¿Para qué sirve una diputación?

Las diputaciones, su utilidad, y su presupuesto siempre han tenido amigos y enemigos en la clase política española y fuera de ella. Pero esta semana saltan de nuevo a primera línea del debate político tras la búsqueda de un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. ¿Cuál es el futuro de las diputaciones? La formación naranja exige para pactar, junto a otras medidas de reforma constitucional, la supresión de estas administraciones.

Los partidarios alaban su papel de apoyo a los pueblos pequeños, para fijar la población al territorio, como instrumentos de articulación de cada provincia. Se respalda también lo que, en términos generales es una gestión eficiente, ya que en conjunto son las administraciones menos endeudadas, y las más cumplidoras con el objetivo de déficit. Es más, algunas han sido de las pocas administraciones que han terminado en años de crisis con superávit en sus cuentas.

Los críticos hablan de que favorecen el clientelismo, de que sirven de “cementerio de elefantes” para retirar a personas públicas, que duplican funciones o que en algunas comunidades autónomas (como la Comunidad Valenciana) han sido “nidos de corrupción”, como las calificaba Luis Garicano, economista de cabecera de Ciudadanos. De hecho, hay expresidentes de diputaciones imputados por corrupción. Es el caso de Alfonso Rus (PP), expresidente de la Diputación de Valencia; o la denuncia contra el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso (PSOE).

Pero ¿qué son, cuáles son sus funciones y a qué se dedican?

¿Qué son?

Concebidas con la Constitución de 1812, comenzaron a funcionar en 1836, es decir, cumplen 180 años. Las diputaciones son el órgano de gobierno de las provincias. En las comunidades autónomas uniprovinciales (Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias, Navarra y La Rioja) no existen; mientras que las tres del País Vasco son forales, se configuran por elección directa de los ciudadanos y cuentan con mucho poder; en Canarias lo que hay son cabildos; y en Baleares, consejos. Dicho esto, en España hay 41 diputaciones, siete cabildos y cuatro consejos. En estos casos, salvo el País Vasco y los cabildos y consejos, al presidente o presidenta no se le elige por voto directo, sino que lo votan los munícipes de cada provincia, que a su vez están representados por partidos judiciales en la institución.

¿Qué personal tienen?

Diputaciones, cabildos y consejos suman 62.159 trabajadores -menos de la mitad funcionarios y el resto, contratados- según el último informe de personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicado el 31 de diciembre de 2015. Eso supone el 2,44% del personal que trabaja para todas las administraciones. La cifra revela también un esfuerzo por reducir sus plantillas en los cinco últimos años, porque en 2010 sumaban 76.151 trabajadores. Suman 1.040 diputados, cuyo número depende de la población de cada provincia.

¿Qué presupuesto manejan?

El presupuesto total correspondiente a 2014, recogido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ascendió a 25.546 millones de euros para diputaciones, cabildos y consejos. El grueso del mismo (19.775), ha sido gestionado por las diputaciones forales. El 60% del presupuesto se va para personal, pero es un reparto común en las administraciones, dado que los servicios que ofrecen se prestan con trabajadores. Son las administraciones menos endeudadas en toda España. El último informe del Banco de España (2015) cifra su deuda en 6.542 millones de euros. Por poner un ejemplo, en la Diputación de Sevilla, el 28,53% del mismo es el que se dedica al capítulo de personal de todas las sociedades que la conforman, según el portal de transparencia.

¿Qué funciones tienen?

En general, las diputaciones son claves, como explican los presidentes de las mismas, para los municipios de menos de 20.000 habitantes, algo más de 7.700 en toda España según el último censo. La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que sus funciones son la coordinación de los servicios municipales para la garantía de su prestación; la cooperación jurídica, económica y técnica; la implantación de la administración electrónica; el ciclo integral del agua... especialmente a los municipios de menor capacidad, y, a partir de ahí, las diputaciones pueden ampliar su cartera de servicios (las de Sevilla y Jaén son las que más peso tienen porque ofrecen las más extensas).

La ley, en concreto, establece como “nuevas competencias propias” para estos organismos, en el caso de los municipios de menos de 1.000 habitantes, que les deben prestar servicios de secretaría e intervención. Para los de menos de 5.000, el tratamiento de residuos si los pueblos no lo garantizan por sus medios, igual que, mediante convenio con la comunidad autónoma, el mantenimiento y la limpieza de los consultorios médicos. Y para los de menos de 20.000, igualmente si no lo garantizan, deben asumir los servicios de prevención y extinción de incendios, asistencia para recaudación tributaria y tareas propias de administración electrónica y contratación centralizada. En el caso del País Vasco las tres diputaciones tienen muchas más competencias que el resto, y en especial en materia fiscal.

¿Qué partidos las gobiernan?

Frente a una hegemonía del PSOE en estas administraciones a comienzos de siglo XXI, en 2011 el PP se hizo con el control de la mayoría: llegó a gobernar 28 de las 41. La cosa cambió en 2015, con las últimas elecciones municipales. En estos momentos el PSOE gobierna en 18, el PP en 15, Convergencia Democrática en las cuatro de Cataluña, PNV en las tres de Euskadi y el Partido Aragonés en la de Teruel. Mientras, Coalición Canaria gobierna en cuatro cabildos; Nuevas Canarias, en uno; el PSOE en otro; y un expulsado de este partido, el séptimo. En los consejos insulares: MÈS controla Mallorca y Menorca; el PSOE, Ibiza; y el de Formentera es para Gent per Formentera.