Desde hace 22 años en el Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llevamos a cabo el monitoreo y un análisis de las personas que acceden por vías irregulares a través de la frontera sur española.
Este trabajo tiene diferentes objetivos, siendo el principal visibilizar la ausencia de un enfoque de derechos en las políticas migratorias y denunciar las vulneraciones sistemáticas que se producen en su aplicación. De este modo exigimos a las autoridades gubernamentales el cumplimiento de la legislación y el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con especial atención a los artículos 13 y 14.
La elaboración de nuestro balance migratorio anual no solo permite poner de manifiesto la falta de transparencia en el tratamiento de los datos por parte de las administraciones públicas, particularmente del Ministerio del Interior, sino también fomentar un pensamiento crítico frente a los discursos que criminalizan e instrumentalizan y las prácticas que deshumanizan y homogeneizan a las personas migrantes, especialmente aquellas de un determinado perfil étnico y cultural.
Contar con datos precisos sobre el número de personas que acceden por las distintas rutas, su procedencia, sexo o género nos ayuda, por ejemplo, a comprender cómo han incrementado los discursos racistas y xenófobos y cómo se manifiesta el racismo institucional y estructural en sus múltiples formas.
Algunos de los ejemplos de estas prácticas son las devoluciones en caliente o la externalización de fronteras hacia terceros países, medidas que, cada año, privan a miles de personas del derecho a migrar o solicitar protección internacional y asilo.
Si, especialmente durante los meses de verano, en los medios de comunicación generalistas solo se muestra el bochornoso espectáculo ofrecido por los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que han tratado como mercancía e instrumentalizado de forma partidista la protección de la infancia migrante, o se incide repetitivamente en la llegada de cayucos o pateras a Canarias -la que por 5º año desde 2019 es la ruta más transitada de la frontera sur española-, no es de extrañar que la inmigración pasase de ser la cuarta preocupación de España a principios de 2024 a la primera en el mes de julio de ese mismo año, según el CIS.
Tampoco sorprende que esa manipulación mediática haga creer que en verano es cuando más personas llegan, cuando realmente suelen ser los meses del último trimestre aquellos en los que, según nuestro monitoreo, más personas llegan. En 2024 fue el mes de noviembre con la llegada de 10.638 personas y la gran mayoría fue a la isla de El Hierro.
Mucho menos raro es que la gente ignore que desde el récord de llegadas en la serie histórica en 2018, con 64.120 personas, el descenso de las llegadas a península y en concreto a Andalucía en 2024 haya sido de más de un 80% en comparación con ese mismo 2018. Y, sobre todo, que eso se deba al buen trabajo que está haciendo Marruecos, al que, a cambio de ingentes cantidades de dinero, se externaliza la represión más violenta hacia las personas procedentes de países como Senegal, Mali, Chad, Sudán, Guinea Conakri, Ghana, Costa de Marfil… y así les sea prácticamente imposible llegar a algún punto de la península o Baleares.
El blindaje del norte del país vecino ha verticalizado la frontera y ha hecho que casi la única ruta posible para las personas procedentes de África occidental sea Canarias: la ruta más lejana y con más días de travesía, con las embarcaciones más precarias y también la más mortífera
Y es por eso por lo que llegan más personas a Canarias -por delante del 2006, porque el blindaje del norte del país vecino ha verticalizado la frontera y ha hecho que casi la única ruta posible para las personas procedentes de África occidental sea Canarias: la ruta más lejana y con más días de travesía, con las embarcaciones más precarias y también la más mortífera. De las 2.465 personas que perdieron la vida o desaparecieron durante el 2024, el 75% lo hizo en esta ruta.
No nos estremecemos lo suficiente cuando conocemos que han aparecido varios cayucos en Cabo Verde, en República Dominicana o apenas unos días atrás uno en Trinidad y Tobago, que partieron desde algún punto de Mauritania o Senegal con cadáveres o personas momificadas en su interior. Tampoco que, aunque el porcentaje de mujeres que llegan se mantenga en torno a un 5% del total de llegadas, las mujeres que fallecen o desaparecen durante la travesía hayan sido el 11% del total de esas 2.465 personas. Y que, obviamente, más del 80% de esas personas que fallecen sean personas negras.
A pesar de que durante todo el 2024 han accedido 64.048 personas, apenas un 10% más que el año anterior y un 38% menos -según Frontex- en total en toda la frontera sur europea, las medidas que se pretenden implantar con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y otras ya implantadas por algunos gobiernos europeos están muy lejos de garantizar vías de migración legales y seguras para que cada año no tengan que morir miles de personas en nuestros mares y océanos.
En concreto y según el proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones – OIM - 31.162 personas han perdido la vida en el Mediterráneo durante estos últimos 10 años. Según nuestro registro, desde 1988 han sido 19.363 en la frontera sur española y el 76% de muertes se ha producido en los últimos 5 años.
Así que en APDHA lanzamos varias preguntas para segur invitando a la reflexión y favorecer el debate en pro de los derechos humanos: ¿De verdad un país como el nuestro, la quinta economía europea, no puede establecer un sistema que sea respetuoso con los derechos humanos para la acogida de 175 personas al día? ¿Realmente el gobierno de un país no puede gestionar la llegada de 64.048 personas durante un año cuando un gobierno local puede gestionar la estancia de 230.000 turistas en un mes? ¿Es posible que un país como el nuestro no cuente con los medios humanos y materiales suficientes para atender al 0,10% del total de la población estatal?
¿Realmente un gobierno como el nuestro, que presume de ser de los más progresistas de la Historia, puede dejar morir cada año a miles de personas sin asumir que estas prácticas forman parte de la ideología racista y xenófoba que nunca abandono Europa?
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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