El bienestar animal y su repercusión en las explotaciones

En los últimos años, la industria agrícola ha vivido un importante proceso de transformación estructural que ha dado como resultado políticas innovadoras encaminadas a hacer crecer el sector. Esta inversión en innovación y la apuesta por instaurar nuevos procesos está incidiendo positivamente en la imagen de la agricultura española. En todas partes se reconoce su fuerza y buen hacer, además de la calidad de nuestros productos y el cuidado que dispensamos a nuestros clientes.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha entrado en vigor el pasado 29 de septiembre. Este tipo de normas necesitan la aprobación de un reglamento correspondiente para que sean efectivas, algo que no se podrá conceder mientras el Gobierno se encuentre en funciones.

No obstante determinados sectores productivos se hacen eco preocupados por el impacto que esta regulación podría tener sobre las granjas, sobre todo sobre las medianas y pequeñas. Sin olvidar las cosas buenas que tiene esta nueva ley, otras quedan insuficiente y ambiguamente redactadas por lo que su aplicación puede ser no viable. Hemos de situarnos en el presente y evaluar el contexto actual, considerando todas las variables que inciden en cada una de las explotaciones agropecuarias de nuestro país.

Se está forzando el progreso a través de un ingente desarrollo normativo que afecta a las explotaciones, poniéndose en peligro, en no pocas ocasiones, la sostenibilidad económica de las empresas agrarias.

Su entrada en vigor ha creado incertidumbre en muchos de nuestros sectores productivos.

La prohibición de las jaulas en la producción en los sectores avícola, cunícola, y porcino, ha propiciado el análisis de las posibles consecuencias que la nueva “Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne” puede suponer, sobre todo en lo relativo a la prohibición de las jaulas en la producción de carne de pollo, conejo y cerdo.

La medida forma parte de las novedades introducidas por el Gobierno para velar por el bienestar de la cabaña ganadera e incluye, además, la modificación de los reales decretos sobre protección de animales de las granjas, relativos a la Unión Europea (UE).

Esta iniciativa supone un coste adicional de 140.000 euros para los productores de huevos si se redujera, como se propone, la densidad de población de pollos de engorde convencionales

En este sentido, los efectos no deseados son claros. Por un lado, esta iniciativa supone un coste adicional de 140.000 euros para los productores de huevos si se redujera, como se propone, la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kg/m2, por que, con ello, el número de aves en las granjas se reduciría en un 72% y la UE, por otro lado, solicitaría a los productores avícolas convencionales que realicen importantes inversiones en las granjas.

Antes de 2025, las explotaciones ganaderas tendrán que contar con un plan de bienestar animal que deberá ser supervisado por personal veterinario. Hay tres fechas clave: 2025 para los planes de bienestar animal, 2028 y 2030.

Ahora toca cuantificar el impacto de la modificación en la normativa de bienestar animal y alertar del problema económico y de abastecimiento que puede generar. Y al mismo tiempo mostrar a los consumidores la realidad de la ganadería en España, y las repercusiones que tendría en la inflación del precio de los alimentos por el aumento de los costes ganaderos.

El periódico británico Financial Times publicaba, citando como fuentes a varios funcionarios comunitarios, que la Comisión Europea estaba estudiando desechar las estrictas normas de bienestar animal que va a exigir a las granjas europeas, como la prohibición del uso de jaulas para ganado, la matanza de pollos de un día y la venta y producción de pieles. Y es que la Unión Europea ya es líder mundial en este ámbito, y aumentar las exigencias podría tener consecuencias indeseadas, y más en la tesitura económica en la que se encuentra Europa en general y la ganadería en particular.

Las normativas europeas en materia de bienestar animal podrían repercutir sobre los costes y los beneficios de los productores y en el precio de algunos alimentos para los consumidores.

De este modo, los costes de los productores de huevos podrían aumentar hasta en 140.000 euros y el precio de la carne de pollo podría triplicarse para los consumidores. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) elabora un informe para presentar a las autoridades comunitarias y españolas en el que se detalla el impacto económico y social que podrían llegar a tener las regulaciones que desde la UE se están aprobando al respecto. Se trata de trasladar a las administraciones estatales y europeas el impacto de la modificación en la normativa de bienestar animal y alertar del problema económico y de abastecimiento que puede generar. Y al mismo tiempo, mostrar a los consumidores la realidad de la ganadería en España y las repercusiones que tendría en la inflación del precio de los alimentos por el aumento de los costes a los ganaderos.

