A las diez de la mañana del pasado miércoles, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, compareció ante la prensa para invitar a los medios a estar muy pendientes de la sesión plenaria de la tarde. “Habrá espectáculo”, dijo, por tres veces, sin revelar el misterio. Tras él comparecieron los portavoces de PP y Ciudadanos, que desconocían qué tramaba su socio de legislatura. El “espectáculo” ya había comenzado.
En la agenda legislativa del día había cinco iniciativas de peso, entre ellas el primer proyecto de ley que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla enviaba al Parlamento: la nueva ley del suelo, negociada con las tres derechas y que venía a cambiar 20 años de política urbanística de vivienda del PSOE. Entre las 10.00 y las 16.00 horas, hasta que empezó el Pleno, miembros del Ejecutivo andaluz y de los grupos parlamentarios de PP y Cs se encogen de hombros ante la pregunta de si Vox tumbará una de las leyes estrella de Moreno. “¿Y alinearse con Podemos y los Anticapitalistas? No creo. Sería un error garrafal”, dice el portavoz popular, José Antonio Nieto.
Se respira más incredulidad que incertidumbre. No es la primera ni la segunda ni la tercera vez que la ultraderecha amaga con golpear y no golpea. En esas horas todavía reina la calma chicha, el aire despreocupado y de autoconfianza que ha caracterizado al Gobierno de PP y Cs en estos dos años y pico de mandato.
Todo va a saltar por los aires a las 17.50 horas. El diputado y ex portavoz de Vox Alejandro Hernández sube a la tribuna de la Cámara y anuncia, con voz entrecortada, que su grupo se abstendrá en el debate de la enmienda de devolución presentada por Adelante Andalucía (Podemos-IU) contra la Ley de Sostenibilidad Urbanística (LISTA). Sin los votos de Vox, el bloque de izquierdas suma 50 diputados frente a los 47 de PP y Cs. El Gobierno de Moreno va a sufrir su primera derrota política en el Parlamento en lo que va de legislatura y sus miembros se han dado cuenta ahora, con el debate de enmienda en marcha, cuando faltan unos minutos para la votación. Cunde el pánico.
La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs), altera por sorpresa el orden del Pleno y aplaza una hora la votación de la enmienda, tratando de ganar tiempo para que PP y Cs negocien con Vox, con el PSOE, con quien sea para evitar que la ley del suelo descarrile y eche por tierra la imagen de estabilidad del Ejecutivo. Los socialistas protestan y acusan a Bosquet de despreciar su papel institucional, neutral, y actuar “por interés de su partido”. Da igual. El receso no sirve de nada, solo aporta imágenes de nerviosismo, caras de sorpresa y preocupación, corrillos en los pasillos, llamadas al más alto nivel al cuartel general de Vox en Madrid. La extrema derecha acaba de pinchar la “burbuja andaluza”.
Entre las 17.50 horas del miércoles y las 12.00 horas del jueves, al presidente andaluz Juan Manuel Moreno se le torció de improvisto el guión de la legislatura. El martes a mediodía posaba, sonriente, junto al trofeo de la Eurocopa, que celebrará en Sevilla cuatro partidos, dejará 215 millones de euros en la ciudad y dará un empujón a la economía local llenando todos los hoteles. “La semana que viene me vacunan”, anunció, ufano.
24 horas después sus socios de Vox hacían efectiva su amenaza de ruptura y dejaban caer un decreto ley y dos leyes importantes para el Gobierno andaluz: el decreto que regula 2,5 millones de ayudas a 36 entidades locales autónomas de Andalucía, con una población de 40.000 habitantes (que se salvó gracias al voto favorable del PSOE); la futura ley del suelo, con 20 meses de tramitación y negociaciones a sus espaldas; y la reforma exprés de la Ley de Salud Pública, con la que pretendían dotarse de mayor garantía jurídica tras el fin del estado de alarma para ordenar cierres perimetrales en municipios con alta incidencia de contagios.
48 horas después de la foto con el trofeo futbolístico, Moreno anunciaba en sus redes sociales que acababa de dar positivo en COVID-19 y tenía que apartarse de la escena pública hasta el 3 de junio.
