Las “imprudencias” de Alaya (II)

Cuando se desarrolló la Operación Heracles de la Guardia Civil, en marzo pasado, publicamos en este blog un artículo que daba detallada cuenta de las coincidencias temporales ente las decisiones de la jueza Alaya en la investigación del caso de los ERE y determinadas actividades del Gobierno andaluz. Este martes, 10 de septiembre, la instructora ha rizado el rizo y, con las sillas de los exconsejeros aún calientes, ha marcado el camino judicial para que Chaves, Griñán y hasta cinco ex consejeros (entre ellos, dos de los que traspasaban su cartera) sean imputados en la causa por su presunta participación en los hechos que investiga desde hace dos años y medio. Si en esta ocasión no cabe hablar de “imprudencia” como tal, pues no nos encontramos en período electoral ni preelectoral, es innegable la casualidad o su puntería a la hora de dictar algunas resoluciones, valga la coincidencia.

Más allá de las dudas jurídicas del auto y las 'jurisprudencias', Alaya ha aguado el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, en manos desde hace solo unas horas de Susana Díaz. Los consejeros, minutos después de acceder formalmente al cargo, en lugar de indicar cuáles serán sus prioridades en la nueva etapa que se abre para luchar contra la crisis desde Andalucía, han tenido que comentar (o así se lo pedía la prensa en el mismo Palacio de San Telmo) la decisión de Alaya de señalar con el dedo a siete ex altos cargos del Ejecutivo, entre ellos nada menos que dos expresidentes, aforados en todos los casos y que impide una imputación formal por parte de la jueza instructora, que deja en manos de un tribunal superior tal posibilidad.

La de este martes no ha sido la única coincidencia temporal entre los escritos que parten del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y los movimientos de la Junta o del PSOE. Entre las más recientes, las del pasado julio. El día 2 de dicho mes, Alaya imputaba a una veintena de altos y exaltos cargos de la Administración andaluza, entre ellos Magdalena Álvarez como referente más destacado. Esa misma noche, el Comité Director del PSOE-A, convocado de manera extraordinaria, ratificaba el proceso de primarias socialistas en la comunidad autónoma. Griñán decía que “nada ni nadie” iba a condicionar la agenda del PSOE. No le hizo falta especificar más. Semanas más tarde, a finales de julio, unas horas después de que Susana Díaz celebrara su nombramiento como única candidata a la Junta, Alaya estaba tomando declaración al exinterventor general Manuel Gómez que, como se preveía, no dejó en demasiado buen lugar a José Antonio Griñán, entonces aún presidente.

Uno de los objetivos que se había propuesto Díaz en la conformación de la nueva Junta, tal y como apuntaban las rumores y finalmente así ha sido, era desterrar cualquier sombra de los ERE sobre los integrantes del remozado Consejo de Gobierno. Si cinco han sido los nuevos consejeros que estrenaban tal responsabilidad, cinco también son los que la jueza ha apuntado este martes en su auto, a pesar de que algunos de ellos ya habían sido mentados en varias ocasiones, tanto en los informes de la Guardia Civil como en los autos de la propia jueza.

El recién exconsejero de Economía, Antonio Ávila, era de los que, a priori, menos podría tener que ver directamente con los hechos que se investigan, ya que accedió al cargo en mayo de 2012. Hasta última hora, por la complicada gestión de su vasta Consejería, y la cercana aprobación de los presupuestos autonómicos, se dudaba si continuaría en el Ejecutivo o si su salida se pospondría hasta dentro de unos meses. O en la Junta han presumido su inminente 'imputación' o han estado ávidos en que no se relacionara ni de forma tangencial el caso con miembro alguno del actual gabinete. Martínez Aguayo era más fija en la línea de salida del Gobierno como previsible era que Alaya la señalara específicamente en alguna próxima resolución, como ha ocurrido este martes.

El caso es que la jueza, de cuyo informe sobre el desarrollo de las causas que investiga ha tomado conocimiento hoy el TSJA (precisamente), ha aguado el primer paso del nuevo Gobierno de Susana Díaz.

Cuando se desarrolló la Operación Heracles de la Guardia Civil, en marzo pasado, publicamos en este blog un artículo que daba detallada cuenta de las coincidencias temporales ente las decisiones de la jueza Alaya en la investigación del caso de los ERE y determinadas actividades del Gobierno andaluz. Este martes, 10 de septiembre, la instructora ha rizado el rizo y, con las sillas de los exconsejeros aún calientes, ha marcado el camino judicial para que Chaves, Griñán y hasta cinco ex consejeros (entre ellos, dos de los que traspasaban su cartera) sean imputados en la causa por su presunta participación en los hechos que investiga desde hace dos años y medio. Si en esta ocasión no cabe hablar de “imprudencia” como tal, pues no nos encontramos en período electoral ni preelectoral, es innegable la casualidad o su puntería a la hora de dictar algunas resoluciones, valga la coincidencia.

Más allá de las dudas jurídicas del auto y las 'jurisprudencias', Alaya ha aguado el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, en manos desde hace solo unas horas de Susana Díaz. Los consejeros, minutos después de acceder formalmente al cargo, en lugar de indicar cuáles serán sus prioridades en la nueva etapa que se abre para luchar contra la crisis desde Andalucía, han tenido que comentar (o así se lo pedía la prensa en el mismo Palacio de San Telmo) la decisión de Alaya de señalar con el dedo a siete ex altos cargos del Ejecutivo, entre ellos nada menos que dos expresidentes, aforados en todos los casos y que impide una imputación formal por parte de la jueza instructora, que deja en manos de un tribunal superior tal posibilidad.