A la Junta de Andalucía puede salirle caro su carpetazo a las “convocatorias exprés”, el sistema ilegal que ideó para cubrir plazas de interino en plena pandemia. Dos juzgados de Córdoba y otro de Almería han concluido que, al borrar cualquier efecto de las convocatorias declaradas nulas, está conculcando los derechos de aquellos interinos, que al fin y al cabo son terceros de buena fe. Condenan a la Junta de Andalucía a reincorporarlos porque la nulidad no implica el cese automático de interinos que habían logrado plaza en procesos posteriores no anulados. De paso, ordena que se les paguen los meses que han pasado desde que los cesó.
El asunto no está zanjado y hay discrepancias judiciales. Varios juzgados sevillanos están dando la razón a la administración. Será el Tribunal Superior de Justicia el que determine finalmente cuáles son los efectos de la nulidad de las 21 convocatorias exprés de 2020. Pero para estos interinos son victorias muy importantes. Entienden que están pagando las consecuencias de una “chapuza” diseñada y ejecutada por la administración, en la que ellos solo sirvieron de mano de obra. En todo este tiempo han tenido que soportar un sambenito que nadie ha probado: que eran “enchufados”.
En torno a medio centenar ha demandado a la Junta de Andalucía, que no ha facilitado a este medio la cifra exacta de procedimientos ni su posición en este embrollo.
No tienen dudas: la convocatoria con la que lograron su primera interinidad es una “chapuza” y es nula. Sin embargo, durante meses desempeñaron su tarea cumpliendo un contrato del que no tenían por qué sospechar. “Yo he trabajado siempre y no quiero que me busquen un trabajo gratis. Pero entré tal y como la Junta pidió, estoy por encima de la cualificación que exigían y no pueden deshacerse de mí como si fuera un perro”, protesta Raquel, una de ellas.
ElDiario.es Andalucía ha hablado con una decena de interinos contratados en las convocatorias exprés y cesados después de otros puestos.
El origen del embrollo: la nulidad confusa de las “convocatorias exprés”
“¿Por qué los afectados somos quienes hemos trabajado? ¿Cada vez que eche una convocatoria tengo que preguntar si es legal?”, se pregunta A. Pérez. Durante seis meses de “contrato exprés” trabajó en el diseño de los protocolos de seguridad para los colegios de Málaga. “Se nos pidió trabajar presencialmente porque la mayoría de los funcionarios estaban en casa por la Covid. Entramos 123 interinos para esa tarea. Si no se hubieran contratado igual los colegios no hubiesen abierto en septiembre”.
Después de terminar el 31 de diciembre de 2020, logró otro contrato de tres años (prorrogable a cuatro), gracias a que antes había pasado a integrar el “colectivo 3” de la bolsa. Dejó a su hijo y a su marido en Málaga, alquiló un piso en Sevilla y se marchó. Pero seis meses más tarde, la Junta de Andalucía la cesó, alegando que los méritos por los que había accedido a la bolsa eran nulos.
En el origen de este embrollo está una controvertida decisión de la Consejería de la Presidencia. En lo peor de la pandemia, en abril de 2020, ideó un sistema con el que asegurarse trabajadores públicos: seleccionaría en 24 horas por “riguroso” orden de llegada de las solicitudes, descartando a los mayores de 60 años, a embarazadas o enfermos crónicos. Aquel mecanismo, extendido para todo tipo de puestos, fue rápidamente censurado por los tribunales porque ignoraba “de forma grosera” los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública. Entre tanto, unas 4.000 personas habían sido designadas y habían desempeñado el trabajo que la administración les había asignado.
Todas terminaron sus contratos en diciembre de 2020, pero contaban con haber adquirido unos méritos que les valieran para futuras convocatorias, y que el tiempo trabajado se contara el doble, tal y como establecían las convocatorias.
“Ahora somos fantasmas”
Los interinos exprés denuncian que detrás de un asunto tan técnico como los efectos de la nulidad está su vida profesional y, en algunos casos, personal. “Nadie nos ha preguntado nunca nada”, dicen. Creen que en este asunto se les ha estigmatizado con el sambenito de “enchufados”, cuando se limitaron a concurrir a una oferta pública y trabajar en lo peor de la pandemia, con riesgo para su salud. “Nos trataban como ”los del Covid“. Con desprecio. El despido fue: ”Mañana os vais“, cuenta Raquel, que perdió su derecho a la prestación por desempleo por trabajar para la administración.
“Yo tenía diez años de experiencia. Que la Junta no se molestara ni en pedir mi vida laboral no quiere decir que no tuviéramos el mérito y la capacidad. Ahora mismo somos fantasmas: hemos firmado evaluaciones de riesgos asumiendo responsabilidad, pero no tenemos reconocimiento ninguno como trabajadores de la Junta. Nos contrataron por un correíto y nos echaron por correíto”, protesta Juan Saénz de Tejada.
Ángel renunció a una vacante de profesor y perdió su antigüedad. En el juicio contra la administración sintió que le trataban “como a un número”. Ahora ya son un número que ni existe. En febrero de 2022, la Consejería de Presidencia publicó una resolución con la que cerrar el círculo: las inscripciones registrales de sus nombramientos, tomas de posesión y cese deben cancelarse.
“Para pedir el documento de retención para el IRPF he tenido que escribir por privado al jefe de servicio, porque no puedo acceder a mi expediente a través de la web del empleado público. Está bloqueado. He desaparecido”, dice una interina, bajo condición de anonimato. Tras 16 años trabajando en el sector privado, lo dejó por la promesa que la administración formulaba en su convocatoria. “Esto era el empujón para las oposiciones. Ahora, es un año de experiencia laboral perdido”. Está sin empleo. Sin embargo, ella es una de quienes ha recurrido y ganado: un juzgado de Córdoba ha ordenado readmitirla y pagarle los salarios de tramitación.
“De lo que nos dijeron no se ha cumplido nada”
Mónica se pensó mucho el paso porque llevaba 13 años trabajando para la misma empresa. Puso en una balanza lo que le ofrecía la Junta y accedió: durante seis meses trabajó para la reapertura de los colegios. “Si me dicen que voy a trabajar seis meses y luego no quieren saber nunca nada más, me quedo en mi trabajo. Esto ha roto por la mitad mi vida profesional”.
La otra interina que ha conseguido sentencia favorable en Córdoba se marchó a Sevilla para cuatro años dejando atrás a su familia para que la echaran a las pocas semanas. Un coste emocional que suma al económico. “Estaría bueno que un ciudadano esté detrás de la administración para comprobar si el proceso selectivo es legal o no”, razona.
“De lo que nos dijeron no se ha cumplido nada”, lamenta Javier Martínez, que dejó su trabajo y hoy, fuera de las bolsas, se ha reconvertido en autónomo. Alguno ha acabado desempeñando el mismo trabajo que cuando era interino, pero en una empresa pública en apoyo de la administración autonómica, “porque no dan abasto”.
“El coraje de esto es que parece que el que lo está haciendo mal eres tú. Yo no tengo enchufe ninguno y no soy la responsable de esta chapuza de la Junta”, lamenta Mónica. “Este procedimiento habrá tenido que pasar por gabinetes jurídicos, por intervención, por toda la burocracia: ¿a nadie se le ocurre que va en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad?”, se pregunta: “Ha reventado la vida de un montón de gente y encima con el estigma de que queríamos entrar en la función pública por la cara. Por la cara no: como decía el BOJA”.