A partir de aquí, el dibujo de la legislatura andaluza abandona el curso lineal y sin sobresaltos que ha mantenido los dos primeros años de mandato y empieza una escalada empinada “en forma de picos de sierra”, en la que el partido que sustenta al Ejecutivo alternará “una de cal y otra de arena”, en palabras de un miembro de la Junta.
¿Esto quiere decir que, a partir de ahora, Vox va a tumbar sistemáticamente toda la agenda legislativa del Ejecutivo de PP y Cs? ¿Que se instalará en una estrategia de confrontación perpetua, sumando sus votos a los del bloque de izquierdas, como hizo el miércoles al hacer descarrilar la nueva ley del suelo, hasta forzar el adelanto electoral? No. La ultraderecha se reserva el derecho de alternar “susto o muerte, según le convenga a [Santiago] Abascal”, lamentan en la Junta.
Un día después de propiciar la primera derrota política severa del Gobierno andaluz, Vox bajaba el tono y volvía a declararle públicamente su “lealtad” al presidente durante la sesión de control en el Parlamento. Acto seguido se lo demostraba votando en contra de la comisión de investigación sobre los contratos exprés de la Junta durante la pandemia –tumbados por la justicia–, una iniciativa de Adelante Andalucía que habría obligado a algunos significados consejeros a comparecer ante la Cámara. “A la izquierda le ha tocado la lotería una vez, que no se acostumbre”, avisaba un portavoz del PP.
La sacudida política que sorprendió al Ejecutivo de Moreno Bonilla el miércoles en el Parlamento rompe un idilio entre PP y Vox que ha durado dos años y medio, y tiene dos lecturas inmediatas: la primera es que la sala de operaciones de Vox está en Madrid, no en Sevilla. Por eso a la dirección nacional no le tembló el pulso al echar por tierra de un plumazo 20 meses de tramitación y 80 horas de negociación para sacar adelante una ley del suelo, en las que su grupo parlamentario en Andalucía había trabajado intensamente desde el minuto uno.
“La ley del suelo y la reforma fiscal valen una legislatura”, había sentenciado días atrás el portavoz del grupo, Alejandro Hernández, horas antes de ser fulminado en su puesto por orden de Madrid y sustituido por Gavira, con la encomienda de cimbrear la estabilidad del Gobierno andaluz. Los hombres de Moreno no supieron verlo ni supieron frenarlo y el análisis posterior de lo ocurrido se resume en esta frase de cabreo y resignación de un destacado dirigente popular: “Lo que ha pasado es que Abascal ha dicho: sujétame el cubata. No hay más que interpretar”.
El PP andaluz siempre ha sabido que Vox no tiene autonomía política en Andalucía, que todo lo que hace y dice se ha gestado en la dirección nacional del partido. Esta vez subestimó esa realidad, y esa es la segunda lectura de lo ocurrido el miércoles. Moreno está esculpiendo un perfil de líder moderado que la calle, los grandes medios y las encuestas ya le reconocen. Gobernar apoyado en la extrema derecha no le arruga el traje de la moderación porque, según él mismo dice a todo el que quiera escucharlo, “el perfil de Vox en Andalucía no es tan duro ni tan radical como el de Madrid”. “Son gente razonable, la mayoría viene rebotado de nuestras filas, se puede negociar con ellos”, advierte el presidente.
Ese convencimiento de que tenían controlado al partido de extrema derecha que sustenta a su Gobierno y, por tanto, garantizada la estabilidad que falta en otros territorios de España les impidió interpretar bien las señales que lanzó Abascal días atrás, en una manifestación a las puertas del Palacio de San Telmo. Tras la crisis migratoria de Ceuta y el acogimiento de 13 niños marroquíes por parte del Gobierno andaluz, Vox amenazó con romper y esta vez rompió.
Los populares navegaban en una balsa de aceite, con los sondeos viento en popa. “No solo no calcularon el riesgo potencial que suponía una enmienda a la totalidad de Adelante contra una de sus leyes más señeras, bajo la amenaza de ruptura de sus socios de Vox. Es que tampoco se trabajaron el apoyo alternativo del PSOE a la ley, que podía ser factible, desde el minuto y hora en que los socialistas habían descartado presentar su propia enmienda de devolución a la ley. Ahí había un resquicio para negociar, pero les pudo la soberbia y cometieron un error de primero de parlamentarismo”, explica la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto.
