El gasto farmacéutico en Andalucía ha ido escalando de forma acelerada desde 2019, primer año del Gobierno de Juan Manuel Moreno, hasta alcanzar “casi un tercio del presupuesto sanitario” en 2023, según consta en el proyecto de ley de Presupuestos Andaluces para el año que viene. El gasto farmacéutico es el dinero que la Junta abona a la industria por los medicamentos subvencionados por la sanidad pública, para que un ciudadano pague por una receta médica mucho menos de su coste real.
La Consejería de Hacienda ya emitió un informe hace justo un año alertando de su “especial preocupación” por este incremento del gasto y señalando una de las razones principales: la supresión de la subasta de medicamentos, un mecanismo de control presupuestario diseñado en 2012 por el Gobierno socialista para contener la factura de la industria farmacéutica. Moreno prometió eliminar las subastas y cumplió su promesa a lo largo de la pasada legislatura, a medida que expiraban los convenios vigentes que no fueron renovados (el último terminó el 20 de diciembre de 2020).
La subasta de medicamentos obligaba a las farmacéuticas a pujar por vender los suministros que necesitaba la sanidad pública andaluza, permitiendo a la Junta comprar lotes a un precio más beneficioso y ahorrar una cantidad de fondos públicos “nada desdeñable”. El mayor ahorro se registró en el ejercicio presupuestario 2015, cuando la factura cayó hasta los 1.587 millones de euros. El año pasado, el Gobierno andaluz pagó a las farmacéuticas más de 2.191 millones y en 2023 prevé gastar 2.566 millones.
Hacienda concluyó que al suprimir las subastas se produjo una reacción en cadena: “un incremento del gasto en farmacia hospitalaria y en recetas”, que a su vez provocó un descuadre de los dos últimos Presupuestos autonómicos, que a su vez obligó al Gobierno andaluz a recortar fondos de otras consejerías para desviarlos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), y así taponar un agujero de más de 600 millones de euros entre 2019 y 2021.
La diferencia entre el gasto farmacéutico entre 2019 y 2021 asciende a 462 millones. El Gobierno andaluz paga hoy a las farmacéuticas más por cada receta médica de lo que pagaba hace un año, y mucho más de lo que pagaba hace cuatro. Para el año que viene, la previsión del coste total de la prestación farmacéutica alcanzará los 2.566 millones de euros, 383 millones más que en las cuentas prorrogadas de este año. “El 28,93% del presupuesto sanitario, es decir, casi un tercio del total”, concluye la memoria económica del SAS recogida en el proyecto de Presupuestos para 2023, que el Parlamento aprobará previsiblemente la semana que viene.
Renuncia de ingresos
La Consejería de Hacienda tiró de las orejas al departamento de Salud el pasado diciembre, advirtiéndole de su “especial preocupación por la evolución en los últimos períodos del coste de la prestación farmacéutica (recetas)”. El informe de la Dirección General de Presupuestos de la Junta atribuye el problema de fondo a varias causas, pero pone especial énfasis en la eliminación de las subastas y la pérdida de ahorro que supuso dicha decisión: “La supresión de las subastas farmacéuticas, independientemente de las razones que motivaron la misma, ha dado origen a unos incrementos de costes en esta legislatura derivados de la falta de una serie de ingresos que llegaron a alcanzar 227.503.031 euros al año en el 2019, y que se han tenido que incorporar necesariamente al crédito presupuestario del Servicio Andaluz de Salud, detrayéndolo necesariamente de la envolvente presupuestaria general desde otras Consejerías a la hora de afrontar el presupuesto de cada año”, reza el informe.
Andalucía se ha convertido, según este documento, en “la comunidad autónoma con mayor incremento interanual en los dos últimos ejercicios” en gasto con receta médica: hasta un 15,9%, el doble que Madrid, en segundo lugar en gasto farmacéutico (7,2%) y muy por encima de la media nacional (6,8%). Estas desviaciones recogen la incidencia de la supresión de las subastas. En 2020, el aumento del gasto rebasó el 10% “al empezarse a suprimir el efecto de las subastas”, recoge el informe. En 2021 el incremento alcanzó más del 15%, resultando una “tasa acumulativa de más del 25% en dos años”, a tenor de los datos del Ministerio de Sanidad que recopila el citado informe.
En 2022, según el decreto de prórroga presupuestaria en vigor, el gasto farmacéutico siguió aumentando, pero de forma más atenuada (hasta un 9% más). Todas estas desviaciones se deben “a la suma de los citados efectos de supresión de la subasta de medicamentos más el notable incremento de costes gasto en prestación farmacéutica y productos dietéticos, a través de recetas”, explica la Consejería de Hacienda, entonces pilotada por Juan Bravo, hoy vicesecretario económico del PP nacional.
