido más diligente en las comunicaciones “y haber hecho algo más”. La ayuda de la PAH, sostienen, “ha sido muy importante, sin ellos no lo hubiéramos conseguido”. Porque en la familia de María del Carmen todos conocían la situación: “el niño lo sabe todo, claro. Nada más verme a mi llorar y a su madre se puso a llorar diciendo que no quería que lo echaran de su casa”.
Momentos antes de la primera hora fijada para el desalojo compareció en la vivienda el alcalde de la localidad, Modesto González, y varios concejales electos, también de la formación Coria Puede. Tanto desde el ayuntamiento como desde la plataforma de afectados aseguran que desconocían el caso hasta pocos días antes del alzamiento previsto. Una vez realizadas las gestiones pertinentes, el plazo de la familia llega hasta septiembre. Una fecha en la que habrán tenido acceso a otra vivienda protegida en régimen de alquiler social.