Diferenciar a los buenos de los malos funcionarios, y que eso se note tanto en el sueldo que cobran como incluso en el puesto que ocupan. Éste es uno de los aspectos más llamativos del anteproyecto de Ley de Función Pública andaluza, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta este miércoles y que ahora pone rumbo al Parlamento para su validación, que el Ejecutivo se ha abierto incluso a que sea por vía de urgencia. La nueva norma sustituirá a la vigente desde 1985 y no solo prevé penalizar el bajo rendimiento restando complementos salariales, sino incluso con traslados a otro puesto de trabajo que, eso sí, tendrá que estar en la misma localidad.
El objetivo, en esencia, es “motivar a los funcionarios para que hagan bien su trabajo y que quede marcada la mala praxis”, en palabras del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, para lo que se hará una evaluación permanente del desempeño del trabajador de turno. “Se analiza y se penaliza la mala praxis”, ha insistido Nieto en relación con una norma que afectará a todos los empleados públicos de las administraciones andaluzas (quedan excluidos los funcionarios estatales). Esto incluye a los trabajadores municipales y universitarios respetando la autonomía de estos dos ámbitos, así como las singularidades del personal estatutario de sanidad y educación.
De manera general, y al margen de las excepciones que procedan, hablamos de una ley que a día de hoy afectará a casi 440.000 funcionarios, una cifra que se alcanza sumando al personal al servicio de la Junta de Andalucía (casi 300.000 incluyendo sus agencias administrativas), los 113.000 de la administración local y los 27.000 de las universidades, datos que se incluyen en el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Política Territorial. En el caso de la Junta de Andalucía, el texto afectará al personal tanto funcionario como laboral de la Administración general, así como a los contratados por entidades instrumentales y a los directivos públicos profesionales. En el caso de los eventuales, les afectarán los aspectos que sean aplicables a la naturaleza de su condición.
Evaluación positiva... o negativa
En realidad, la nueva norma lo que persigue sobre todo es premiar al que lo haga bien y sea más productivo. ¿Y cómo se determina eso? Pues teniendo en cuenta conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación: una evaluación positiva conllevará complementos retributivos que se sumarán a otros como los de carrera profesional, nivel competencial y puesto. En cambio, si el funcionario de turno suspende este examen, como primer paso tendrá que llevar a cabo un programa de formación, y si las cosas siguen igual, se limitará la evaluación de los méritos en los concursos de traslado, al margen de que no percibirá el complemento ligado al buen desempeño. En última instancia, la situación se resolverá por vía reglamentaria, lo que incluye el traslado a otro puesto en la misma localidad.
El texto, que nace con el aval de CSIF, CCOO y UGT, incluye la histórica reivindicación de la carrera profesional con un aspecto clave, y es que se incorpora como concepto retributivo que permitirá ascender y promocionar sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. La formación, el aprendizaje y la acreditación de competencias se incluyen como un derecho del funcionario pero también como un deber, y también se recoge la posibilidad de teletrabajar (“cuando el puesto lo permita”) y la desconexión digital.
Puestos directivos a examen
Una de las promesas que trae la futura ley bajo el brazo es la de la profesionalización de los puestos directivos, para lo que se fija un sistema de selección por convocatoria pública que controlará una comisión independiente. Su continuidad o no en el puesto lo determinará, por ejemplo, el cumplimiento de los acuerdos previos de gestión, cuestión que también determinará la retribución ya que se asocia a una parte variable. Los directivos, además, tendrán que asumir obligaciones éticas y de formación, todo ello, según el Gobierno andaluz, con el objetivo de “ser más transparente en la selección y facilitar elegir a los mejores” para ocupar estas plazas.
La Administración autonómica también se compromete a agilizar el proceso para cubrir puestos de trabajo con medidas como una nueva modalidad de concurso abierto y permanente y la reducción de los plazos de convocatoria y resolución. Asimismo, las pruebas que tengan que superar los aspirantes a un puesto se afinarán para adecuarlas mejor a la plaza convocada.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero José Antonio Nieto no ha ahorrado adjetivos a la hora de definir el texto que ha validado el Ejecutivo andaluz: “una de las grandes leyes de la legislatura”, una norma “imprescindible” que supone “un cambio radical”, una “garantía de mejorar del servicio al ciudadano”... Ahora llega al Parlamento, donde la mayoría absoluta del PP le garantiza luz verde, de ahí que Nieto plantee la posibilidad de aprobarla por vía de urgencia, pese a lo cual ha antepuesto el consenso con otras formaciones a la velocidad en la tramitación.