Los desahucios practicados en el primer trimestre de 2015 en Andalucía, que afectan a distintos tipos de inmuebles, no sólo a viviendas, alcanzaron los 2.857, lo que supone un repunte del 8,5 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto de España se realizaron 18.869 desahucios, un 2,1 por ciento más
Casi uno de cada cuatro lanzamientos practicados en el primer trimestre del año se produjo en Cataluña, que con 4.420 sumó el 23,4 por ciento del total; mientras que Andalucía se sitúa en segundo lugar, con el 15,1 por ciento del total, seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.793 (14,8 por ciento); y Madrid, con 2.253 (11,9 por ciento).
En el capítulo de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía se llevaron a cabo 4.990 hasta marzo, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto a las registradas en el mismo periodo del año pasado.
Las ejecuciones hipotecarias son los procedimientos tramitados en los Juzgados de Primera Instancia que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.
Los datos del CGPJ revelan que el número de procedimientos de este tipo bajó en el primer trimestre del año un 16,6 por ciento de media en el país y en todas las comunidades autónomas excepto en dos: Andalucía, a la cabeza de ese incremento y Galicia, que registró un aumento del 3,3 por ciento.
En conjunto se realizaron 20.201, lo que supone que en Andalucía hubo el 24,7 por ciento del total; seguidos por los 4.085 de Cataluña y los 3.289 de la Comunidad Valenciana.
La Junta acudirá a la UE para defender la Ley antidesahucios
La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, ha asegurado que la Junta “sí tiene legitimidad” para poder recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto-ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, llamado también decreto antidesahucios.
La consejera ha asegurado que la Junta “sí tiene legitimidad para poder recurrirla”, por lo que la Consejería “lo está estudiando”, de forma que “cuando los servicios jurídicos analicen la sentencia y crean que sí hay posibilidad de presentar el recurso lo haremos”.