Desahucios, obras paradas y acusaciones de 'enchufe': la política de vivienda de la Diputación de Granada
Concentraciones de Stop Desahucios a la puerta de la institución y ayuntamientos de municipios pequeños acusándola de incumplir compromisos. La empresa de vivienda y suelo de la Diputación de Granada, Visogsa, llega a la recta final del mandato con la oposición, PSOE e IU, denunciando una posible quiebra de la misma que la falta de transparencia de la misma no les permitiría contrastar, tramitando en los tribunales el desahucio de VPOs y con las obras de promociones de viviendas de alquiler social paralizadas desde 2011.
El principal frente se encuentra en el apartado de los desahucios, en concreto el de siete familias en régimen de alquiler en una promoción de más de 70 viviendas de protección oficial en el municipio de La Zubia, de la que alrededor de una veintena se encuentran habitadas de manera legal. Desde comienzos de 2014, la urbanización ha vivido diferentes protestas de Stop Desahucios también para defender a familias 'ocupas'.
Uno de los vecinos legales afectados, Isidro, apunta a que los ingresos mensuales que le da su trabajo “son de sólo 337 euros”, con los que deben vivir él y su hija de ocho años, mientras el alquiler esta en 401,5 euros. “Otros vecinos tienen la ayuda de 426 euros, pero aún así, ¿van a vivir con 25 euros al mes después de pagar el alquiler? No es que no queramos pagar lo que se debe, es que si tenemos que elegir entre eso y comer, pues preferimos comer”.
En su caso, le piden judicialmente la deuda total que acumula desde que dejó de pagar el alquiler, algo más de 3000 euros, y esta semana ha recibido un aviso que le da 15 días para ponerse al día. “Si en un mes no me da para pagar 400 euros, ¿cómo quieren que en la mitad de tiempo reúna siete veces más? Es absurdo. Me han llegado a decir cara a cara que si no tengo para pagar, que entregue las llaves. Pero tengo una hija, ¿me la llevo a dormir a la calle?”.
Parte de la indignación de Isidro y las otras seis familias amenazadas de desalojo por diferentes vías legales fue la respuesta, vía nota de prensa, del vicepresidente segundo y diputado de Medio Ambiente, José Robles, responsable de Visogsa, quién tras una de las concentraciones de Stop Desahucios afirmó que los procesos de lanzamiento sólo se han producido “en situaciones de ”ilegalidad manifiesta“ por ocupaciones o el uso de las viviendas para ”actividades ilícitas“.
Los vecinos no niegan que se ha producido ese tipo de situaciones, pero sí que se relacionen con las siete familias afectadas. Piden que se les aplique un alquiler social, del 20 por ciento de los ingresos familiares. A esto respondía Robles que para que sea posible legalmente “habría de cambiarse la calificación de estas viviendas, que son de protección oficial en régimen general para alquiler con derecho a compra, para que pasaran a ser consideradas como de renta básica”, una competencia que según él “corresponde a la Junta de Andalucía”.
Y añade que en caso “las familias que actualmente son beneficiarias de las mismas no podrían continuar viviendo en ellas automáticamente sino que, para que se garantizara el principio de igualdad de oportunidades, tendrían que volver a optar a las mismas en las mismas condiciones que otras familias que hubieran solicitado una vivienda protegida a través del registro de demandantes”.
Los vecinos afectados y Stop Desahucios creen que es una cuestión de “voluntad” y que si están llegando las notificaciones de lanzamientos o de solicitud de la deuda “demuestra que la empresa pública no tiene ningún deseo de negociar. No se han sentado con nosotros, no les hemos visto la cara”.
Robles también presumía de que durante el actual mandato “la única administración que ha construido VPOs es la Diputación de Granada”. Sin embargo estos mismos días el Ayuntamiento de Rubite reclamaba de manera pública la terminación de una promoción de 10 viviendas paralizadas desde finales de 2011. Dicho municipio, de apenas 500 habitantes y gobernado por el PSOE, tenía previsto desde mayo de 2008 la construcción de 10 VPOs para alquiler social en una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Diputación.
La colocación de la primera piedra fue el 9 de marzo de 2011, iniciándose las obras de manera inmediata. Sin embargo, a final de ese mismo año, y tras cambiar el gobierno de la Diputación, de la coalición PSOE-IU al PP en las municipales de mayo, se paralizaron hasta hoy. El actual gobierno municipal denuncia ahora que en todo este tiempo no ha recibido explicaciones y estudia pedir daños y perjuicios en los tribunales por incumplimiento del convenio de cesión de la parcela.
Todo esto, mientras sobre la empresa planean dos sombras: la de la posible quiebra, que han denunciado los grupos de la oposición en numerosas ocasiones a lo largo del mandato, y la de los presuntos “enchufes”. El pasado mes de octubre, el PSOE denunciaba la contratación del despacho de abogados del ex teniente de alcalde de Loja por el PP, Antonio Caro Derqui, después de que este dimitiese de sus cargos por desacuerdos con el regidor también popular, Joaquín Camacho. Si Caro Derqui no renunciaba a su acta, habría provocado la ingobernabilidad del municipio granadino.
Lo cierto es que aunque desde 2012 la actividad de la empresa pública se ha reducido casi a mínimos, siempre según los consejeros de PSOE e IU en la misma, se han seguido produciendo contrataciones y nombramientos de altos cargos. Asimismo, se han denunciado despidos de trabajadores con más de 25 años de antigüedad, recurridos en los juzgados, al tiempo que se incrementaba la plantilla en un 20 por ciento en los primeros años del mandato.
Además, este mes de febrero se ha hecho público que en 2013 la Diputación rechazó emprender acciones legales contra dos exempleados de Visogsa a los que la Fiscalía acusada de estafa y falsedad, y de hecho meses más tarde decidió readmitir a uno de ellos y pagar al otro varias cantidades por trabajos sin especificar. Durante el anterior mandato, el gobierno PSOE-IU los despidió por motivos disciplinarios que fueron ratificados en los tribunales cuando ambos extrabajadores recurrieron sus despidos. El PP no ha dado explicaciones por esta readmisión ni por qué no emprendió acciones legales cuando la víctima era la propia Visogsa.
