Vivir a todo trapo con 480 euros al mes

Algo en lo que los gobiernos progresistas y conservadores apenas se distinguen, además de en sus políticas migratorias, es en el afán por que las personas desempleadas se sientan culpables, unos vagos que este sistema no va a tolerar. Si, como está previsto, esta semana la acabamos con nuevo gobierno, una de las primeras medidas que ya ha anunciado será un cambio en el modo en que esas personas perciben el subsidio por desempleo. Y no es un cambio inocente.

Ese subsidio únicamente lo perciben los parados sin derecho a una prestación por desempleo. Solo dura unos pocos meses, a no ser que el perceptor reúna circunstancias especiales, como por ejemplo tener a su cargo a un menor. En las circunstancias más habituales, el subsidio se extiende a lo largo de seis meses, y la cantidad a percibir es irrisoria: 480 euros al mes, el 80 % del IPREM, esto es, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Este indicador sustituye desde 2014 al SMI, sin que nadie haya explicado hasta la fecha de manera satisfactoria por qué, ni por qué un 80 %. Tengo la certeza de que solo hay un motivo: castigar al perceptor, culpabilizarlo, en suma, de su situación, como decía más arriba.

Con el cambio anunciado por el gobierno en funciones, y de acuerdo a lo pactado con Bruselas, a partir de ahora la cantidad total de ese subsidio será la misma, pero aumentará al principio para descender de forma gradual. La idea es que “al ver que la cantidad percibida se va reduciendo, el incentivo a buscar empleo aumenta”. No vaya a ser que una persona que durante unos pocos meses cobre 480 euros se acostumbre a la buena vida y se le quiten las ganas de buscar empleo. ¿Quién no sueña con darse la vidorra a costa de 480 euros al mes? Desde luego, ninguno de esos burócratas que en Bruselas han tenido esa magnífica idea mientras cobran 10 o 15 veces ese importe con sus sueldos mensuales.

La lógica subyacente es que en España sobra empleo y faltan trabajadores, aunque al mismo tiempo se recoge que la mayor parte de estos parados superan los 50 años, una edad de improbable reincorporación al mercado laboral

La cosa no acaba ahí. En la noticia, que más bien parece una tribuna de opinión por los juicios de valor que menudean, se admite que, en efecto, esos 480 euros suponen una cantidad tan magra para los perceptores que “solo se explica que puedan subsistir con tan poco teniendo otros apoyos o unas circunstancias que le exigen pocos ingresos. El uso de la economía sumergida podría ser uno de esos apoyos”. Ya no se trata solo de culpabilizar de su situación a los parados, sino ya de paso de criminalizarlos.

La cuestión de fondo, por consiguiente, como siempre ocurre con las políticas de empleo, desprende un tufo asqueroso a moralismo. Se adelanta que habrá casos en los que se podrá “combinar el SMI con el nuevo complemento”, aunque no dice cómo, y que eso “supondrá un fuerte estímulo para acceder a la economía reglada”. La lógica subyacente es que en España sobra empleo y faltan trabajadores, aunque al mismo tiempo se recoge que la mayor parte de estos parados superan los 50 años, una edad de improbable reincorporación al mercado laboral. Y verdaderamente sobra empleo, pero es de tan ínfima calidad, constituye una explotación tan descarada, que el gobierno solo ha encontrado una manera despreciable para que no queden vacantes esos puestos: facilitar el arraigo a los migrantes que los acepten, como ya comenté en otra ocasión.

Se diría que ahora la idea es, antes que dar papeles a nadie, obligar a esos mayores de 50 años a trabajar en jornadas insufribles en la hostelería, porque, ahí sí, como todo el mundo sabe, no hay “uso de la economía sumergida”. Pueden leer esta divertida crónica de un camarero malagueño al respecto. Y es que de eso es de lo que se trata y por lo que nunca oirán a Yolanda Díaz, si repite como ministra de Trabajo, ni una sola palabra sobre la renta básica: únicamente el trabajo nos dignifica como personas.

Eso no es economía: es moral.