El incremento previsto supondría para la mayoría de los españoles convertir el pollo en un producto de lujo para las familias, que perderían la posibilidad de acceder a una proteína de muy alta calidad

Siguiendo los informes realizados, el precio de la canal se triplicaría, en el producto más consumido en España, que es la pechuga de pollo, podríamos llegar a los 15 € o 20 € el kilo, en la especie broiler, que es la más consumida.

Este incremento supondría para la mayoría de los españoles convertir el pollo en un producto de lujo para las familias, que perderían la posibilidad de acceder a una proteína de muy alta calidad, imprescindible para el desarrollo por ejemplo de los niños.

Esto pues provocaría que el 30% de la población que está en riesgo de pobreza, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), redujera ese mínimo de dos veces por semana en las que tiene acceso de media a una proteína de alta digestibilidad, como es la proteína de origen animal, al menos en el caso de carne de las aves.

El mayor impacto que veríamos si la Comisión Europea aplica las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en la ley de bienestar animal sería la reducción de la superficie útil de las granjas que tenemos hoy de casi un 30%.

Esto significaría que, de las casi 5.000 granjas disponibles, solo nos quedarían 3.592 granjas útiles. Con lo cual, para poder compensar y poder abastecer el mercado del pollo que se consume hoy se tendrían que construir alrededor de un 73% más naves. Esto supondría una inversión de 1.800 millones de euros, que nadie va a aportar porque ya no va a ser un negocio rentable, no serán sostenibles económicamente. Esto implica además que se fijaría menos población en el medio rural, que es una de las cuestiones de las que más hablamos en España.

Hablamos de un incremento de los costes, pero también de echar por tierra todos los avances en los cambios de genética que nos han permitido ser hoy mucho más productivos y garantizar la seguridad alimentaria. Estamos tirando 50 años de avance de selección tras la selección en cada una de las generaciones. Volver atrás nos llevará a tener más días los animales en las granjas, hasta un 50% más del tiempo que se requiere hoy en día.

El avicultor va a perder un ciclo al año y que, además, los costes por pienso, por agua, por electricidad, por gas o por las propias emisiones se van a incrementar, con lo cual no es nada sostenible ni responsable con el medio ambiente

Esto significa que el avicultor va a perder un ciclo al año y que, además, los costes por pienso, por agua, por electricidad, por gas o por las propias emisiones se van a incrementar, con lo cual no es nada sostenible ni responsable con el medio ambiente un pollo con peso de dos kilos y medio en canal al mercado.

Parecida casuística entraña hablar de otras especies como conejos o cerdos, cada una con sus peculiaridades y razones para argumentar a las autoridades el necesario equilibrio que ha de producirse, para armonizar los intereses de todas las partes implicadas. 

En materia de bienestar animal, los productores son los primeros interesados en que los animales estén bien todo el tiempo. Si un animal no está sano, si un animal no tiene agua, ni el alimento que requiere, si no tiene el espacio que necesita o las condiciones en las que se alojan no son adecuadas, simplemente el animal no produce, es decir, no es una producción sostenible.

En resumen, disponer de lugares permanentes de descanso con suelo uniforme, camas cómodas, secas y limpias, que garanticen el confort del ganado, con agua y alimento de calidad suficiente para cubrir sus necesidades, son algunas de las exigencias que tendrán que cumplir las granjas. También, disponer de instalaciones con ventilación y temperaturas adecuadas y tener disponibles equipos y materiales para prevenir lesiones de ubres y contaminación de leche. Además, los terneros de más de ocho semanas no se mantendrán en recintos individuales, salvo recomendación veterinaria.

Para unos, las exigencias normativas de esta ley traspasan los límites de lo que podría llamarse protección animal y consideran sobredimensionados los derechos de los animales, mientras que para otros las medidas se quedan cortas y critican especialmente que no beneficien a animales tan castigados como los perros de caza.

Ahora toca la redacción del reglamento de aplicación que ha de hacerse con consenso, ya que si las cosas no se consiguen por consenso de todas las partes el éxito será relativo.

En los últimos años, la industria agrícola ha vivido un importante proceso de transformación estructural que ha dado como resultado políticas innovadoras encaminadas a hacer crecer el sector. Esta inversión en innovación y la apuesta por instaurar nuevos procesos está incidiendo positivamente en la imagen de la agricultura española. En todas partes se reconoce su fuerza y buen hacer, además de la calidad de nuestros productos y el cuidado que dispensamos a nuestros clientes.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha entrado en vigor el pasado 29 de septiembre. Este tipo de normas necesitan la aprobación de un reglamento correspondiente para que sean efectivas, algo que no se podrá conceder mientras el Gobierno se encuentre en funciones.