La investigación del intento de inflar en cinco millones el precio que debía pagar la Junta de Andalucía por cien maletines con test de detección del Covid-19 revela que, después de conocer la trama, Antonio Sanz (viceconsejero de Presidencia) ofreció a Félix Guerrero, el empresario vendedor (y denunciante) una segunda revisión de su producto. Lo hizo después de que los test ya hubieran sido rechazados por la responsable de este tipo de compras. La propia Junta de Andalucía acabó denunciando el asunto, dos meses después de que tuviera conocimiento.
La segunda evaluación confirmó el resultado negativo, pero los investigadores de la UDEF no están seguros de si este paso fue correcto. María Jesús Pareja, gerente del Hospital Virgen del Valme de Sevilla y encargada de validar técnicamente los test que se ofrecían a la Junta de Andalucía, les dijo que pedir una segunda evaluación técnica es una “irregularidad de procedimiento muy grande”, puesto que ella era la máxima autoridad en Andalucía para estos exámenes. En cambio, la autora de la segunda evaluación no pareció sorprenderse. Los investigadores admiten que esto “contrasta” con lo que les dijo Pareja.
María Jesús Pareja fue cesada como directora del Hospital Valme el pasado enero, pocos días antes de que se conociera que el juzgado de instrucción 2 de Sevilla investiga este asunto.
En una reunión, Antonio Sanz explicó a Guerrero que la evaluación se había llevado a Granada “con toda la confidencialidad del mundo”. En los interrogatorios, a Sanz le preguntaron expresamente por los motivos de realizar un segundo examen. El viceconsejero esgrimió que el objetivo era demostrar a Félix Guerrero que la decisión de no comprar su producto era técnica, y no consecuencia de que no hubiese aceptado la mordida. La segunda evaluación se canceló hasta en dos ocasiones sin que se explicaran los motivos.
La decisión de reevaluar el producto se tomó después de que Elías Bendodo conociera el intento (frustrado) de vender los maletines inflados de precio y encargara a Antonio Sanz una investigación informal, pero antes de que la Junta abriera un expediente de investigación que desembocó en la denuncia ante la Fiscalía. Es decir, cuando no existía ninguna constancia oficial de la investigación.
En ese lapso, que dura dos meses, hay una supuesta colaboración con el vendedor Félix Guerrero para conocer qué ha pasado. Él era el colaborador necesario de un intento de mordida supuestamente orquestado por un asesor del gabinete del consejero de Salud, pero el plan se había frustrado por su negativa a participar y la voz de alarma dada a Bendodo. Sanz sabía que manejaba información sensible: Guerrero es un empresario asturiano del sector, a quien Manuel García Gallardo había pedido que inflara una factura de test Covid en cinco millones de euros, supuestamente a instancias del asesor Guillermo González. González, que ahora dice trabajar en el sector privado, es secretario general del PP de Cabra (Córdoba) y fue nombrado asesor de Aguirre en 2019.
A pesar de estar manejando un asunto muy delicado que podía implicarles, Sanz y altos cargos de la consejería de Salud volvieron a ofrecer a Guerrero la posibilidad de evaluar ese y otros productos, derivando la evaluación de los productos a Granada, si se ofrecían a precios de mercado.
Según los investigadores, Sanz llamó a Guerrero el 21 de octubre para comunicarle que querían revisar el producto y que hay “voluntad de trabajar con él” si la oferta reúne “condiciones de precio y calidad adecuadas y se encuentra dentro de los márgenes lógicos”. El 4 de diciembre, durante una reunión, vuelve a insistirle en que la investigación en ciernes no le cierra la puerta para contratar, si se ajusta a los precios.
Ni Guerrero ni Sanz están investigados en la causa. Con los indicios recopilados hasta ahora, la UDEF cree que no hay nada que apunte a la participación en la mordida de personas “de arriba” a la que aluden los empresarios que sí están investigados.
A pesar de que el rechazo en primera instancia se había producido por motivos técnicos, el denunciante seguía confiando en la calidad de su producto, y barruntaba que la operación quizá se había frustrado por levantar él la liebre de las comisiones. También había comprobado que la actitud de los comisionistas había cambiado después de que él denunciara el intento de mordida ante Elías Bendodo. En realidad, lo que había ocurrido es que Sanz se había reunido con el asesor involucrado para pedirle explicaciones, de modo que éste ya estaba sobre aviso.
Por eso, Guerrero empieza a sospechar. El empresario cree que el asesor de Aguirre no actuaba solo, y no se fía. La desconfianza llega al punto de que, a principios de diciembre, Guerrero graba una reunión con Antonio Sanz, la viceconsejera de Salud, el jefe de gabinete de Jesús Aguirre y José Antonio Miranda. En ella, el empresario recapitula el caso y los responsables políticos se escandalizan por que unos empresarios hayan querido usar la pandemia y a la Junta de Andalucía para un fin espurio.
“Es que nos hunde esto, quiero decir moralmente, estamos aquí como cabrones trabajando para que dos golfos jodan esto, ¿no? Entonces, ¿tú tienes alguna impresión de dónde llega esto?”, le pregunta Sanz a Guerrero. El empresario dice que no, pero tiene claro que el asesor “no está solo” y que el caso es “la punta del iceberg”. “Ahí te digo claramente, hoy en día sigue habiendo corrupción, pero la corrupción que hay es de técnicos porque a los políticos, con lo que ha pasado en el país, no hay huevos que se metan en eso”, concede Sanz.
En esa reunión, al empresario le piden también las pruebas originales. Guerrero replica que las ha depositado en un despacho de abogados de Oviedo, “si algún día me pasa algo, porque puedo tener un accidente o lo que sea”. “Porque yo de esta gente no me fío”, les dice. Más tarde, Sanz le llama para pedirle de nuevo los documentos y que les deje presentar la denuncia a ellos. Pero Guerrero sigue sin verlo claro: “Es que yo no sé quién está detrás de todo esto, Antonio”. Días después, le notificaron que la segunda evaluación también era negativa.
El empresario muestra finalmente su disposición para entregar las pruebas ante notario, pero deja de recibir respuesta. El 8 de marzo, llega a dirigir un burofax al viceconsejero en el que le pregunta: “¿Por qué nadie contesta a mi ofrecimiento para la entrega de pruebas?”. Sanz le responde también por burofax, y le informa de que la Junta de Andalucía se le ha adelantado, y la Fiscalía ya estaba investigando. Para entonces, el empresario había solicitado incluso la intermediación del propio Pablo Casado.
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