El Consejo de Gobierno se ha favorable este martes a la toma en consideración, lo que ocurre por primera vez con una iniciativa legislativa de Podemos, de la proposición de ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI) y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. presentada el pasado mes de julio, si bien no ha rechazado su tramitación en el Parlamento de Andalucía.
Esto se produce después de que este mismo mes el PSOE-A haya registrado en el Parlamento de Andalucía otra proposición de ley sobre igualdad de trato y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, si bien ha negado que lo haya hecho yendo a la estela de Podemos o para tener argumentos con la que rechazar la suya apoyándose en sus socios de investidura de C's.
“No queremos hacer ningún tipo de confrontación pero hay muchas razones y de peso para ello”, ha resumido el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, en la justificación del dictamen, pese a que esta vez no ha sido en contra a la toma en consideración (contenido), como sí ocurrió en todos los que han tenido las siete proposiciones de ley elevadas por Podemos esta legislatura.
Entre otras cosas, ha citado el enfoque de la propia proposición de ley “que apunta a la diferenciación en lugar de a la integración”. El segundo lugar, ha criticado que “quiere dejar sin efecto la mayoría de edad” a la hora de tomar decisiones relativas a intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo, “e incluso sin el consentimiento paterno siendo menor”, lo que entiende que “no cuadra con la Ley de Transexualidad que aprobó el Parlamento de Andalucía en 2014”.
Otras cuestiones, que ha definido como “de difícil encaje jurídico”, son “que se les reserve una cuota de empleo público”, un punto que Podemos ha negado que se haya introducido como tal, o “que no cumpla el principio de presunción de inocencia” en la denuncia sobre posibles casos de transfobia.
Cabe recordar que Podemos elaboró una propuesta tomando como base la legislación de comunidades autónomas como Cataluña (2014) o Extremadura (2015), en los dos casos con el voto del PSOE. En su proposición de ley aboga por una serie de políticas públicas en diversos campos y medidas para garantizar una igualdad real y efectiva, así como un régimen sancionador para combatir actitudes de discriminación o agresión por causa de orientación sexual o identidad de género, adaptando sus contenidos al marco jurídico de Andalucía.