Después de hasta cinco prórrogas para ejecutar su rescate, la enésima –y frustrada– llamada de auxilio a las puertas de la Junta de Andalucía para que se sume a la operación y la destitución de su consejo de administración, Abengoa ha entrado en una situación de compás de espera, aliviada por la moratoria hasta el 14 de marzo aprobada por el Gobierno de España para presentar concurso de acreedores en las empresas insolventes. La multinacional está en preconcurso de acreedores desde el verano, y este aplazamiento casi hasta la primavera refuerza esa protección mientras no desaparezcan los nubarrones.
Sin dejar la consigna de incrementar la presión sobre la Junta de Andalucía para que se apunte a la operación con un aval de 20 millones de euros, que incluye la amenaza de mudarse a otra comunidad autónoma (Valencia), se ha intensificado la pugna por el control de la ingeniería con un mes de diciembre clave por delante. Entre otras cosas, porque tiene convocada junta general extraordinaria de accionistas los días 21 y 22 de diciembre para elegir a los nuevos consejeros, que la agrupación de los minoritarios AbengoaShares quiere reducir de siete a tres. Y antes, el 6 de diciembre, expira el plazo de cuatro meses para ejecutar el plan de refinanciación firmado con los bancos por el destituido Gonzalo Urquijo, propuesta a su vez denunciada por AbengoaShares, y sobre la que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla prevé audiencia previa la próxima semana. En medio, la millonaria demanda en la Cámara de Comercio de Estocolmo contra el Gobierno de España, con una vista que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.
Citas que ponen de manifiesto que la pugna por el tercer rescate en cinco años tiene todavía muchas incógnitas, e incluso puntos oscuros, que resumimos a continuación.
Dos caras con el Gobierno de España
Empezando por la última, por un lado, Abengoa se garantiza el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), banco público dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y por otro espera ganar una demanda de más de 1.500 millones de euros contra el Gobierno de España por la rebaja de las primas a la energía termosolar en la era de Mariano Rajoy. Se trata de un arbitraje internacional que ha impulsado aprovechado que la titularidad de algunas de sus centrales era su filial en Luxemburgo, CSP Equity Investment. Para Abengoa, el recorte fue una “expropiación” y espera obtener un laudo a su favor. Pero ese millonario negocio que podría hacer con el arbitraje internacional, y que consolidaría su viabilidad, puede toparse con que se imponga el criterio de que es contrario a lo que determina el derecho comunitario, es decir, que tenga que pasar por el Tribunal de Justicia de la UE.
El condicionado apoyo del ICO
Sin embargo, esto no ha echado para atrás la colaboración del ICO con el rescate, pero desde Abengoa sostienen que sí impuso una condición: que participe la Junta de Andalucía con la citada garantía. De ahí que se haya insistido tanto en la importancia de esta implicación que los responsables autonómicos no terminan de ver. Por ejemplo, cuando Elías Bendodo se ha negado a “aceptar que se diga que peligra por un aval de 20 millones de euros una operación de más de 500” o “cómo puede ser tan determinante esa cantidad” en una empresa con una deuda de más de 5.000 millones de euros. ¿Está por escrito esa condición del ICO? Desde la empresa dicen que sí, que se trata de un “compromiso de apoyo financiero necesario para la operación (...) sin que sea posible el cierre en ausencia” del mismo. El ICO no ha facilitado esa información.
Contra la concurrencia competitiva
Cuando el Gobierno de Andalucía se ha puesto a “buscar herramientas” para apoyar a una empresa que tiene unos 1.500 trabajadores en Andalucía se ha topado con la realidad jurídica. O sea, hay mecanismos de avales, ejecutados por la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), pero se otorgan en convocatoria, y se da la circunstancia de que las existentes están orientadas a pymes. ¿Cómo justifica una administración pública este aval a dedo a Abengoa? El equipo PP–Ciudadanos aprovecha para hacer a la vez oposición a la oposición y repetir una y otra vez que con ellos “ya no se hace como con el PSOE”. No es que los apoyos que se dieron en etapas pasadas no contaran con el respaldo del Parlamento de Andalucía, cuando lo exigía la ley, pero todas las consecuencias y responsabilidades de las operaciones fallidas han sido para el ejecutivo.
“Los 20 millones de euros que Abengoa reclama suponen algo más de un 3% del montante total de la operación que necesita la empresa, por lo que no parece razonable que la imposibilidad legal de obtener dicha cantidad sea motivo para irse de Andalucía”, apuntan desde el ejecutivo de Juan Manuel Moreno. “No se pueden dar no por falta de voluntad política de la Junta de Andalucía, sino porque no existe hasta el momento ningún informe favorable de los servicios jurídicos”, agregan las mismas fuentes, que recuerdan “las nefastas experiencias de gobiernos anteriores, algunas ya juzgadas y otras judicializadas, como Isofotón o el caso Avales, por ayudas sui generis a empresas de dudosa viabilidad”. Esto les lleva a “extremar la cautela de los servicios jurídicos”, lo que se suma a “la inestabilidad interna en la propia empresa, que hace unos días vivió un cambio de presidente”.
Todavía no se conocen las cuentas del ejercicio de 2019
Tampoco es que la empresa, con un proceso en la Audiencia Nacional por presunta falsedad contable, haya jugado con transparencia en este llamamiento a las administraciones públicas. Entre otras cosas, no se conocen sus cuentas del ejercicio de 2019, cuando está a punto de concluir el de 2020. El primer trimestre del año informó a la CNMV que no lo podía hacer por no tener datos de su participada Abenewco 2. Y hasta hoy.
La empresa ha sufrido los últimos años un proceso paulatino de descapitalización, a la vez que ha reducido hasta cinco veces la facturación de 7.000 millones de euros que llegó a tener cuando se erigía como el buque insignia de las multinacionales con origen en Andalucía. Es más, la Junta de Andalucía sostiene que no le ha pasado el plan de refinanciación, si bien esto lo ha negado varias veces desde la compañía.
Contra los accionistas minoritarios
Súmese a esto que el plan de refinanciación es para Abenewco 1, la filial que sigue controlando todavía Gonzalo Urquijo. En concreto con un crédito de 250 millones, avalado en un 70% por el ICO, que también pone 50 del préstamo, junto a otros avales de hasta 300 por el Cesce. Por eso, los accionistas minoritarios lo han llevado a los juzgados, porque siempre han sospechado que con este rescate se deja ir a la quiebra a la matriz, en la que, como demostraron con la reciente destitución de su consejo de administración, sí tienen margen de maniobra, pese a que no lograron que se votara como sustituto del presidente su apuesta: Marcos de Quintos.