Chaves y Griñán en el banquillo: guía para seguir el juicio del caso ERE tras siete años de instrucción

Seis años, 10 meses, y 23 días. Es el tiempo transcurrido desde que la jueza Mercedes Alaya incoara las diligencias previas 174/2011 (el 19 de enero de 2011) hasta el inicio este 13 de diciembre de 2017 del juicio de la primera de las decenas de piezas en las que se divide el caso de los ERE, la que sienta en el banquillo a 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos nada menos que dos expresidentes, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), y seis exconsejeros. Los tres primeros días de juicio (13, 14 y 15 de diciembre) serán para las denominadas cuestiones previas y el 9 de enero se reanudará con la declaración de los acusados (los expresidentes lo harán en penúltimo lugar), pero ¿qué es lo que ha hecho que se ponga en tela de juicio el funcionamiento de la Administración Pública en la comunidad autónoma andaluza durante diez años? ¿Hubo una trama organizada para quebrantar la normativa en la concesión de subvenciones en Expedientes de Regulación de Empleo? ¿Conocían tantos miembros del Gobierno autonómico el supuesto quebrantamiento de la legalidad? 

¿Qué se juzga? El 'procedimiento específico'

Más allá de la foto de este miércoles, lo que la justicia empieza ahora a determinar es el grado de culpabilidad, si lo hubiera, de cada uno de los acusados respecto a la conclusión a la que se llegó tras la instrucción de la causa; esto es, que entre los años 2000 y 2011 “se implantó y mantuvo” desde la Junta un procedimiento particular para “eludir” los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta y disponer partidas presupuestarias destinadas a priori a ayudas sociolaborales y a empresas pero que fueron objeto de un “reparto discrecional o, incluso, arbitrario” que, según concluyó la jueza Mercedes Alaya, generó al PSOE andaluz “réditos políticos y electorales”. 

El llamado 'procedimiento específico' se inició mediante modificaciones presupuestarias acordadas en el propio seno del Consejo de Gobierno de la Junta “bajo excusa de articular la respuesta ante los problemas que planteaban las situaciones de crisis económica y social de la región”, según la acusación. Los fondos estaban destinados en principio a ser distribuidos a través de subvenciones a empresas para financiar el coste del despido colectivo de trabajadores o de subvenciones a personas físicas afectadas por un ERE. Según la instrucción, con el fin de superar los límites que implicaban el régimen ordinario de concesión de ayudas excepcionales procedentes de la Consejería de Empleo, en la Junta se gestó un sistema que se saltaba el procedimiento legalmente establecido y que se desarrolló “con vocación de perpetuidad”.

El mecanismo fundamental de elusión del sistema consistía presuntamente en emplear el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, reconvertido en Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía -IDEA- desde 2004) como pagador de las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Consejería de Empleo, desde donde se presentaba la disposición de fondos a través de transferencias de financiación. Así, el control de la Intervención General de la Junta se limitaba a la comprobación de la existencia de saldo suficiente dentro del concepto presupuestario específico, a la de la emisión de la orden de traspaso hacia IFA-IDEA y a que todo ello se verificase conforme a un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de Tesorería.

Al ser IFA-IDEA una “mera caja de pagos”, no se le aplicaba el control previo que se le presuponía, es decir, se suprimía el control sobre la concesión de ayuda o subvención, que no se residenciaba ni en la Consejería (que se limitaba a controlar una transferencia de financiación) ni en IFA-IDEA (que controlaba una orden de pago de la propia Consejería, sin que se examinase en ningún caso el expediente que debía soportar la concesión. Las ayudas y subvenciones concedidas se situaban “en un ámbito de total opacidad”, según la conclusión a la que se llegó tras la instrucción iniciada por Alaya, por el que también deben responder altos cargos de las consejerías Hacienda, de Empleo y de Innovación.

