La última Oferta de Empleo Pública (OPE) para la estabilización de empleo en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) de la Junta de Andalucía está provocando malestar entre sus trabajadores. Según la plantilla, la oferta puede poner en peligro 700 plazas que salen a concurso pese a que ya los ocupan empleados que tienen acuerdos arbitrales por el que deben ser considerados fijos desde hace años. CGT, el sindicato mayoritario de esta agencia, denuncia que la Consejería de Agricultura está llevando a cabo el proceso sin negociarlo con la mesa sectorial y temen que acabe afectando a la totalidad de la plantilla compuesta por 5.000 trabajadores si acaba derivando en demandas de los afectados. Fuentes de Agricultura niegan que se vaya a poner en peligro ningún empleo y que no se esté negociando sin los sindicatos.
La Agencia de Medio Ambiente y Agua es una agencia pública de la Junta de Andalucía que se encarga de proteger el medio ambiente y apostar por el desarrollo sostenible de la región. Una agencia, dependiente de la Consejería de Agricultura, a la que está adscrito el servicio de extinción de incendios forestales conocido como INFOCA. Por eso, según los sindicatos y los trabajadores, la Junta está precisamente utilizando el nombre del INFOCA para “vender” que la OPE es positiva para la agencia, cuando temen que sea todo lo contrario. El Ejecutivo regional afirma que esta oposición va a servir para estabilizar el empleo en el servicio de extinción de incendios forestales ya que, según la Junta, el 80% del personal que trabaja en la AMAYA pertenece al INFOCA.
Sin embargo, fuentes sindicales desmienten “tajantemente” que la oposición esté pensada para el INFOCA. Antonio Castellano, secretario del Comité Intercentros de la agencia y delegado de CGT, afirma que de los 710 puestos que salen a concurso en esta estabilización, apenas un tercio son para INFOCA. “La OPE afecta a unas 220 personas que son del grupo técnico, que es personal que en su mayor parte no realiza funciones en el INFOCA; después a otras 200 personas que son operarios y trabajadores del medio natural y luego, el resto, en algunos casos, afecta al personal de INFOCA”. De ahí que consideren que la Junta de Andalucía está aprovechándose del servicio de extinción de incendios forestales para anunciar que se trata de una oferta pública que lo mejorará.
Esta OPE, que tendrá que negociarse durante todo el año 2022, es la consecuencia del decreto ley que aprobó el Congreso el pasado mes de noviembre para dar estabilidad al personal temporal de las instituciones públicas y acabar con el “abuso de interinos”. Merced a ella, la Consejería de Agricultura ha convocado esta oposición para que 710 puestos de trabajo dejen de ser temporales y pasen a ser. El problema es que estas plazas ya pertenecen a personal que ha adquirido condición de indefinido a través de diferentes acuerdos arbitrales, según denuncian sindicatos como CGT y SAT. En la mayoría de casos, además, se trata de trabajadores que lleva más de una década en la plantilla.
Para entender el conflicto hay que irse una década atrás en el tiempo. Estos empleos, que ahora están en el centro de la polémica, corresponden a trabajadores “que estaban contratados por obra y servicios (temporales), pero el 85% ya se encontraban en fraude de ley porque ya llevaban más de tres años de trabajo en la agencia. Se subrogaron mal porque se les subrogó como eventuales”, explica Antonio Castellano, delegado de CGT en AMAYA. “Tanto unos como otros (los indefinidos y los temporales) accedieron a la actual AMAYA en las mismas condiciones. Aquello ocurrió en 2011, justo antes de las elecciones cuando el PSOE decidió asegurar los puestos del personal público que estaba trabajando”. La opinión de Castellano y de buena parte de los afectados es que aquellas negociaciones “no se hicieron bien”. “Entendemos que todas las personas que estaban en fraude de ley tenían que haberse convertido en indefinidos antes de la subrogación, pero no fue así y algunos siguieron siendo eventuales. Lo que ha ocurrido es un problema grande de agravio comparativo entre unos y otros”.
“Lo que ha vendido la Consejería ahora es un ejercicio de cinismo. Venden que es un refuerzo del empleo, pero hablan de plazas que llevan presupuestadas muchos años”, señalan desde CGT. “Creemos que existe un riesgo de pérdida efectiva de puestos de trabajo. Han empezado por las agencias sanitarias y por la de Medio Ambiente porque tienen un claro tinte político ya que son las que mejor imagen tienen”. Fuentes de AMAYA creen también que el conflicto puede acabar en demandas contra la Consejería que terminen afectando a toda la plantilla que se subrogó en 2011 ya que dan por hecho que “el trabajador que está afectado por esta OPE va a impugnarla”. Una situación que puede hacer que todos los puestos de trabajo que se subrogaron entonces tengan que ser revisados.
