Como el agua

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos

Bonito, ¿verdad? Suena bien. Claro y transparente como el agua. El párrafo anterior es el principio del preámbulo de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Aprobada, como todas las leyes, por el Congreso de los Diputados. Esta lo fue el pasado 28 de noviembre con el apoyo del PP y del espectro nacionalista (CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro), y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto. Significativa especialmente la negativa del PSOE por motivos “de contexto”, esto es, por la sombra alargada de Bárcenas, más que por desacuerdo con el texto normativo.

Como también es muy significativo que, 7 meses después el mismo Congreso de los Diputados que aprobara esta ley se niegue a dar información plena y veraz sobre el fondo de pensiones que la institución tiene contratado con el BBVA, según publica este mismo www.eldiario.es

Tras el miniescándalo del fondo gestionado por una SICAV en Luxemburgo para el Europarlamento, que ha supuesto la dimisión de Willi Meyer por coherencia con su propio programa electoral, era inmediato que las miradas se volvieran hacia la Cámara española.

También es curioso que no sólo el Congreso se resista a ejercer la transparencia en un asunto como éste, en el que hay de por medio fondos públicos, sino también que muchas de sus señorías no tengan ni idea de cómo o dónde están invertidos esos dineros. En definitiva, y como reza el propio artículo, se trata de un plan totalmente opaco y tampoco parece que se hayan interesado mucho nuestros representantes nacionales por averiguar algo.

Y todavía habrá quien se extrañe de la tan traída y llevada desafección ciudadana hacia la política. Porque ante la opacidad por un lado y la desidia por otro, sólo caben dos planteamientos: O bien se está gestionando nuestro dinero, el dinero público, el de todos, de mala manera y por eso no quieren que se sepa; o bien son tontos de remate y no sólo no lo saben sino que, para más inri, con la que está cayendo, son tan indolentes que tampoco lo quieren saber.

Cualquiera de las dos opciones es para salir corriendo.

Por cierto, en lo que sí que cayeron fue en retrasar convenientemente la entrada en vigor de algunos apartados de la Ley. En concreto, los capítulos sobre transparencia y acceso a la información no estarán vigentes hasta que no haya transcurrido un año desde la publicación en el BOE de la norma. Dos años en el caso de las comunidades autónomas y ayuntamientos, es decir, no tendrán que cumplir con lo establecido en la dichos apartados de la Ley hasta diciembre de 2015.

Casualmente, en esa fecha ya se habrán celebrado las elecciones locales y la mayoría de las autonómicas. Pues sí, otra casualidad. Demasiadas. Tantas, que esa sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación, hace tiempo que dejó de creer en casualidades.