Medidas del SAS
Estas desviaciones interanuales son netas, es decir, contienen la incidencia de la supresión de las subastas farmacéuticas, elevando así el porcentaje de gasto, advierte Hacienda. La Consejería de Salud aporta otros datos, más recientes, donde la evolución del gasto mes a mes entre julio y octubre es decreciente, y comparativamente muy aproximada al gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud: en octubre la desviación de gasto fue del 4,3% en Andalucía, cuando la media nacional fue del 3,8% (menos del 0,5% de diferencia). En noviembre, el incremento fue del 1,46%.
El departamento de Catalina García evaluó las medidas para contener el gasto farmacéutico en el último año y cifró el ahorro anual en 50 millones de euros. En 2022, entre enero y julio, la factura farmacéutica ascendió a 1.311,47 millones de euros, un 6,72% más que en el mismo periodo del año anterior. Salud consideró el dato “muy positivo”, porque incluía los meses de verano en los que Andalucía multiplica su población debido a los turistas que visitan esta comunidad.
Entre las medias emprendidas por el SAS destacan las encaminadas a “contener el uso de medicamentos que puedan provocar un impacto negativo en la salud de la ciudadanía”, a través de un seguimiento de pacientes crónicos polimedicados para evitar un elevado número de medicamentos prescritos, que pueden ser innecesarios, inadecuados, y que, además, pueden provocar efectos adversos. Entre enero y julio se anularon 356.732 prescripciones a estos pacientes.
También, se ha introducido una ayuda a la prescripción en el sistema de receta electrónica que alerta al médico en aquellos pacientes con 15 o más prescripciones y de la posibilidad de cumplimentar un informe de revisión. Otro de los factores que señalaba el informe de Hacienda para explicar el incremento del gasto farmacéutico era la falta de controles del personal sanitario. “Año tras año vienen disminuyendo los tradicionales controles sobre el personal facultativo del sistema sanitario público para conseguir unas mayores tasas de eficiencia en el momento de efectuar dicha prestación farmacéutica. En la actualidad, somos probablemente la comunidad con mayor incremento interanual en los dos últimos ejercicios”, concluye el documento.
Restituir las subastas vía enmiendas al Presupuesto
El presupuesto más expansivo de las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio será el de sanidad, que asciende a 13.800 millones de euros, un 11,7% más que el actual (1.350 millones más). Es también sobre el que más enmiendas recaen de los grupos de la oposición, que han presionado a la Junta para que blindase los contratos de los 12.000 sanitarios de refuerzo que expiran el próximo 31 de diciembre, algo que finalmente se va acometer aunque la medida no está exenta de polémica porque se renovarán entre seis meses y un año.
El grupo parlamentario Por Andalucía defenderá una enmienda a los Presupuestos andaluces de 2023 para que se recuperen las subastas de medicamentos. Su portavoz, Inmaculada Nieto, denunciaba este lunes que el gasto farmacéutico “se ha disparado” desde que el PP gobierna Andalucía “como consecuencia de la supresión de las subastas”, y recordó que el presidente tomó esta decisión aduciendo “un supuesto desabastecimiento de medicamentos” en el mercado “que nunca se produjo”.
En 2019, mientras el Gobierno de Moreno ultimaba la supresión de la subasta de medicamentos en Andalucía; la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) emitió un informe en el sentido contrario, esto es, instando a aplicar en el conjunto del país el sistema de subastas, que permitiría un ahorro de hasta mil millones de euros hasta 2022. Nieto ha recuperado aquel informe, más los datos de evolución ascendente en el gasto farmacéutico andaluz, para promover la restitución del modelo anterior.
Además, la portavoz de la coalición de izquierdas ha denunciado que algunos medicamentos empiezan a escasear en las farmacias andaluzas, “provocando la interrupción de tratamientos en pacientes que los tienen prescritos”, caso del Ozempic, un fármaco utilizado para la diabetes y para la obesidad y que estos días “no se encuentra disponible prácticamente en toda Andalucía, y especialmente en Sevilla y Granada”; o analgésicos como el Eferalgán, el Permixón y algunas amoxicilinas, “cuya carestía ha quedado patente en el tratamiento de la bronquiolitis y otras enfermedades de las vías respiratorias que vienen afectando a un número mayor de niños y niñas de lo que es habitual”, sentencia.