Los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco1 CPA, sociedades derivadas de Abengoa, declarada en concurso voluntario de acreedores tras cerrar 2019 con una deuda de 4.783 millones de euros, casi 6.000 millones contando deudas de proyectos en venta, han alertado este domingo de que las arcas estatales sufrirán un “impacto de aproximadamente 500 millones de euros” si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no accede a conceder la financiación solicitada para el reflote de la multinacional tecnológica.
En ese cálculo figuran por ejemplo 157 millones de euros de la “ejecución de los avales garantizados” por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), 80 millones de euros por la “imposibilidad de repago” de cuantías a la Seguridad Social y la Hacienda Pública o la desaparición de “ingresos para el Estado derivados de IVA e impuesto de sociedades por importe de 67 millones” al año.
“Los trabajadores del Grupo Abenewco1, sus acreedores, socios, accionistas y 'stakeholders', así como la Sociedad sevillana, andaluza y española, no entenderían que un Gobierno social como el actual dejará atrás a 16.000 familias (entre empleos directos e indirectos) y que con dinero de Europa no se rescate a una empresa líder mundial en el sector de las energías renovables, comprometida con la Agenda 2030 del Gobierno”, enfatizan los comités de empresa.
En ese sentido, los comités de empresa apelan al lema del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de no dejar “a nadie atrás”, en demanda de que “Abengoa siga siendo referente mundial en el sector de las energías renovables y motor económico de Sevilla, Andalucía y España”.
Además, los representantes de la plantilla han convocado una nueva concentración a las 20.30 horas de este domingo en el campus tecnológico de Palmas Altas, sede central de la entidad, una vez más para visibilizar sus reivindicaciones.
Porque para este lunes está prevista la última reunión del consejo de ministros, previa a la finalización de la fase de propuestas de convenio del procedimiento concursal en el que se encuentra inmersa la multinacional tecnológica sevillana, con Ernst & Young Abogados (EY) como administrador.
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