El debate parece que lo inició el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, cuando en la conferencia política del pasado mes de julio abogó, entre otras cosas, por una regeneración que pasaba por la consigna “una persona un cargo” -entendiéndose que sí se podía tener uno orgánico y uno institucional- y luego lo reiteró en la campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre como imposición por lo menos para los que fueran elegidos por esta comunidad autónoma, tanto en el caso de los senadores como de los diputados. Precisamente en lo de los senadores estaba la innovación que hacía el líder del PP-A porque para los diputados, la propuesta de incompatibilidad no sólo no es nueva, sino que ya está recogida en los estatutos del partido. Pero no sólo no se cumple, sino que hasta muchos populares parecen desconocerlo.
En concreto, ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo “es incompatible con el desempeño de cargos de presidente o secretario general insular, provincial o autonómico del partido y con los de alcalde, presidente de diputación, consell o cabildo”, reza dicho documento defendido en el XVII Congreso del PP celebrado en 2012 y donde Mariano Rajoy fue reelegido presidente de la formación. El párrafo estaba ya exactamente igual en los estatutos del XVI congreso por lo que tampoco era una novedad. Pero es una norma que muchos se saltan como si no existiera.
En la presente legislatura la excusa es que todavía no se sabe si habrá que repetir elecciones generales y los que ahora son diputados no tienen garantizado que vayan a estar de nuevo en las listas, y menos a lograr escaño. Pero también se incumplió, y sobremanera, durante toda la pasada legislatura. Es más, en algunos casos, son reincidentes porque se han revalidado en el escaño sin renunciar todavía otros cargos institucionales que ocupan y que están incluidos en los enumerados en dicho reglamento. Y encima, para ponerle más difícil este empeño a Juan Manuel Moreno, los incumplidores son sobre todo los diputados elegidos por Andalucía.
En concreto, en el Congreso de los Diputados hay en esta legislatura tres alcaldes que incumplen esto y que se aferran a su bastón de mando a la espera de ver qué pasa con las negociaciones por La Moncloa: Carmelo Romero, en Palos de la Frontera (Huelva) tras ir de número 2 por Huelva el 20D escoltando a Fátima Báñez; José María García Urbano, en Estepona (Málaga), quien lideró la lista por su provincia; y Antonio González Terol, en Boadilla del Monte (Madrid). Sólo dos han dimitido de su cargo como regidores para ser diputados: Manuel Blasco, que era alcalde de Teruel y dijo dejarlo por las “dificultades para compatibilizar” los dos puestos, y José Enrique Fernández de Moya (Jaén). Pero este último mantiene otro cargo incompatible, ya que es todavía presidente provincial del PP en Jaén, igual que Fernando Martínez-Maíllo en Zamora. Y un sexto en esta situación: el diputado y ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, presidente del PP del País Vasco, lo que también prohíben los estatutos, y sin embargo compatibiliza estos cargos desde la pasada legislatura.
“No hay ninguna norma legal ni estatutaria dentro del partido que lo prohíba”, declaró José María García Urbano cuando se le preguntó si renunciaría a la alcaldía cumpliendo el mandato del líder del PP-A. Con ello, fue de los primeros que se levantaron contra la consigna de Juan Manuel Moreno. Obviamente habría leído otros estatutos y no los que figuran en el portal de transparencia del PP en estos momentos. Por su parte, el alcalde de Boadilla del Monte dejó su cargo de diputado en la Asamblea de Madrid -porque es incompatible por ley- pero tampoco se plantea renunciar a la alcaldía. “La ley lo contempla y permite, y yo creo que es algo enriquecedor”, manifestó sin hacer referencia a los estatutos. Pero tanto malestar generó la propuesta del líder del PP-A en sus filas que de momento se ha limitado a exigir que deje la alcaldía de Valverde del Camino (Huelva) su número 2, Dolores López, que ha sido elegida senadora, precisamente una incompatibilidad que no está recogida -de momento- en los estatutos.
Cierto es que el reglamento de los populares también recogen que el Comité Ejecutivo Nacional “velará por la aplicación del régimen de incompatibilidades y resolverá las cuestiones que puedan plantearse adoptando, en su caso, la autorización de excepciones que, en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del partido”. Por lo que es de entender que ha hecho de la excepción una norma, porque es un extremo que el PP no ha aclarado cuando le ha llamado este medio de comunicación para ver si se había revisado caso por caso por lo menos en lo que respecta a la pasada legislatura.
Los que no cumplieron la pasada legislatura
En concreto, había hasta 17 diputados del PP que se saltaron esta norma en el Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta. Prácticamente la mitad eran precisamente andaluces: Ricardo Tarno, alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla) de 2011 a 2015; Teófila Martínez, regidora de Cádiz hasta las últimas elecciones municipales; Federico Cabello, en Montilla (Córdoba) hasta 2015 también; Pablo García, en Albolote (Granada), como el anterior; Juan Carlos Lagares, quien no dejó la alcaldía de La Palma del Condado (Huelva) hasta 2014; José Ignacio Landaluce, quien continúa con el bastón de mando de Algeciras (Cádiz); igual que Carmelo Romero en Palos de la Frontera (Huelva); y Joaquín Villanova, en Alhaurín de la Torre (Málaga). Sí cumplió, en cambio, Paloma García, quien causó baja en el Congreso de los Diputados tras ser investida alcaldesa de Benalmádena en 2012 por moción de censura.
La nómina de diputados del PP que compaginaron el puesto con la alcaldía la última legislatura se completa con María Jesús Bonilla (Tarancón, Cuenca); Rosa María Romero (Ciudad Real); Juan Antonio Abad (Arnedo, La Rioja); Pilar Barreiro (Cartagena, Murcia); Olga Iglesias (Triacastela, Lugo); Antonio Román (Guadalajara); y Bibiano Serrano Calurano (Higuera de Llerena, Badajoz). Y a éstos se suman otros dos casos de incompatibilidades según estos estatutos: Arturo García-Tizón, presidente de la Diputación de Toledo, y de nuevo, Alfonso Alonso, líder del PP del País Vasco.
Desde el PP-A no entran a valorar esta contradicción, e insisten en que Juan Manuel Moreno lo que ha hecho es abogar por políticas de regeneración del partido que pasan por la posibilidad de primarias, limitación de mandatos o ésta de los cargos. Que cierto es también que tiene un trasfondo económico porque con la reducción de las cuotas de poder en los distintos estamentos, fruto de la irrupción de nuevos partidos, se antoja útil que no acumule una sola persona dos cargos institucionales cuando sólo puede cobrar de uno. Es decir, hay menos para los mismos, por lo que mejor repartirlos.