Uno de los aspectos destacados de la LISTA es que descarga de mucho trámite burocrático para iniciar un proyecto urbanístico, algo que el PSOE compartía. Además la norma incluía en su texto el decreto ley de Viviendas Irregulares, que ya fue ratificado en el Parlamento con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox. “Gran parte del articulado de la LISTA proviene del anteproyecto de ley del anterior Gobierno de Susana Díaz (LUSA), había base para negociar a tiempo, pero lo fiamos todo al apoyo que nos había prometido Vox y nos equivocamos”, se lamenta un diputado del PP al ser preguntado si su partido pecó de prepotencia o de exceso de confianza. Los populares sostienen que en la mañana del miércoles “Vox iba a votar en contra de la enmienda y el PSOE iba a abstenerse”.
La nueva ley andaluza del suelo no estaba en los acuerdos de investidura firmados por PP y Vox al iniciarse el mandato. En ese sentido, el partido de Abascal no incumple su palabra cuando amenazó con no volver a apoyar nada del Ejecutivo de Moreno “que no hubieran firmado antes”, como represalia contra la Junta por haber acogido a 13 niños marroquíes tras la crisis migratoria en Ceuta.
Sin embargo, PP, Cs y Vox comparten “al 100% el espíritu” de esa ley, que agiliza el mercado inmobiliario con el objetivo de “atraer inversión y reactivar los planes urbanísticos paralizados en 495 municipios”. Tras tumbar la ley en el Parlamento, la patronal de empresarios y el sector de la construcción –arquitectos, aparejadores, etc.– salieron en tromba contra el partido de Abascal, azuzados por el Gobierno andaluz, que está visiblemente cabreado. “Hasta ayer, Vox nos decía que la ley era perfecta”, se lamentaba la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, minutos después de que la enmienda de Adelante devolviera el texto al Consejo de Gobierno.
El proyecto de ley ha tardado 20 meses en tramitarse, con audiencia de alcaldes, empresarios, sindicatos, agentes sociales... Ha habido más de 80 reuniones entre los portavoces de Fomento de PP, Cs y Vox. “Ustedes, que han acusado a otros partidos de no ser fiables [en referencia a Cs], acaban de demostrar que tampoco lo son”, le espetó Moreno al nuevo portavoz del grupo ultraderechista, Manuel Gavira, que acababa de prometerle una “lealtad” condicionada.
El día antes de la votación de la enmienda, el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, coincidió en el Parque Joyero de Córdoba con el diputado de extrema derecha Alejandro Hernández, que hasta hacía unas semanas había sido el portavoz de su grupo, interlocutor directo con los populares y quien más había elogiado la LISTA. Nieto volvió a preguntarle en ese acto si el apoyo de Vox a la ley del suelo estaba garantizado, si el cambio de portavoz en su grupo no deparaba ninguna sorpresa. Hernández le reveló allí mismo que acababan de encargarle a él mismo que defendiera la postura de su partido en el debate sobre la enmienda de devolución de la ley, y eso, dijo, es “garantía” de que el apoyo de Vox está asegurado.
Al día siguiente, sus señorías verían subir a la tribuna a un descompuesto Hernández, con el cuello de la camisa desabotonado y la corbata floja, con la voz temblorosa y el rostro ensombrecido, defender lo contrario que había ensalzado horas antes. “En circunstancias normales no hay nada en esta ley que no se pudiera corregir vía enmiendas”, farfulló, para luego anunciar que Vox se abstendría, permitiendo que los votos de la izquierda tumbaran la ley. “Es incompatible la exigencia de unas elecciones anticipadas por parte de nuestro grupo con la tramitación de esta ley. Tras las próximas elecciones podrá haber otra correlación de fuerzas para entendernos mejor”, sentenció.
En ese momento, la legislatura de la balsa de aceite, la “Andalucía encapsulada”, la “burbuja”, la “isla” protegida de todos los zarandeos políticos que sacudían el resto de España, saltó por los aires. Los populares intentaron negociar in extremis con Adelante, con el PSOE y con Vox para evitar que la ley descarrilase, pero los socialistas ya se habían alineado con la enmienda de la coalición Podemos-IU y “a Vox no se le podía ofrecer nada nuevo, porque hasta ayer decían que la ley era perfecta”. Hubo llamadas al más alto nivel, del Gobierno andaluz y del PP, a Madrid. Se contactó con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pero ninguna negociación prosperó. La escena de nerviosismo, corrillos, teléfonos echando humo recordaba, según los más veteranos de la Cámara, a la llamada legislatura de la pinza entre PP e IU [1994-1996], con un Gobierno del PSOE en minoría que terminó en adelanto electoral.
