La realidad de vivir en la calle

Muchas veces se etiquetan las cosas que nos son difíciles de asumir, para denominar aquello que resulta complejo, complicado de entender o simplemente no se quiere solucionar. Sirva este como ejemplo: hace menos de un mes me llegó una invitación para la jornada “Acceso vital: intercambio de experiencias sobre el trabajo de campo (IMV), detección y movilización de las personas elegibles para el ingreso mínimo vital en situación de non take-up”.

“Non take-up” (NTU) es el nombre que le ponen a las personas que no acceden a un ayuda/ingreso/subsidio para la que es objeto, bien porque no la conocen o por desistimiento en el proceso de trámite debido a su dificultad o falta de cercanía de la administración, así como rechazos administrativos de la solicitud por razón de tiempo o forma.

Además, aparece otro nuevo término, “outreach”, como estrategia para el acompañamiento y asesoramiento de las personas susceptibles de la ayuda (NTU) para que lleguen a tramitar la solicitud. Por supuesto esta jornada ha sido financiada por la Unión Europea Next Generation, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la Inclusión social y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tengo la sensación de “Camarote de los Hermanos Marx”: el mismo ministerio que saca el Real Decreto Ley 20/2020, 29 de mayo, por el que se establecen el Ingreso Mínimo Vital (IMV), se da cuenta de que no llega a quienes tiene que llegar por la cantidad de requisitos y el amurallamiento digital de la administración pública y pide dinero a Europa para hacer una investigación sobre la situación.

¿Realmente preocupa esa situación o simplemente, le ponen un nombre en inglés "cute" y así nadie se entera de nada? La respuesta es simple: las medidas de protección no funcionan. Pero la pregunta sería ¿interesa que funcionen?

¿Realmente preocupa esa situación o simplemente, le ponen un nombre en inglés “cute” y así nadie se entera de nada? La respuesta es simple: las medidas de protección no funcionan. Pero la pregunta sería ¿interesa que funcionen?

El laberinto burocrático, los innumerables y estrictos requisitos, así como la nula atención presencial en las oficinas de la administración pública, hacen que solicitar estas “ayudas” sea una gymkana sin sentido.

Sin contar que tienes que disponer de un teléfono móvil con internet, cuenta de banco como solicitante, correo electrónico y, por supuesto, saber leer y escribir muy pero muy bien. Además, para poder solicitar no puedes superar unos ingresos de “miseria”, demostrando públicamente y con papeles que eres pobre “de solemnidad”.

Todo se sustenta en la propaganda y en generar una falsa idea de Estado de Bienestar con erráticas y raquíticas medidas de protección social como, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción Andaluza y venderlas a bombo y platillo.

La medida más simple y fácil que la APDHA sigue exigiendo es el establecimiento de la Renta Básica Universal Incondicional. Con ella se garantizarían los ingresos mínimos para todas las personas que la soliciten sin trabas burocráticas y financiada con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, las grandes empresas y sus beneficios.

Algo parecido pasa con las personas que viven en calle, Personas Sin Hogar (PSH). Tenemos mucha terminología para definir a este colectivo en situación de extrema vulnerabilidad, pero la realidad nos pega en la cara a diario: personas viviendo en bancos, cajeros, soportales, tiendas de campañas, en un cartón o simplemente en el suelo de la calle todos los días, todas las noches.

Tal y como apunta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ni siquiera el 3% de la población andaluza en riesgo de exclusión y pobreza está cubierta con rentas mínimas de inserción

Analizando los datos recopilados por el INE en 2022, las comunidades autónomas que más personas sin hogar registran son: Andalucía, con 5.539 (un 19,4% sobre el total), País Vasco con 4.456 (un 15,6%) y Madrid, con 4.146 personas (el 14,5%). Sin embargo, siendo Andalucía la comunidad con mayor número de personas en esta situación, está por debajo de la media estatal en gasto por habitante y año en Servicios Sociales. Buscando el dato de acceso a ayudas o subsidios a nivel estatal, nos encontramos con que es la principal fuente de ingresos para el 7,6% de las personas sin hogar; solo un 5% indica que su mayor fuente de ingresos es el Ingreso Mínimo Vital y otro 6,1% recibe principalmente pensiones no contributivas.

Recordamos que, tal y como apunta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ni siquiera el 3% de la población andaluza en riesgo de exclusión y pobreza está cubierta con rentas mínimas de inserción.  

También es muy significativo que mientras en el conjunto del estado hay una media de 41,2 plazas de alojamiento destinadas a personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, esa cifra se reduce a tan solo 25 plazas en Andalucía. Si sumamos las causas por las que las personas viven en la calle, el 41% tiene que ver con la falta de vivienda (Encuesta INE PSH_2022). La ecuación sería simple: más viviendas, menos personas viviendo en la calle. La pregunta sigue siendo la misma ¿interesa que funcione? Permitidme recomendar la lectura del libro “La negación de la virtud. Una historia de la pobreza y el progreso”, de Juanma Agulles y la editorial Virus. Al final, no fui a las jornadas.

Muchas veces se etiquetan las cosas que nos son difíciles de asumir, para denominar aquello que resulta complejo, complicado de entender o simplemente no se quiere solucionar. Sirva este como ejemplo: hace menos de un mes me llegó una invitación para la jornada “Acceso vital: intercambio de experiencias sobre el trabajo de campo (IMV), detección y movilización de las personas elegibles para el ingreso mínimo vital en situación de non take-up”.

“Non take-up” (NTU) es el nombre que le ponen a las personas que no acceden a un ayuda/ingreso/subsidio para la que es objeto, bien porque no la conocen o por desistimiento en el proceso de trámite debido a su dificultad o falta de cercanía de la administración, así como rechazos administrativos de la solicitud por razón de tiempo o forma.