España camina hacia un olivar sin agricultores

El olivar es un pilar fundamental de la agricultura española, porque España es un país con una gran tradición olivarera. La relevancia económica del sector no debe eclipsar su también enorme importancia social, ambiental y territorial.

En superficie el olivar ocupa 2,75 millones de hectáreas y está presente en el centro-sur y este de la península, aunque la Comunidad Autónoma productora por excelencia es Andalucía, donde se centra el 60% de la superficie dedicada a olivar, seguida de Castilla La Mancha con un 16% y de Extremadura con 10%.

La entrada de los fondos de inversión en el campo es un fenómeno del que llevan alertando desde hace algunos años agricultores de toda España. Si bien es un asunto que divide a las distintas organizaciones profesionales agrarias.

Si el nuevo modelo de oligopolios corporativos se impone en el sector, España camina hacia un olivar sin agricultores.

A nivel general, la compraventa de fincas rústicas ha experimentado un aumento significativo, con un incremento del 20% en comparación con 2019. Este auge está siendo liderado por grandes fondos de inversión especulativos, tanto nacionales como extranjeros, que buscan cultivos atractivos como los leñosos (caso del olivar) y súper alimentos. En la actualidad, en la Península Ibérica más de 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100 mil millones de euros.

En el caso concreto del olivar, de forma especial en Andalucía, el proceso de uberización ha sido uno de los factores que ha influido en la reducción sustancial del número de explotaciones; en los últimos 20 años se han perdido el 59% de las mismas (de 602.250 en 1999 a 247.318 en 2020), mientras que la producción de aceite de oliva ha crecido un 65%.

Los fondos de inversión especulativos han puesto el foco en el “oro líquido español” y acaparan ya las mejores fincas de regadío. Este proceso está poniendo contra las cuerdas a los olivareros profesionales, frenando la incorporación de jóvenes e hipoteca el desarrollo del medio rural y la lucha contra el cambio climático.

La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias, como está pasando en otras partes del mundo como Argentina y Brasil.

Juan Luis Ávila, responsable del sector olivarero de la Organización Agraria COAG afirma en un estudio realizado recientemente, que las explotaciones olivareras han tenido que optimizar sus recursos, adaptándose a las nuevas exigencias climáticas, y aquellas que cuentan con recursos hídricos han sido capaces de mejorar notablemente su productividad.

La valoración de las tierras con permiso de uso del agua ha generado un interés económico, dando paso a un proceso de especulación que afecta principalmente a las pequeñas y medianas explotaciones, que carecen de recursos para competir con grandes inversores.  

Dentro de este proceso de uberización del olivar español, el grupo Atitlan fue uno de los pioneros en la inversión en el sector del olivar bajo la enseña Elaia. Desde el año 2007, esta entidad desarrolló una apuesta inversora en el sector agrario que se fue concretando en la explotación de más de 20.000 has de cultivos en España, Portugal y Marruecos. Una parte de ellos, eran fincas de olivar que han sido vendidas en 2022 al grupo De Prado, generando un beneficio de más de 73 millones de euros.

El Fondo de Capital Riesgo Beka & Bolschare Iberian Agribusiness comenzó su andadura en el sector en  2021 y está destinado a gestionar y desarrollar plantaciones agrícolas, principalmente olivar, aguacate y almendro. Cuenta con más de 1.500 has de plantaciones super-intensivas en Portugal y Castilla la Mancha, algunas de ellas con certificación ecológica, y almazara propia.

En abril de 2022, la administradora de fondos SLM Partners, que opera a nivel mundial y gestiona más de 300.000 has, compró 300 has para la producción de almendra, pistacho y olivar en Murcia. La operación se realizó a través del fondo Silva Europe Fund, de 250 millones de euros.

En 2023, Fiera Capital, fondo de inversión canadiense con más de 120.000 millones de dólares en activos bajo gestión, ha adquirido Innoliva, empresa que ya contaba con 8.000 has de olivar en Extremadura y el Alentejo, 2.000 de ellas ecológicas.

Otras firmas de capital privado, como Miura Partners, han apostado por el sector en otros eslabones de la cadena del olivar. En 2023, alcanzaron un acuerdo de asociación con Cándido Miró, compañía líder en la producción de aceitunas de mesa y conocida comercialmente por su marca Serpis, y fundaron la enseña Olive & Co, una sociedad dedicada a consolidar el mercado de aceitunas, encurtidos y snacks saludables.

Otro caso paradigmático en este ámbito es el de CVC, que en 2014 se convirtió en dueño de Deoleo, empresa propietaria de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, y que aún continúa al frente de esa entidad, a pesar de los intentos de venta que ha realizado en los últimos años.

Pero no sólo fondos de inversión llegan al sector del olivar. Los grandes capitales también ponen el foco en el mismo y, en ocasiones, saltan a la palestra por presuntos daños ambientales en sus macro-explotaciones. En octubre de 2023 la Fiscalía se querellaba contra el extorero El Litri por extraer 2.000 millones de litros de agua de manera ilegal junto a Doñana para regar su finca de 360 has de olivar.

También en esas fechas, la Fiscalía denunciaba a una empresa de la Casa de Alba por un posible delito contra el medio ambiente relacionado con la detracción ilegal de agua en Doñana para el riego de 200 has de cítricos y olivar superintensivo.

Los fondos de inversión han mostrado su interés en los últimos años en el sector agrícola, transformando poco a poco el panorama empresarial y marcando “las reglas del juego”.

La Unión Europea se entrega a la gran distribución a los mercados, y está olvidando al modelo profesional, imprescindible para el relevo generacional.

Y es que, precisamente, el olivar, por su gran atractivo económico (el aceite de oliva siempre ha sido un sector rentable), así como su extensión (en Andalucía supone más de 1,5 millones de hectáreas), está en el punto de mira de los grandes fondos de inversión.

Un olivar sin agricultores no tiene sentido. El valor añadido debe quedarse en nuestros pueblos, generando empleo y riqueza, un cultivo esencial para la economía y el tejido social de nuestra tierra.