Un año llevaba Abengoa hablando de un plan de viabilidad, que ha caminado hacia el fracaso a la vez que se descomponía su dirección y cambiaba de capitán: de Gonzalo Urquijo a Pablo López-Bravo, aupado por los accionistas minoritarios agrupados en la plataforma AbengoaShares, y al que quieren cambiar por Clemente Fernández tras sentirse traicionados por su elección. De momento, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, que llevó el preconcurso, la ha declarado ya en concurso y ha suspendido la junta extraordinaria del miércoles de la multinacional, que podría desembocar en la segunda mayor quiebra de este país tras la de Martinsa Fadesa en 2008. De momento, ya se han pedido refuerzos para el juzgado.
Pese a lo dramático de la situación y la incertidumbre que genera, los casos no son comparables y este paso no tiene por qué suponer el fin de la compañía que ha sido buque insignia entre las empresas del sur. Tienen en común que los dos han llegado en sendas crisis, pero mientras la inmobiliaria sucumbía con el reventón de la burbuja que llevó a la pasada recesión, la ingeniería se dedica a un mercado con mucha proyección como son las energías renovables. Hay que tener en cuenta también que el concurso de acreedores se ha pedido para la matriz, que no solo ha sido vaciada de actividad -dentro también de una medida lucha de intereses por el control de la propia compañía- y casi no tiene empleados, pero sí una deuda de unos 1.000 millones de euros de los más de 6.000 que debe acumula el grupo.
El temor está en el riesgo de arrastre de este concurso de acreedores, que era una crónica anunciada, para sus más de 300 filiales, agrupadas ya en Abenewco 1, que ha absorbido la actividad de la matriz. Partiendo de que la ley impide que las deudas de esta última contagien a las filiales, la situación que se abre con esta suspensión de pagos es muy incierta, sin que se hayan perdido todas las opciones para una compañía que acaba de cumplir 80 años. Dos son las posibilidades a las que se agarran los accionistas de AbengoaShares: el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para lo que primer debe demostrar su viabilidad, o la implicación de fondos de inversión. Una docena han contactado con Clemente Fernández, según ha confesado el hombre que aspira a presidir un consejo de administración controlado por AbengoaShares.
La tercera posibilidad no tiene que ver con ellos: negociar un plan de rescate relegando a esta plataforma a la que la banca responsabiliza en parte del fiasco de la operación rescate que se ha enterrado después de varias prórrogas para intentar desbloquearla. De hecho el Santander, que comanda el grupo de bancos acreedores, fue el primero en anunciar que no se ampliaban más los plazos para renegociar la deuda, dejando como única salida el concurso de acreedores. Esta decisión esconde también, según fuentes de la compañía, la intención de “quitarse” de encima Abengoa y a los accionistas minoritarios y programar la salvación sobre Abenewco1.
En cualquier caso, este escenario deja en vilo a más 8.000 los proveedores (unos 2.000 en España) y a cerca de 15.000 trabajadores, la quinta parte de ellos en España y la mayoría, en Andalucía, que precisamente el día 2 comienzan “un calendario de movilizaciones”, según han anunciado desde UGT-A. Pero tampoco es una situación totalmente nueva después de dos planes de refinanciación, en 2017 y en 2019, que no han sido suficientes y la habían abocado a negociar ese tercero cuyo malogro ha propiciado que estalle una batalla entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, entre el PSOE y el PP, para ver quién tiene la culpa política.
“La Junta de Andalucía tendrá que explicar por qué no ha demostrado el mismo compromiso que el Gobierno de España”, ha dicho María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Esta ha recordado que el Gobierno de España se comprometió en le plan de viabilidad, que suponía una inyección de 250 millones de euros de la banca, a cambio de controlar sus activos, y un préstamo de hasta 230 del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a cambio este último de que entrara la Junta de Andalucía con un aval de 20 que nunca llegó.
“Si hay una deuda de 6.000 millones de euros, los 20 que nos han solicitado y que no podemos darle por normativa, no hubieran contribuido prácticamente de ninguna manera a la empresa”, se justificaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Su vicepresidente, Juan Marín, corroboraba esta teoría y volvía a poner la pelota en el tejado del Gobierno de España: “La solución es la SEPI”. Reiteran que ese aval no lo pueden conceder porque no hay respaldo normativo, pero sobre todo, repiten que eso es porque con el PSOE “se daban sin ningún control”. Los dos han recurrido al “caso Isofotón”, empresa que recibió incentivos de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE y que están siendo investigados, contra los socialistas y, especialmente, contra la ministra, lo que a su vez ella atribuye a la intención de “la derecha” de minar su imagen por si optase a las primarias del PSOE-A.
“Por la gestión del PSOE en casos como Isofotón, la Junta de Andalucía perdió la capacidad de ayudar a empresas como Abengoa”, agrega el parlamentario del PP Ramón Herrera, quien también mira a la SEPI “algo que a Susana Díaz se le olvida decir”. También ha recordado que en Valencia, donde la empresa planteó trasladarse, ocurre exactamente lo mismo que en Andalucía, y por eso desistió: “No cuentan con el aval jurídico necesario, lo que hace imposible atender las demandas de Abengoa”.
“Dejen de excusarse en informes jurídicos, cuando llevan gobernando un año por decreto -van más de 30- sin aportar ni uno solo, ni informes de presupuestos, ni memorias económicas”, replica el parlamentario del PSOE Antonio Ramírez Arellano. En su opinión, “no hay excusa tampoco con la concurrencia competitiva, como no la hubo para la convocatoria para pymes industriales del pasado mes de octubre, dotada con 50 millones de euros”.
La realidad es que si la gestión de Abengoa tiene elementos para despertar todo tipo de recelos entre sus acreedores, más todavía la ahora de inyectarle dinero público. Ese vértigo de una compañía que se asoma, una vez más, al precipicio, se incrementan por otras batallas que se libran en la compañía. Es más, la semana en que se anunciaba la petición del concurso de acreedores se confirmaba el archivo por parte del Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid de la demanda de Felipe Benjumea, hijo de uno de los fundadores de Abengoa, contra el Santander y HSBC por una ampliación de capital en 2015 y que nunca efectuaron. Los promotores de la demanda, contra cuyo archivo cabe recurso todavía, encuentran en esa renuncia de la banca el punto de inflexión que llevó a la actual situación.
También, la publicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciando un expediente sancionador contra los dirigentes de la multinacional por no haber presentado hasta hace ahora las cuentas de 2019 para la correspondiente auditoría. La CNMV habla de una infracción “muy grave” al amparo de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, pero “no prejuzga el resultado final del expediente sancionador en el que los expedientados contarán con todos los medios que el ordenamiento jurídico les confiere para la defensa de sus derechos”.
En medio de todo esto y solo 24 horas después de anunciarse el concurso de acreedores, una decisión de la Junta de Andalucía que agrega un valor simbólico a la agonía por la que pasa el gigante: el Consejo de Gobierno aprobaba el informe sobre la adquisición del Campus Palmas Altas para albergar la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla, en concreto en la sede central de Abengoa y en dos solares adyacentes. Ese complejo se inauguró en 2019 como centro de un campus que se proyectaba como referente internacional de I+D+i. En realidad no es de Abengoa, sino que está gravado por una hipoteca de casi 80 millones de euros.
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