A este punto se ha llegado después de que los que fueron subrogados a la agencia como temporales denunciasen su situación en 2015 y consiguieran sus plazas fijas a través de acuerdos arbitrales que hoy se ponen en duda. Según explican fuentes de AMAYA, como había “mucho fraude en la contratación pública”, se produjeron muchas demandas de trabajadores eventuales que lograron que tras tres años en sus puestos de trabajo fuesen considerados indefinidos no fijos. Sin embargo, la Junta ahora ha decidido que esos puestos pasen a ser de nuevo eventuales y, por lo tanto, objeto de estabilización de esta OPE. “No sabemos por qué la Consejería dice que estos no son indefinidos no fijos, sino temporales”, puntualiza Antonio Castellano.
Por su complejidad, en CGT, SAT, CCOO y UGT exigen a la Junta de Andalucía que cuente con la mesa sectorial para avanzar en esta OPE. CGT y SAT van un paso más allá y afean al Ejecutivo su opacidad con este asunto. “Es mentira que se haya negociado con los sindicatos. El director gerente nos avisó dos días antes de que se publicase la resolución en el BOJA. Hasta los números de la OPE están mal. Sí se llevó previamente a la mesa de función pública para hablarlo, pero ahí no se discutieron el número de plazas ni nada similar”, denuncia Antonio Castellano de CGT en AMAYA. Por su parte, Raúl Mena de CCOO, afirma que esta situación debe resolverse a través de una negociación con la agencia “en la que se elaboren unas bases para que se intente que la mayoría de gente que está trabajando se quede”.
Ese es el leitmotiv que comparten las secciones sindicales: que los que están se quedan. “Hablamos de gente que llevan 15 años trabajando en la agencia”, recuerda Raúl Mena de CCOO. Al respecto, Antonio Castellano teme que “si, de alguna forma, no se limita la posibilidad de que personal que ya trabaja en la Administración pueda participar en esta OPE, este proceso se puede convertir en un traslado encubierto”. Porque, afirma, quienes trabajan en la Administración tienden a optar a plazas que puedan darles estabilidad laboral a través de contratos fijos y no interinos o temporales. Por otra parte, como la negociación depende en última instancia de la Consejería de Justicia y Administración Local y está en manos de Ciudadanos cuyo futuro político es dudoso, temen que las negociaciones que deben desarrollarse durante todo el año no sirvan para nada si los naranjas salen del Ejecutivo regional en las elecciones que deben celebrarse a lo largo de 2022.
Además, sindicatos y trabajadores insisten en que la OPE no es un refuerzo del INFOCA como dice la Junta, sino que la realidad es distinta: “No está orientado a mejorar el INFOCA. La estabilidad laboral que deberían buscar es que, de una vez por todas, no haya trabajadores temporales y menos en este servicio”. “Hay formas de a los bomberos forestales en el sitio que se merecen. Por ejemplo, nosotros no cobramos la antigüedad. Por ahí es por donde hay que empezar. Para incrementar el personal no se ha hecho nada cuando hay déficit en la plantilla y hace falta personal porque durante todo el año no solo trabajamos en incendios, sino en muchas más cosas”, sentencia Antonio Castellano de CGT.
Fuentes de la Consejería de Agricultura consultadas por este medio afirman que la OPE está pensada para “utilizar al máximo posible las opciones que da el Gobierno para estabilizar empleos”. “Nadie hace una OPE para poner en peligro puestos de trabajo, sino todo lo contrario”. Por otro lado, desmienten a los sindicatos cuando estos denuncian que la medida no está pensada para el INFOCA: “Nadie puede poner en duda que estamos tratando de poner el servicio en la mejor posición posible. Se han sacado ya 1.100 plazas en tres años”. Desde Agricultura aseguran también que la OPE no se ha hecho a espaldas de la mesa sectorial, sino que se ha hecho “contando con los sindicatos y negociando con ellos”. Las fuentes oficiales consultadas se excusan de los posibles errores que se cometan recordando que solo llevan “tres años de trabajo”.
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