Las 'fake news' del derroche autonómico

Según un estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la empresa de análisis Simple Lógica, casi ocho de cada diez españoles no sabe distinguir un bulo de una noticia verdadera. Y aún más preocupante: los encuestados ni siquiera intuyen el peligro de ser engañados: están convencidos de que es imposible darles gato por liebre. Es el caldo de cultivo perfecto de las 'fake news', que tan a fondo van penetrando en nuestra cultura política y en la opinión pública. Tanto que llega un punto en el que es inútil insistir en la versión auténtica, en los datos contrastados: paradójicamente, martillear con la verdad parece a menudo ayudar a que se imponga una realidad alternativa.

Esta semana, el Gobierno ha hecho públicos los datos de déficit de 2017, que confirman que España ha cumplido, aunque por los pelos, con las condiciones de los hombres de negro de Bruselas. El déficit del Estado (es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos) se ha cerrado en el 3,07%, apenas unas centésimas por encima del objetivo del 3% que se había fijado. No habría sido posible sin los ayuntamientos, que han cerrado el año de nuevo con superávit, es decir, con dinero de sobra. Ni tampoco sin las comunidades autónomas, que se han ajustado dolorosamente el cinturón para ceñirse a los límites impuestos por Hacienda.

Gobiernos locales y autonomías, y no es la primera vez, le han salvado la cara ante Bruselas al Gobierno, que ha sido la única administración que ha incumplido los objetivos de déficit. Y eso que, cumpliendo el dicho de que “quien parte y reparte se lleva la mejor parte”, se ha impuesto en los últimos años límites de déficit mucho más relajados que para el resto. No se nos fueran a estresar los ministros. El Gobierno sigue apretando el corsé a las administraciones que más cumplen, mientras aprovecha esa holgura financiera para hacer regalos electorales, como las rebajas de impuestos o la subida de pensiones que prometen los nuevos presupuestos.

Pero todo esto da igual. Salga usted a la calle y pregunte de quién es la culpa de que Bruselas mire nuestras cuentas con lupa. Pida usted a un ciudadano común que dibuje el mapa del despilfarro y la corrupción. Ponga usted la tele un domingo por la noche y déjese escandalizar, otra vez, por los abusos de la política autonómica y municipal, aunque el relato tenga un sospechoso olor a naftalina.

A usted no pueden engañarle: ahí están los auténticos malos de la película, a los que el ministro Montoro ha conseguido meter en vereda, después de amenazarles con medidas drásticas. ¿Quién quiere oír hablar del rescate de la gran banca? ¿De los acuerdos que blindan a las eléctricas? ¿De la alfombra roja a los planes de pensiones privados? ¿Quién quiere preguntarle a Montoro por qué el Gobierno es la única administración que no cumple el déficit, cuando podemos seguir hablando del derroche de presidentes regionales y alcaldes? ¿De la ruina a la que nos arrastra el Estado autonómico?

Según un estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la empresa de análisis Simple Lógica, casi ocho de cada diez españoles no sabe distinguir un bulo de una noticia verdadera. Y aún más preocupante: los encuestados ni siquiera intuyen el peligro de ser engañados: están convencidos de que es imposible darles gato por liebre. Es el caldo de cultivo perfecto de las 'fake news', que tan a fondo van penetrando en nuestra cultura política y en la opinión pública. Tanto que llega un punto en el que es inútil insistir en la versión auténtica, en los datos contrastados: paradójicamente, martillear con la verdad parece a menudo ayudar a que se imponga una realidad alternativa.

Esta semana, el Gobierno ha hecho públicos los datos de déficit de 2017, que confirman que España ha cumplido, aunque por los pelos, con las condiciones de los hombres de negro de Bruselas. El déficit del Estado (es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos) se ha cerrado en el 3,07%, apenas unas centésimas por encima del objetivo del 3% que se había fijado. No habría sido posible sin los ayuntamientos, que han cerrado el año de nuevo con superávit, es decir, con dinero de sobra. Ni tampoco sin las comunidades autónomas, que se han ajustado dolorosamente el cinturón para ceñirse a los límites impuestos por Hacienda.