La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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Cuando ser defensor de los derechos puede convertirte en delincuente; cuando las “víctimas” consideran que unos hechos debían ser denunciados, pero no castigados de tal modo; cuando el Ayuntamiento del pueblo de Carlos, Castro del Río, la Diputación Provincial de Córdoba y la mesa del Parlamento andaluz, entre otros, deciden por unanimidad de los partidos de todos los colores la estimación del indulto; cuando todo esto es así… ¿qué cabe que no sea un indulto?
Carlos y Carmen participaron en un piquete en Granada durante la huelga general de 2012. Tras la denuncia de la propietaria por una pintada y gritos (“chapa y se acaba”), el fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos, sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”. Lamentablemente, la sentencia siguió las instrucciones del fiscal: 3 años y un día de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores. Lo que por lógica debía haberse saldado con una falta, acabó en penas de cárcel para Carlos y Carmen.
Este caso pone de manifiesto cómo el derecho penal no sólo no persigue proteger a las víctimas, a las que ni escucha ni respeta, sino que se vuelve cada vez más un “derecho penal del enemigo”. Considerar a Carlos y Carmen como enemigos de la sociedad o individuos especialmente peligrosos es absurdo. Los movimientos sociales o sociedad civil organizada nunca pueden suponer un peligro para la sociedad, pero sí generan inseguridad a los asentados en los poderes del Estado, que pretenden defender su estado actual.
Con esta condena excesiva se pretende reprimir y criminalizar cualquier movilización social o sindical; asustar a las personas que salimos a manifestarnos, ya no con multas (a las que nos han acostumbrado), sino con la cárcel. De hecho, Carlos y Carmen son sólo un ejemplo de la ofensiva represora contra todo aquel activista que se mueva. La misma pena se impuso a Ana y Tamara por arrojar pintura a la piscina olímpica de Pontemuiños en el marco de la huelga del 2010.
Y todo ello en un contexto de vulneración de derechos laborales en el que los empresarios suelen saldar sus coacciones contra el derecho a ejercer huelga o gravísimos atentados a los derechos de los trabajadores que la mayoría de las veces quedan impunes o, a lo sumo, son castigados con simples sanciones o multas.
Como recordaba Ignacio Escolar, en 2009 el dueño de una panificadora abandonó cerca de un hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo en una máquina de amasar; el patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas, por lo que no se pudo reimplantar. La sentencia acaba de llegar: un año y un día por contratación ilegal y otros 11 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores -más 130.242 euros de indemnización, que pagó el seguro-. En total, menos de dos años, por lo que los dos dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Al parecer, lanzar pintura en una piscina o hacer una pintada y gritar en un establecimiento son delitos de una gravedad mayor que tirar a la basura el brazo de un trabajador.
A día de hoy, el indulto es el último recurso para que Carlos y Carmen eviten la entrada en prisión. Un indulto como los que en ocasiones son solicitados y concedidos a aquellos que se sienten inmunes, aquellos que piensan que nunca van a ser condenados pues las leyes no se hicieron para ellos: cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial cuando han sido sentenciados por actuaciones en el ejercicio de su función y en no pocas veces por maltratar a ciudadanos (el Gobierno de Rajoy indultó por segunda vez a cuatro mossos condenados por torturas, Vera y Barrionuevo por los GAL y van 42 desde 1996), personas de renombre (banqueros), políticos corruptos (214 desde 1996) o sus familiares (reciente caso del guardia civil hijo de dirigente de PP que grabó agresión sexual o el exministro Arias Salgado que indultó a su propio hermano).
La sociedad no entendería que entre tantos despropósitos no se concediera a quien ha recabado tantos apoyos. Pocos indultos han obtenido tantas firmas de apoyo, quince mil en sólo una semana. El Defensor del Pueblo Andaluz, que está para defender al pueblo, también ha apoyado el indulto.
No sorprende, pues, que la sociedad civil haya organizado en diversas ciudades el 28 de junio, manifestaciones bajo el lema “La lucha social no es delito, frente a la represión, solidaridad”.
Cuando ser defensor de los derechos puede convertirte en delincuente; cuando las “víctimas” consideran que unos hechos debían ser denunciados, pero no castigados de tal modo; cuando el Ayuntamiento del pueblo de Carlos, Castro del Río, la Diputación Provincial de Córdoba y la mesa del Parlamento andaluz, entre otros, deciden por unanimidad de los partidos de todos los colores la estimación del indulto; cuando todo esto es así… ¿qué cabe que no sea un indulto?
Carlos y Carmen participaron en un piquete en Granada durante la huelga general de 2012. Tras la denuncia de la propietaria por una pintada y gritos (“chapa y se acaba”), el fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, no sólo para ellos, sino para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”. Lamentablemente, la sentencia siguió las instrucciones del fiscal: 3 años y un día de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores. Lo que por lógica debía haberse saldado con una falta, acabó en penas de cárcel para Carlos y Carmen.