En la aplicación del citado mecanismo se habría operado de distinto modo a lo largo del tiempo. Así, hasta el 18 de abril de 2000, las ayudas se concedían a través del programa 22E ('Administración de Relaciones Laborales'), que luego vino  a denominarse 31L a partir de 2002. Se crearon partidas ex profeso, operando modificaciones presupuestarias que nutrían el programa, como la denominada 'Transferencia al IFA en materia de relaciones laborales' durante los años 2000 y 2001. Ya desde julio de 2001 se actuó a través de un convenio entre Empleo y el IFA, que tenía por objeto la prestación de asistencia técnica permanente por parte del instituto pero que sólo sirvió como marco para los actos de disposición comentados.

Las acusaciones

¿Cuáles son las acusaciones que pesan contra los expresidentes de la Junta? A Chaves se le juzga por impulsar la “implantación” de ese procedimiento “irregular” para la distribución de ayudas y subvenciones, mientras que a Griñán se le acusa de que lo “mantuvo”. Según el juez Álvaro Martín, sustituto de Alaya en la instrucción, uno propició el presunto fraude y otro no hizo nada para desecharlo, concluyendo que cada uno de ellos “asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria”. En junio de 2015, Chaves y Griñán dejaron sus escaños en Congreso y Senado, respectivamente, justo cuando la jueza Alaya ascendía a la Audiencia de Sevilla.

La jueza Alaya considero en la instrucción que aquel sistema de ayudas “ideado” por la Junta se nutría de modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito de las transferencias de financiación, aprobadas en Consejo de Gobierno y motivo por el cual numerosos consejeros y directores generales se sientan también en el banquillo.

Paralelamente, la reciente declaración de Soledad Córdova, exdirectora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre 1991 y 2004 en una de las piezas desgajadas de la causa, ha dejado en el aire si la Junta actuaba bajo el mismo marco legal laboral del que presume el Gobierno para la concesión de ayudas directas a empresas.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de ellos. Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

A las 15 personas acusadas de malversación, la Fiscalía pide que respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda pública andaluza de 741 millones, es decir, el dinero en ayudas sociolaborales que se concedió en total entre 2000 a 2010 en el marco del programa 31L (antes 22E), no solo el defraudado.

La acusación particular que ejerce la Junta en el caso de los ERE ha solicitado el archivo de esta pieza del 'procedimiento específico' al entender que no hay “trama criminal” ni se creó tal procedimiento para eludir los controles. El PP andaluz, en este sentido, pide dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán, al incluir también en los acusados un delito de asociación ilícita.

Orígenes, cifras y división del caso

Las primeras prejubilaciones fraudulentas gestionadas en Andalucía se produjeron en los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007. En 2011 se descubrió la inclusión de los que desde entonces se denominaron “intrusos”, beneficiarios de prejubilaciones que nunca formaron parte de la plantilla de la empresa a la que la Junta concedía una ayuda.

La investigación avanzó y se diversificó, alcanzando un periodo de más de diez años y hasta una supuesta cifra de dinero defraudado superior a los 850 millones de euros. Alaya, cuando remitió al Tribunal Supremo su exposición razonada sobre el caso en julio de 2014, también daba esa cifra pero, ¿qué cantidad fue realmente defraudada?

Es una de las cuestiones más controvertidas en la causa y aún sin resolver, como los culpables concretos del fraude. Lejos del milmillonario “robo” del que hablaba el PP, un auto del juzgado de octubre de 2016 que archivaba una de las piezas del caso aludía a que existieron “legítimos beneficiarios” de las ayudas. “Durante una década y a través de un procedimiento cuestionado se han concedido numerosas ayudas, pero no todas carecen de causa justificada”, dijo la jueza Bolaños.

