Desde hace dos años, la misma historia: gran incendio, grandes suspicacias. Según algunos, la Ley de Montes de Mariano Rajoy de 2015 abrió la puerta a la especulación y recalificación de los terrenos arrasados por el fuego.
Aquella modificación de la ley, amparada en el “interés público” y con 30 años de moratoria para su cambio de uso, levantó numerosas suspicacias y se generalizó la idea de que el Gobierno central daba pie a que pirómanos y especuladores quemaran nuestros bosques sin control para construir las viviendas o los hoteles de turno en suelo urbanizable recién recalificado.
El caso del incendio de Doñana no iba a ser menos pero ¿se puede recalificar el terreno quemado? La respuesta es no. Ni los terrenos de monte público de Moguer, ni mucho menos el Parque Natural y el Parque Nacional. Lo explicamos.
El suelo no cambia de dueño tan fácilmente
Desde 2015, cada incendio ha provocado reacciones similares: el bosque arde porque hay alguien interesado en usar ese suelo para su provecho. El incendio de Doñana no ha sido una excepción y tanto políticos como ecologistas han tenido que salir al paso para explicar que no, que un suelo arrasado por las llamas no cambia de dueño por arte de magia.
Lourdes Hernández, responsable de incendios forestales en WWF, señala precisamente que, aunque su organización se opuso a que el Gobierno de Rajoy le hiciera cambios a la Ley de Montes, éste defendía que la modificación la hicieron “porque vieron que cuando había alguien que se oponía a un proyecto, le prendía fuego a los terrenos. Esa fue la razón que adujeron para que se pudiera recalificar un terreno incendiado si había un interés general prevalente estableciendo pues una excepción. Lo cierto es que desde 2015, en ninguna zona incendiada se ha visto que haya un interés especulativo y no encontramos ninguna vinculación entre la Ley de Montes y la recalificación de terrenos”.
Greenpeace tuvo que salir a la palestra hace dos años para negar “rotundamente” que hubiera ningún tipo de relación “entre los incendios forestales de este verano (2015) y la Ley de Montes recién aprobada”.
“Si hay voluntad política, no se recalifican suelos incendiados”
La excepción implantada por Rajoy dejó la puerta abierta a temores más que fundados. La Ley de Montes se puso en marcha bajo la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2006, porque desde Madrid hasta la Comunidad Valenciana se habían recalificado suelos con la excusa de que ya no servían como bosques o terrenos forestales. Su uso forestal estaba literalmente quemado y había que aprovechar los terrenos para el ladrillo y el cemento, según los especuladores de turno.
De algún modo, sigue prevaleciendo esa idea de que “cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor marqués”, que popularizó el humorista Chumi Chúmez en la revista La Codorniz. Según Josefina Cruz, experta en planificación urbanística y exconsejera de Obras Públicas andaluza con José Antonio Griñán, que “haya habido un incendio y un suelo se haya quemado no significa, de ninguna manera, que se pueda hacer con él lo que se quiera”.
Ni el espacio protegido de Doñana, ni los montes públicos de los municipios de Almonte o Moguer, ni las fincas privadas. El suelo no se recalifica porque arda. No se trata sólo de la protección que brinda la Ley de Montes estatal o la Ley de Patrimonio Natural, que impide que los espacios protegidos puedan recalificarse, sino de que los planes urbanísticos de los ayuntamientos han de pasar varios filtros para que se recalifique un terreno.
¿Recalificable?
En el caso de Andalucía, la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) obliga a que los ayuntamientos sometan a información pública la recalificación (de suelo rústico a urbanístico, por ejemplo), se haga una declaración de impacto ambiental y, finalmente, reciba la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Para poder recalificar monte público, que es suelo no urbanizable de especial protección, primero tiene que perder su condición de monte público mediante una descatalogación. Para eso, sostienen los expertos, no es necesario que ardan esos terrenos. Lo mismo ocurre con las fincas privadas: para cambiar el uso del suelo no tiene que quemarse ni un centímetro de tierra.
“Si hay voluntad política, no se recalifican suelos incendiados”, zanja Cruz, que fue artífice de la LOUA hace 15 años cuando era directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esa ha sido, desde hace dos años, la postura que el Gobierno andaluz ha mantenido hasta la saciedad y que, este fin de semana, han vuelto a repetir tanto el consejero de Medio Ambiente, como la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Ya en 2015, el consejero de Medio Ambiente andaluz fue taxativo: “Andalucía no recalificará un metro cuadrado de suelo incendiado”. Como un mantra, la presidenta andaluza ha repetido el mismo mensaje este fin de semana: “Ni un solo metro que haya ardido en Doñana va a ser recalificado”.
¿Puede recalificarse el suelo del gaseoducto?
¿Puede recalificarse el suelo de, por ejemplo, el gasoducto que Gas Natural ha proyectado en el entorno de Doñana? Al estar situado en espacio protegido, es suelo no urbanizable de especial protección. “Todo lo que está en Parque Natural sigue siendo suelo no urbanizable de especial protección. El hecho de que se queme no modifica su uso”, remarca Josefina Cruz, catedrática de la Universidad de Sevilla.
En definitiva, ni la ley ni la voluntad política permiten, en estos momentos, que las miles de hectáreas que han ardido en el entorno de Doñana se conviertan en hoteles ni apartamentos de lujo.