A la derrota política de Moreno le sucedió un cambio brusco de guión en el que los populares empezaron a acusar a Vox de “alinearse con Podemos y los Anticapitalistas” y se dio aviso a los empresarios andaluces para que al día siguiente alzaran la voz por las repercusiones económicas que tendrá la paralización de la ley del suelo: bloqueo de proyectos, pérdida de empleos, “frenazo al crecimiento económico”...
El presidente andaluz sigue descartando el adelanto electoral porque, al contrario de lo que sucedió en la legislatura de la pinza, su Gobierno tiene los Presupuestos aprobados, puede prorrogarlos en 2022 para apurar el mandato y, sobre todo, necesita sacar adelante a final de año la reforma fiscal que ha pactado con Cs y Vox. Esa reforma contiene una bajada de todos los impuestos autonómicos y es la carta de presentación para las próximas elecciones, que entronca con aquella promesa que Moreno lanzó en 2018: el BMI (la bajada masiva de impuestos).
La reforma fiscal sí está pactada por escrito por PP, Cs y Vox, de hecho, en el mismo Pleno en el que la ultraderecha tumbó la ley del suelo, minutos después aprobaría la toma en consideración de la bajada impositiva. Eso sí, las alambicadas relaciones de las tres derechas –la negativa de Cs a verse retratado junto a Vox en época preelectoral– dejaron una imagen estrambótica en el diario de sesiones: se presentaron y debatieron dos textos idénticos de la misma reforma fiscal, uno firmado por PP y Vox y otro firmado por PP y Cs. El mismo, en dos documentos. Se votaron los dos y fueron aprobados los dos por separado con el voto de los tres partidos.
Es probable que a la tormenta le suceda un tiempo de calma. “No va a haber adelanto electoral. Te aguantas en la oposición como mínimo un año”, advirtió el vicepresidente andaluz y líder regional de Cs, Juan Marín, en un mensaje dirigido a Abascal. “Nos queda año y medio de legislatura. Tiempo habrá para coger las bocinas y los carteles electorales. Ahora toca vacunar, sanar y recuperar la economía. Es lo que quieren los andaluces”, sentenció Moreno en el Parlamento.
Es el mismo discurso desde la moción de censura fallida en Murcia, plasmado, incluso, por escrito en una adenda al pacto de Gobierno de PP y Cs: “El compromiso es agotar el mandato”. Pero hay cada vez más filtraciones y goteras en la “burbuja andaluza”. A la vez que el Parlamento sufría la sacudida de Vox, en Granada el ex presidente provincial del PP Sebastián Pérez (ya apartado de su partido) abría la puerta a una moción de censura contra el alcalde de Cs, Luis Salvador.
La maniobra fue recogida por los populares, que han iniciado una ronda de contactos para ver si pueden poner a un alcalde del PP, saltándose así el pacto nacional antitransfuguismo, el acuerdo firmado entre Moreno y Marín para no aceptar trasvase de cargos electos ni tránsfugas, y la propia reforma del reglamento de la Cámara contra los tránsfugas, que acaban de aprobar todos los grupos excepto Vox.
En San Telmo, hay quien dice que la nueva estrategia de acoso y derribo de Vox terminará beneficiando al presidente andaluz, y que todo lo que aguante hasta la convocatoria electoral le servirá para marcar distancias y afianzar su perfil moderado. Las encuestas indican que Moreno sería el más beneficiado de un adelanto electoral en otoño. Al líder popular le susurran al oído dos cosas: la primera es que la política española está instalada en la cima de un volcán, cualquier previsión es maleable, y en Andalucía no basta con ganar, también es imperativo afianzar un bloque conservador con mayoría del PP para gobernar sin ataduras. Moreno no quiere a Vox dentro de su gabinete, porque “una cosa es el discurso ideológico [de la extrema derecha], y otra muy distinta tener mando en el BOJA”. La segunda es que, si aguarda lo suficiente y resiste envites como el de esta semana, los números le aproximan a la mayoría absoluta.
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