El pasado 26 de noviembre, miles de andaluces se echaban a la calle para plantar cara al Gobierno del PP por la situación de la sanidad pública, contagiados por las movilizaciones en la Comunidad de Madrid, pero alimentados sobre todo por el convencimiento de que las cosas no van a tan bien en la materia como quiere hacer ver Juan Manuel Moreno. Y la excusa de la pandemia empieza a quedar lejos. La treintenta de colectivos convocantes, que quieren crear una plataforma, sí tiene una certeza: una deriva hacia cada vez más privatizaciones.
Cierto es que esta situación está llevando a que cada vez sean más los que confían su salud a una empresa. En Andalucía hay 1.835.876 asegurados con prestación de servicios sanitarios, a 31 de diciembre de 2021 (los datos de 2022 todavía no son definitivos). Según el último padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), había 8.472.407 andaluces en 2021, por lo que uno de cada cinco tiene ya seguro de salud privado.
Supone también 85.554 más asegurados en la sanidad privada que en 2020, un incremento de casi el 5%. Es más contenido que el que se registró entre 2019 y 2020, vinculado también a la irrupción de la pandemia, y que supuso que Andalucía sumara en un año casi 100.000 nuevos clientes de la sanidad privada, según las cifras que maneja la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa).
En cualquier caso, y a falta de conocer las cifras de este año que termina, sí se ha avanzado que el volumen de negocio ha crecido hasta septiembre de 2022 hasta un total de 7.915 millonse de euros, lo que supone un 7,30% más que en 2021 (7.376), en este caso con datos recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA). No los desglosa por comunidades autónomas, pero sí sigue situando a Andalucía en tercera posición. Por detrás de Madrid y Cataluña, que en cada caso tienen más de dos millones y medio de habitantes con un seguro de salud contratado, pese a tener menor población que Andalucía.
El sanitario fue también el sector que tiró del incremento del negocio de las aseguradoras. En este sentido, en el conjunto del país y en todos los ámbitos, sus ingresos por primas a cierre de septiembre de 2022 se situaron en 47.481 millones de euros, un 5,67% más que en el mismo periodo de 2021. El ramo de salud, las coberturas para empresas, así como los seguros de multirriesgos “son los que muestran un mayor dinamismo”, según ICEA.
Según el informe 'Sanidad privada: aportando valor. Análisis de situación 2021', elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), en la sanidad privada existe una enorme concentración ya que prácticamente las tres cuartas partes de las primas se las reparten cinco compañías: Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre.
Esta última nos avanza los datos de su negocio en Andalucía, que alcanzó en el tercer trimestre de 2022 los 705,2 millones de euros en primas, lo que representa un crecimiento del 3,6% respecto al mismo periodo de 2021. Esta comunidad autónoma representa el 12,5% del negocio total de Mapfre en España, según explican desde la aseguradora, que cuenta en la región con cerca de 1.300.000 clientes
“El ramo de salud ha sido uno de los negocios de Mapfre que ha experimentado mayor crecimiento este tercer trimestre (más de un 10%). Las primas procedentes de este ramo aportaron más de 100 millones de euros, alcanzando así los 187.000 clientes que cuentan con un seguro de salud de Mapfre en la región”, apuntan desde la compañía.
La secretaria de Institucional y Comunicación de CCOO Andalucía, Nuria Martínez, no cree que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 vayan a corregir la situación de la sanidad pública en Andalucía. Primero, matiza que el presupuesto de sanidad “no alcanza el 7,4% del PIB” como defiende el Gobierno del PP. “Es una distorsión de la realidad ya que está inflado por privatizaciones, derivaciones a la sanidad privada y el gasto farmacéutico descontrolado”, indica.
En términos parecidos se expresa el secretario de Institucional de UGT Andalucía, Óskar Martín, quien critica que el epicentro de la política presupuestaria de la Junta de Andalucía “gira en torno a la reducción de impuestos, algo que consideramos contrapuesto a la posible prestación de unos servicios públicos de calidad”.
Germán Girela, CSIF Andalucía, habla de un “descenso en 16.000 efectivos de la sanidad”, si se compara la plantilla media del segundo trimestre de 2022 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la de 2021. Rechaza también la apuesta por las “externalizaciones”, porque implican “un protaganismo cada vez mayor de la sanidad privada en detrimento de la pública”.
Pero hay otros puntos de vistas, como el que expresan desde la Unión Médica Profesional. Los médicos de la sanidad privada, como explica el presidente de la entidad, Ignacio Guerrero, inician el día 23 paros un día a la semana, primero en Sevilla para ir extendiéndose a Andalucía y resto de España.
“El motivo de las protestas es el abuso y la imposición de las compañías aseguradoras, que mantienen congelados unos baremos que deberían ser transparentes y conocidos para que los propios pacientes/asegurados los juzguen. Y que entiendan que pagar entre 6 y 15 euros de media por una consulta médica es indigno y contrario a la calidad mínima exigible”, resume.
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