Fue la primera vez en esta larguísima instrucción que el juzgado del caso ERE hablaba a las claras de lo que ya adelantó el Tribunal Supremo: que no todo el dinero concedido con cargo al programa presupuestario investigado fue defraudado en perjuicio del erario público. ¿Existió malversación pese a que juzgadores, acusadores y defensores saben que parte de ese dinero está en última instancia en poder de los trabajadores de empresas en crisis que recibieron las ayudas? Otro aspecto que tendrá que determinar la sentencia. La cantidad que deberían devolver los 15 acusados por malversación se sitúa en más de 741 millones, según el último auto del juez Martín.

Alaya arrancó y centró la instrucción del caso de los ERE, manteniendo unida la causa. Pero la jueza María Núñez Bolaños, nada más aterrizar en el juzgado, acordó desgajar de la pieza matriz el denominado 'procedimiento específico' que ahora se empieza a juzgar, las supuestas sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las ayudas a las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago. Algunas de estas otras piezas ya están camino de juicio.

La jueza Alaya

Mercedes Alaya ha sido la auténtica pesadilla para la Junta de Andalucía durante los años de instrucción de los ERE. Los socialistas han considerado que la instrucción que ha llevado a cabo la jueza en la causa supuso una injerencia en la vida política andaluza. Ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos. A la jueza más conocida del país, amiga del juez en excedencia Juan Ignacio Zoido, ahora ministro, le sustituyó al frente del juzgado de los ERE María Núñez Bolaños, amiga del consejero andaluz Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Pero la ‘pata política’ del caso, la más jugosa o la más difícil de gestionar, según se mire, le tocó rematarla a Álvaro Martín, quien abrió en noviembre de 2016 el juicio oral contra los máximos responsables de la Junta.

Aquella bomba de Alaya al aguar la fiesta de estreno del Gobierno Díaz vino a ratificar de algún modo las coincidencias temporales ente sus decisiones y autos con determinadas actividades de la Junta desde que estallara el caso, allá por 2011, campañas electorales incluidas. “Nada ni nadie va a condicionar la agenda del PSOE. Nada ni nadie”, dijo el todavía presidente Griñán apenas un par de meses antes de ser 'preimputado', aquel terminó acuñado en los medios tras la decisión de Alaya de meterle en el charco de los ERE, principalmente como consejero de Hacienda. Pero la agenda sí fue condicionada, tanto como para hacer caer a dos expresidentes del PSOE y de la Junta. Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido por el escándalo.

Alaya, que hacía caer así a los más altos ocupantes de la cúspide de la pirámide a la que se había referido metafóricamente en sus autos, en alusión a los peldaños de la responsabilidad en el caso ERE, pidió un posterior y legítimo ascenso a la Audiencia  de Sevilla. Lo que pasó es que quiso estar en misa y repicando al quedarse con las macrocausas que venía instruyendo. Cuando el TSJA le concedió, hasta por dos veces, seguir con la joya de la corona (los ERE) y el delito societario del caso Mercasevilla, ambicionó demasiado y atacó sorpresivamente (por su aparente frialdad) a su sucesora y nueva titular del juzgado, con reproches personales y profesionales. A la contra, la jueza Núñez no se quedó callada y pidió prescindir de ella en un juzgado donde ya no iban a poder convivir con normalidad.

Desarrollo del juicio del 'procedimiento específico'

El juicio se celebrará en una sala de vistas ubicada en la cuarta planta del edificio de la Audiencia de Sevilla, que, dado el elevado de número de partes personadas en este procedimiento, ha sido sometida a una serie de obras para ampliar su capacidad. En ese sentido, el tradicional banquillo de los acusados ha sido sustituido por 22 sillas, una para cada uno de los acusados.

En el estrado, y además del tribunal, se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación popular en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.

El magistrado ponente del juicio es Juan Antonio Calle Peña (liberado para estudiar la causa desde hace meses) después de que la Sección Tercera de la Audiencia admitiera la recusación promovida por el PP-A y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado por sorteo como ponente del juicio.

Para el juicio se han acreditado más de 150 profesionales de 37 medios de comunicación locales, regionales, nacionales de prensa, agencias, radio, televisión e internet, según datos del TSJA.